Carta abierta a Ángel Gabilondo sobre la hormonación, esterilización y mutilación de menores

Compruebo con estupefacción que ha recurrido usted ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley trans madrileña, que prevé que a los menores que manifiestan disconformidad con el sexo con el que ha nacido se les proveerá de adecuada atención y acompañamiento psicológicos antes de que se inicie un tratamiento de bloqueo de la pubertad y de reemplazo hormonal. 

El artículo contra el cual usted ha recurrido es la reforma introducida en el artículo 14 de la ley. Reforma que tiene como objetivo «garantizar la protección de los menores transexuales». Sin embargo, usted considera que «excede su cometido, limitando los derechos de los menores de manera que, en un juicio de proporcionalidad, no supera el test de constitucionalidad».

Prefiero pensar que usted es un ignorante, antes que pensar que usted es un psicópata al que no le importa someter a menores a tratamientos experimentales e irreversibles, que redundan en nefastas consecuencias sobre su salud, y potencialmente en suicidios. 

Como usted debería saber ya ayer se publicó en el Reino Unido el informe Cass. Este informe fue comisionado hace cuatro años por el Gobierno Británico y actualmente es el informe más largo, exhaustivo, fiable y revisado sobre los tratamientos realizados a menores que manifiestan disforia de género. La doctora Cass, responsable del informe, y su equipo han probado de forma irrebatible e irrefutable que los tratamientos que se administraban en el Reino Unido, análogos al modelo y a los tratamientos que se siguen y administran hoy en España, no solo no ayudan a los menores sino que son iatrogénicos. Es decir, que estos tratamientos no sólo no han probado ningún beneficio sobre la salud física y mental de los menores, sino que, muy al contrario, han dañado esa salud.

El modelo actual español es el mismo que se ha seguido durante años en el Reino Unido. En cuanto un menor manifiesta disconformidad con el sexo con el que ha nacido se le deriva inmediatamente a una Unidad de Atención de Género. Sin que se haga una valoración psicológica. No solo es que no se le hace una valoración psicológica, sino que se prohíbe que se le haga. Y al menor se le administran tratamientos de bloqueo de pubertad y hormonación cruzada.

En España -según ley y protocolos educativos- a los padres que se opongan a que su hijo menor inicie uno de estos tratamientos se les amenaza con la retirada de la custodia. Como destaca la doctora Cass, la maduración cerebral no se completa hasta los 25 años, de forma que administrar a menores de 25 años tratamientos que interfieren en el funcionamiento de la química y los mecanismos cerebrales puede resultar en todo tipo de problemas de salud mental, desde ansiedad y depresión hasta crisis psicóticas.

A nivel físico, el bloqueo de pubertad y la hormonación cruzada redunda, como ha sido de sobra demostrado, en atrofia genital, anorgasmia, esterilidad, osteoporosis, problemas cardíacos… entre otros efectos secundarios de la medicación. Y no hablamos de efectos secundarios raros o poco comunes. Al contrario, son tan comunes que prácticamente ningún menor se libra de alguno de ellos.

Para colmo, estos tratamientos se administran off label. Esto quiere decir que no se administran según está especificado en el folleto, que no se administran para las condiciones o enfermedades para los que fueron diseñados. Esto hace que, si en un futuro una de las víctimas de estos tratamientos quisiera reclamar al laboratorio farmacéutico, no podría hacerlo, puesto que estas víctimas (y digo víctimas porque no veo otra forma de nombrarlas) firman, a la hora de iniciar el tratamiento, un consentimiento informado según el cual saben que el tratamiento que se les está siendo administrado es off label, y asumen las consecuencias de los que les pueda suceder.

Si en España un menor de edad no puede casarse, no puede comprar o vender inmuebles, no puede ni siquiera fumar o beber alcohol, me gustaría que me explicara usted cómo un menor de edad puede firmar que consiente el someterse a un tratamiento que potencialmente podría matarle y que irreversiblemente afectará a su salud. Que consiente someterse a un tratamiento del que no se han hecho estudios ni transversales ni longitudinales fiables (o no se habían hecho hasta el informe Cass), y que además consiente en que dicho tratamiento se le administre off label, sin que el laboratorio farmacéutico que ha fabricado el medicamento asevere que puede utilizarse para su problema. El informe Cass revela cómo en el Reino Unido los políticos y activistas que antepusieron sus teorías favoritas a la protección de jóvenes vulnerables y angustiados crearon un falso consenso global en torno al peligroso enfoque de lo que se ha dado en llamar » infancias trans». Los menores que se sometieron a dichos tratamientos han sido decepcionados a una escala épica. El informe Cass ha revelado que las directrices elaboradas por la Endocrine Society y la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) se basan enteramente en fuentes de baja calidad y hacen afirmaciones de certeza sin ninguna justificación que las avale. Trágicamente para nuestros menores, éstas son las directrices que usted defiende.

