Semana negra, con un coro inoportuno

Mi desacuerdo absoluto con el biministro de la Presidencia y de Justicia, señor Bolaños. La ley de amnistía perpetrada por el Gobierno y un huido de la justicia está muy lejos de marcar como él asegura «la mejor historia de España». Si eso le parece al señor Bolaños, yo le diría que su hipérbole hiere los sentimientos legítimos de millones de españoles, catalanes incluidos. Sus otras afirmaciones sobre la horma constitucional y otros aspectos jurídicos los dejo en manos de los buenos juristas que colaboran en THE OBJECTIVE y otros diarios. Y respecto a su afirmación de que la aprobación de la ley de amnistía es «una gran noticia para Cataluña y para España» (con esa dualidad tan irritante que se ha instalado en la jerga de este PSOE), me permito indicarle al señor Ministro que una gran noticia puede ser buena, mala, incluso pésima. Como es el caso.

Pero voy a explicar lo del coro inoportuno que figura en el título. Resulta que una serie de entidades catalanas (que a sí mismas se califican como instituciones, naturaleza de la que no gozan) han publicado a modo de prólogo de las aciagas jornadas parlamentarias de esta semana y de la próxima un manifiesto en el que denuncian el vigente sistema de financiación territorial «que frena el progreso económico de muchas comunidades autónomas como Cataluña».

Las organizaciones patronales, cámaras de comercio y entidades como el Círculo de Economía, el RACC o el Colegio de Economistas exponen en el punto primero y sin anestesia que para ellos, la implantación de un modelo de financiación federal es la máxima prioridad, a menos que Cataluña consiga lo que denominan el «pacto fiscal» (trasunto del cupo a la manera de los regímenes forales). Resulta curioso que afirmen que sólo con estas soluciones alternativas se conseguirá un sistema «transparente y eficiente», obviando las dificultades constitucionales que plantean.

Hablar de eficiencia y transparencia desde una comunidad autónoma que cuenta en su organigrama con 109 consorcios, 96 fundaciones, 62 sociedades mercantiles, 54 entes públicos, 23 organismos autónomos, administrativos y comerciales, etcétera, suena a sarcasmo. ¿Por qué no exigen a su gobierno territorial esa transparencia y le reclaman que elimine los 15 impuestos autonómicos con efectos fiscales reales de los que disfrutan sus ciudadanos? ¿Por qué no piden a la Generalitat explicaciones sobre el destino de las recaudaciones del canon del agua, cuando tienen pensado importar agua potable producida por una planta potabilizadora de Valencia por culpa de la sequía?

Indica el documento que comentamos que el sistema federal redefiniría la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las comunidades autónomas. De esas mismas bendiciones gozaría también el modelo de pacto fiscal, que aportaría robustez al sistema, promovería una asignación eficiente y una gestión más responsable. ¿Por qué hay que suponer que la administración pública catalana funcionaría tan eficientemente cuando ahora gasta muy por encima de sus posibilidades y crea tanta insatisfacción? ¿Han pensado los denunciantes cuántos funcionarios más deberían crear las comunidades autónomas para llevar a cabo un modelo semejante?

Está claro que las corporaciones catalanas que firman el documento buscan con cualquiera de estos dos modelos, llegar a un sistema definitivo y por ende irreversible.

La tercera opción que plantea el manifiesto se refiere a la reforma en profundidad del sistema de financiación actual, con la exigencia de lograr mayor autonomía financiera y mejorar la capacidad de gestión y recaudatoria, mediante la ampliación de la «cesta tributaria» y de la capacidad normativa. Entre las condiciones exigidas, las más contundentes se refieren a que el volumen de inversiones del Estado sea proporcional al PIB y que se preserve lo que denominan principio de ordinalidad, que quiere decir que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones en el ranking una vez operados los mecanismos de solidaridad. Este tercer modelo reformista no parece muy deseable para los promotores del manifiesto, principalmente, a mi entender, porque no les garantiza un resultado sea definitivo e irreversible.

El documento no se olvida de las otras comunidades autónomas. En varios pasajes invoca la necesidad de un mecanismo de solidaridad con «el resto de las comunidades». Pero también es cierto que esas expresiones de voluntad están superadas por exigencia constitucional, ya que los Artículos 138, 156.1, 157.1.c) y 158.2 de la carta magna exigen la solidaridad interregional y estipulan la existencia de un Fondo de Compensación que corrija los desequilibrios económicos interterritoriales y haga efectivo el principio de solidaridad. Nada nuevo, por tanto.

Creo que el manifiesto del que vengo hablando es inoportuno por la fecha en la que se produce. Creo que los promotores del mismo han lanzado su manifiesto pensando en que tras la ley de amnistía, el panorama político está más despejado para afrontar el debate de los Presupuestos Generales del Estado e inmediatamente después, la reforma del sistema de financiación interregional. La necesidad de esta reforma es casi mi única coincidencia con el documento publicado por el «tejido económico y empresarial catalán».