Un futuro nada prometedor para los más jóvenes
La pérdida de poder adquisitivo que sufren las nuevas generaciones se une al problema de las pensiones
Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas en Madrid el pasado 28 de octubre. | Fernando Sánchez (Europa Press)
En España, la equidad intergeneracional se ha convertido en un problema estructural, probablemente el más grave. En el corazón de este debate se encuentra el sistema de pensiones, donde se observa una paradoja notable: los jóvenes, que representan una proporción cada vez más reducida de la población, y han visto una progresiva pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, están asumiendo una carga creciente para financiar las pensiones de los mayores. Este fenómeno refleja no solo desafíos financieros inmediatos, sino también tensiones más profundas en cuanto a la distribución justa de recursos a lo largo del ciclo vital.
Para entender este problema, es crucial examinar el contexto demográfico y financiero de nuestro país. La población está envejeciendo rápidamente debido principalmente a dos factores clave, como son la disminución de la natalidad (1,19 hijos por mujer, un 60% menor que Francia, a modo de ejemplo) y el incremento de la esperanza de vida, que se sitúa en los 84 años, 2,1 años por encima de la media de la UE. Según el INE, se estima que para 2050, casi un tercio de la población tendrá más de 65 años, lo que supone un aumento significativo con respecto a la actualidad, que se sitúa alrededor del 20% de la población.
Esta tendencia demográfica plantea un desafío financiero considerable para el sistema de pensiones español. El modelo actual se basa en un esquema de reparto, donde los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. Sin embargo, con una población envejecida y una fuerza laboral más pequeña, se está ejerciendo una presión creciente sobre los recursos destinados a las pensiones. Y cada vez son más los mayores que deben ayudar a los jóvenes de su familia a salir adelante.
En este contexto, surge la paradoja de que los jóvenes, que constituyen una proporción cada vez menor de la población, están cargando con el peso de financiar las pensiones de los mayores. A medida que la población envejece, el número de personas jubiladas aumenta, mientras que la proporción de trabajadores en activo disminuye. Como resultado, cada vez hay menos trabajadores financiando las pensiones de más jubilados.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2022, el gasto en pensiones representaba aproximadamente el 12% del PIB español, y se proyecta que esta proporción aumente en los próximos años debido al envejecimiento de la población. Además, el déficit del sistema de la Seguridad Social ha sido una preocupación persistente, alcanzando los 19.181 millones de euros en 2021, según datos del mismo ministerio. Hace unas semanas, la Comisión Europea alertó de la situación en su Informe sobre Envejecimiento 2024: “las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en todo el periodo de proyección, que alcanza hasta 2070, es decir, un gasto extra de más de 67.000 millones de euros”. Y se rompe la barrera del 15% del PIB destinado a pensiones.
Para abordar este desafío, es necesario adoptar un enfoque integral que combine medidas financieras y políticas demográficas. En primer lugar, se requieren reformas estructurales en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Esto podría implicar ajustes en la edad de jubilación, la contribución al sistema y la indexación de las pensiones a la inflación y al crecimiento económico. Si no se toman medidas, la consecuencia será una (mayor) subida de impuestos y/o una reducción de las pensiones futuras; ambas con un impacto negativo directo en el poder adquisitivo de los jóvenes. Además, es fundamental promover políticas que fomenten la participación laboral de los jóvenes y faciliten su acceso al mercado laboral, pues nuestro país lidera el desempleo juvenil en la OCDE, con cifras que en ocasiones alcanzan el 50% de paro juvenil.
Por otro lado, es crucial invertir en políticas que aborden las causas subyacentes del envejecimiento de la población, como el apoyo a la conciliación laboral y familiar, el fomento de la natalidad y la promoción de la inmigración selectiva, como ha apuntado recientemente el Banco de España. Estas medidas podrían ayudar a mitigar el impacto del envejecimiento demográfico en el sistema de pensiones al aumentar la base de contribuyentes y mejorar la sostenibilidad financiera a largo plazo, pero no se trata de medidas a corto plazo.
Resumiendo la situación: tenemos pocos jóvenes en el mercado laboral (la tasa de desempleo juvenil es altísima) y muchos mayores fuera de él. La tasa de natalidad es de las más bajas de Europa, y la esperanza de vida de las más altas. Los jóvenes que sí forman parte del mercado laboral sufren una presión impositiva elevada, que, sin duda, crecerá, como crecerán las cotizaciones sociales a las que se enfrentarán las empresas, encareciendo la contratación, simplemente para mantener el sistema de pensiones. Hay mucho desempleo, poca productividad y sueldos bajos. A esta situación se añade la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos tras estos últimos años de inflación elevada. Sin olvidar que, para cuando los jóvenes se jubilen, probablemente las pensiones sean proporcionalmente menos generosas que hoy.
En conclusión, la equidad intergeneracional en España es un desafío complejo que requiere una respuesta poliédrica. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los jubilados actuales y la garantía de un futuro sostenible para las generaciones venideras. Si no trabajamos para ofrecerle a los jóvenes las bases para un futuro mejor, nos quedaremos sin jóvenes, que buscarán un futuro en otros países. Como ya hicieron muchos de nuestros abuelos hace no tanto tiempo.