El informe Cass muestra que es sencilla y categoricamete falsa -repito: FALSA- la afirmación de que medicalizar la angustia de género infantil (recetar bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas) reduce el riesgo de suicidio. Esta es la afirmación más impactante hecha por los defensores de la llamada «atención de afirmación de género»: que si no se le dan a un niño estos medicamentos que alteran su vida, es más probable que se suicide. La doctora Cass lo refuta. Y demuestra todo lo contrario. No se reduce el riesgo de suicidio medicalizando a un menor con hormonas y bloqueadores. En todo caso, se aumenta.

La doctora Cass dice y repite muchas veces a lo largo del informe que la mayoría de los niños y niñas que se muestran disconformes con su género en la infancia suelen superar ese problema cuando llegan a la edad adulta (algo que era sabido de sobra antes de que la ideología de género impusiera que se medicalizara a menores con disforia) y que por lo tanto es temerario administrarles tratamientos irreversibles antes de que cumplan la mayoría de edad. Esos tratamientos les convierten a muchos de ellos en farmacodependientes de por vida, pues al bloquearles la pubertad necesitarán de tratamientos de reemplazo hormonal. Es decir, si se les impide segregar sus propias hormonas, han de proporcionarles otras. Un negocio para las empresas farmaceúticas, un drama para un menor que estaba sano y que deja de estarlo para convertirse en su cliente de por vida.

El informe concluye que en el Reino Unido el tratamiento de la identidad de género para los jóvenes se ha basado en «evidencias notablemente débiles». Que se han administrado bloqueadores de la pubertad y tratamiento hormonal a pacientes jóvenes a pesar de la falta de investigación sobre su impacto. Que el servicio de atención de género no funciona con los «mismos estándares» que otros servicios de salud para niños y jóvenes Que el conocimiento de los médicos experimentados ha sido «desestimado e invalidado» debido a la naturaleza polarizada de la conversación. Que los profesionales tienen miedo de discutir abiertamente sus puntos de vista y, por lo tanto, se cierra el debate a expensas de los pacientes jóvenes. Exactamente lo mismo que sucede aquí y ahora en España.

Después de este informe no es posible que se apoye una prohibición legal del acompañamiento terapéutico a menores, tal y como usted pretende hacer. El enfoque ético, cuidadoso y multidisciplinario que el informe defiende, en el que la angustia de género de un niño no se medicaliza sino que se entiende simplemente como parte de lo que le sucede a un niño que probablemente tenga muchos otros factores de riesgo sociales y médicos, es exactamente lo que usted estárecurriendo. Lo que usted está recurriendo ¡ante el Tribunal Constitucional nada menos! 

Usted está apoyando sin ambages el enfoque de afirmación de género. Un enfoque que dice que si un menor afirma que no se siente a gusto con su género hay que medicalizarlo inmediatamente. Un enfoque que, como demuestra el informe Cass, no está respaldado por evidencia. Y, sobre todo, no es ético.

Una de las recomendaciones del informe Cass es que los líderes médicos se reúnan para «proporcionar liderazgo y orientación sobre el manejo clínico de esta población teniendo en cuenta los hallazgos de este informe». ¿ Se atreve usted a afirmar, con el corazón en la mano, que el Gobierno Británico se equivoca, y que usted puede presentar evidencia que refute el informe Cass? No, no puede. Usted no es médico pediatra, ni endocrino, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni farmacéutico, y su recurso no está avalado por la ciencia, solo por la ideología. Por una ideología peligrosa y sectaria.

Y digo que su recurso carece de base científica porque el informe Cass repite varias veces que los menores británicos recibieron tratamientos que carecían de base científica. Y son los mismos tratamientos que usted defiende. Y es que en España el nivel de atención para los niños con problemas de género está muy por debajo de lo que esta población vulnerable necesita y merece.

Ayer en todas las portadas de los diarios británicos aparecía este informe y se hablaba del mayor escándalo médico del siglo. Y por eso yo le pido respetuosamente que, a la luz de la evidencia científica, retire su recurso y rectifique. En el caso de que no lo haga no solo creo que se debería exigir su dimisión sino que sé que la historia le pedirá cuentas. ¿Quiere usted pasar a la historia como la persona que no solo no quería ayudar a los menores vulnerables sino que, por encima, quería destrozarles la vida? Leáse usted el informe, señor Gabilondo. Lea esta frase: «Claramente hay lecciones que todos deben aprender en relación con cómo y por qué la atención de estos niños y jóvenes tomó un desvío peligroso, cómo la práctica clínica se desconectó de la base de evidencia clínica y por qué las señales de advertencia se ignoraron».

En su prólogo al informe, la Dra. Cass dice: «Hay pocas otras áreas de la atención sanitaria donde los profesionales tienen tanto miedo de discutir abiertamente sus puntos de vista, en un momento eb que las personas sensatas son vilipendiadas en las redes sociales, un momento en el que los insultos reflejan el peor comportamiento de intimidación. Esto debe parar». Redoblemos todos nuestros esfuerzos para discutir este grave problema de salud en el lenguaje mesurado que merece. Partamos del supuesto de que todos queremos que los niños y jóvenes reciban la mejor atención posible. Nadie que insulte a personas con puntos de vista diferentes puede contribuir a este objetivo común. Nadie que recurra ante el Constitucional la posibilidad de que un menor con disforia reciba acompañamiento psicológico y terapéutico está siendo ético o respetuoso.