El doctor Sánchez y la memoria histérica
A Pedro Sánchez le urge tapar los escándalos de su mujer Begoña Gómez y recurre al «francomodín»
Montaje de Pedro Sánchez como médico forense.
La Transición española a la democracia fue un periodo de conciliación y reforma política que buscó superar las divisiones del pasado, a través de medidas como la amnistía para delitos políticos (nada que ver con la amnistía propuesta por Pedro Sánchez) y el reconocimiento de partidos políticos de todas las ideologías. Ese espíritu de concordia cambió con Zapatero, algo que ningún manual de historia de bachillerato se atreve a reflejar. De hecho, los manuales escolares suelen presentar la Ley de Memoria Histórica de 2007 sacada adelante por José Luis Rodríguez Zapatero como una medida de progreso. Y es que estos libros de texto suelen siempre presentan un PP que apenas consigue logros frente a los que siempre alcanza el PSOE.
Lo cierto es que la ambición de Zapatero era perpetuarse en el poder y cambiar el discurso de concordia surgido en la Transición. La Ley de la Memoria Histórica intentaba, entre otras cosas, facilitar la recuperación de los restos de las víctimas enterradas en fosas comunes no identificadas y la eliminación de simbología franquista en espacios públicos, algo muy loable. Vendió que su propósito era recuperar y dignificar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero realmente hubo una intención electoralista de polarizar intencionadamente a la sociedad española. Personas cercanas a Zapatero señalan que él consideraba que la Transición española no alcanzó todo su potencial al estar tutelada por los militares de la época (muchos de ellos simpatizantes con el régimen anterior). Con la desaparición de esta presión militar, Zapatero vio la oportunidad de realizar cambios profundos, buscando retomar los ideales de la Segunda República. Esta visión también se alinea con la perspectiva de Pablo Iglesias Turrión. Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica de Zapatero ofreció desde el primer momento una visión parcial de la Segunda República, ignorando sus fallos y atribuyendo unilateralmente la culpa a la derecha, simplificando el conflicto en un enfrentamiento entre «buenos» y «malos» e ignorando la riqueza y la profundidad de los sucesos históricos o de sus protagonistas. En estas narrativas simplonas es necesario excluir algunos eventos, como puede ser la Revolución de Octubre de 1934, que Raymond Carr y otros historiadores han señalado que contribuyeron al escalado de tensiones que eventualmente desembocaron en la guerra civil.
La ley de Zapatero, lejos de promover una visión equilibrada, polarizó aún más a la sociedad española, sirviéndose de un periodo lleno de complejidades y matices como mero instrumento político. La intención de restaurar la dignidad y el honor de las víctimas del pasado, aunque plausible, ya había sido abordada anteriormente. La ley de Memoria Histórica en todo momento se percibió como un intento de ensalzar la Segunda República y posicionar al PSOE como su heredero legítimo, mientras se estigmatizaba al PP con una herencia franquista, menoscabando los logros de la sociedad española tras la muerte del dictador Francisco Franco. Así, una normativa que podría haber servido para cerrar heridas se convirtió en motivo de división, obviando el espíritu de conciliación que caracterizó a la Transición. En lugar de continuar con este legado de unión, se optó por una ruta que resucitó odios vetustos.
Enrique Moradiellos, respetado académico de la RAH al que siempre le ha caracterizado su ecuanimidad, ha criticado en repetidas ocasiones la noción de «memoria histórica», argumentando que la historia no debe ser ficticia, subjetiva, arbitraria, ni impulsiva, ni entrar en caprichosas interpretaciones. Según Moradiellos, la historia está formada por múltiples memorias que a menudo entran en conflicto, se contrastan y en algunos casos se invalidan mutuamente. La memoria, al ser un fenómeno individual y personal, es inherentemente subjetiva. Por ello, sostiene que el historiador debe abordar el pasado sin prejuicios ni inclinaciones partidistas. De esta manera, es necesario criticar la figura del político que asume el rol de historiador, sea del signo que sea, pues frecuentemente estos políticos rechazan aproximarse al estudio de la historia con objetividad y de manera desinteresada, prefiriendo en su lugar relatos sectarios que arranquen emociones con miras a obtener beneficios electorales.
Pedro Sánchez ha continuado el legado de Zapatero, con gobiernos aún más radicales e intransigentes. En octubre de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada gracias al apoyo que Bildu, Podemos y PNV brindaron al presidente del gobierno. El PSOE de Pedro Sánchez siempre ha buscado golpes de efecto como parte de su campaña de dividir a la sociedad: el famoso muro sanchista. Ocurrió con la exhumación de Franco el 24 de octubre de 2019 y también con la del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera el 24 de abril de 2023, haciendo coincidir la fecha con el 120 aniversario de su nacimiento. Y ahora necesita esos golpes de efecto más que nunca. Le urge tapar los escándalos de corrupción de su mujer Begoña Gómez y qué mejor que recurrir al «francomodín», una carta que siempre le hace salir airoso de cualquier crisis. Por ello el jueves visitó por sorpresa las criptas del Valle de los Caídos (ahora Cuelgamuros) para luego enfundarse una bata de plástico y entrar dentro del laboratorio forense allí instalado. Acto seguido su equipo de propaganda publicó algunas fotografías y un vídeo de dos minutos y medio del presidente con mueca circunspecta rodeado de huesos de víctimas de la guerra. Ese es relato que necesita vender a su electorado, cada día más desprovisto de razones que le hagan creer en el sanchismo.
