Cuando el «enemigo» es quien genera empleo
«El Gobierno tiene una percepción ideológica que impide el desarrollo empresarial, acusándolo de obsceno»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unos días, desde la vicepresidencia del Gobierno, se propuso implementar para este 2024 la jornada laboral de 38,5 horas, y para 2025 la de 37,5 horas semanales. Este anuncio llega cuando la jornada media en España ya es de 35,7 horas semanales, aunque en el contrato figuren 40. Estas 35,7 horas semanales de presencia en el lugar de trabajo no significa que las 35,7 sean productivas. El INE, en sus cálculos de horas efectivas de trabajo, las reduce a solo 33 horas semanales.
La tasa de paro en España es del 11,76%, y la de paro juvenil del 28,36%. No hay que olvidar que, salvo los 3,6 millones de nóminas que paga el sector público en nuestro país, los otros 17,6 millones de nóminas, las paga el sector privado. Un sector privado cuyo 99,6% de empresas son pymes. Muchas de estas empresas ofrecen al mercado bienes y servicios cuyo resultado depende del volumen de trabajo necesario para su generación. Si las empresas deben ofrecer una retribución igual para un menor volumen de trabajo, el mercado sufrirá determinados ajustes, ninguno de ellos positivo. En este contexto, ¿puede la reducción de la jornada laboral ayudar a resolver el problema? La respuesta es no, más bien puede agravarlo.
El primer impacto, y más sencillo de implementar, es una subida de precios para cubrir el desajuste entre el coste de producción y el output generado, alimentando la coyuntura inflacionaria y una reducción de poder adquisitivo de las familias. El segundo efecto, del mismo modo que sucedía con la subida del SMI, es el incremento de barreras de entrada para la contratación a tiempo completo de los grupos de población más vulnerables, como los jóvenes o los parados de larga duración. Y el tercero, igual de grave que los anteriores, son los incentivos generados para la contratación parcial, pues una contratación parcial siempre estará por debajo del tope de horas semanales. Por último, y aunque parezca obvia, es necesario realizarse la siguiente pregunta: ¿por qué se les pone las cosas tan difíciles a los generadores de empleo, y más cuando la productividad es tan baja? España se sitúa 16,5 puntos menos que la media de la eurozona, según Eurostat.
Es una pregunta obvia, cuya respuesta no se encuentra más allá de una percepción ideológica que impide el crecimiento y desarrollo empresarial, acusándolo de obsceno. Cualquier empresa que ofrece un bien o servicio necesario para las personas o para otras empresas e instituciones está resolviendo un problema que tenía la sociedad (alimentación, ropa, servicios…). Las personas deciden, y premian a aquellos que mejor satisfacen sus necesidades. Es lógico que a quien mejor satisfaga unas necesidades le vaya bien, porque así podrá crecer, invertir y satisfacer mejor y a menor precio esas necesidades, por las economías de escala, las necesidades de la sociedad. Si a una empresa le va bien es porque obtiene el reconocimiento de la sociedad a la que sirve, por la manera en que cubre determinadas necesidades y el precio que fija para cubrir esas necesidades.
Desde un punto de vista estrictamente monetario, y con la más que fundada sospecha sobre la viabilidad del sistema de pensiones, el Gobierno debería estar más preocupado en ofrecer facilidades e incentivos a los generadores de empleo y a la atracción de inversión, que a implementar dificultades cuyo impacto negativo en la economía puede ser tremendamente veloz. Del incremento de actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajo nos beneficiamos todos como sociedad, en cambio, poner mayores barreras de entrada puede tener un impacto a nivel microeconómico en muchas familias. Puedo entender por qué los responsables políticos toman estas decisiones, pero no es económica ni socialmente razonable.
