No son cuatro putas contra el Gobierno

Ayer anduvieron sin tacones los papeles volanderos por el Congreso, los micrófonos mudos y las tribunas vacías. Flamante ley socialista para la abolición de la prostitución española. En ningún momento obligan a multar a la víctima, que es la prostituta en el ejercicio de su negocio, tan solo tres son los puntos del catecismo pardo: recrudecer pena a proxenetas, multar a puteros y proteger a las víctimas. Las putas vocacionales se llevan las manos a la cabeza y lloran porque les cierran la tienda. No es una ley contra las putas –me explican- sino contra los chulos que viven de ellas. El pago en dinero por prostitución podrá ser castigado con multas de 12 a 24 meses, y en el caso de menores o vulnerables, hasta de 1 a 3 años de prisión (para los chulos hasta 6 años de trena, y multa de 18 a 24 meses). Ojo avizor. 

Numerosas putas vocacionales (que el lenguaje inclusivo quiere llamar personas prostituidas o algo así, pero ellas dicen que son putas, como muchos otros se llaman a sí mismos maricones y no gays, y otros tantos toxicómanos se ven como yonquis, sin bálsamos ni rebajas) quieren trabajar. Numerosas lumis, callejeras y reventonas no entienden cómo un albañil puede vender sus manos como fuerza de trabajo y ellas no pueden hacer lo mismo con el sexo. Algunas cantan de corrido lemas muy viejos: «Ay salero, ay salero, ay salero/ con el coño se gana el dinero». No son cuatro putas locas contra el Gobierno, insistimos: las entidades Plataforma Stop Abolición y OTRAS, engloban, contadas, a más de cinco mil obreras. Todas ellas creen a su aire en el libre mercado: libres competencias, precios libres, clientes libres y coños libres para hacer con ellos lo que decida libre su dueña. El PSOE necesitaba ayer al PP para hacer de España un país abolicionista, con la modificación del artículo 187 del Código Penal, donde crujen a palos al chulo malo y castigador. 

¿Y qué hacen los que no son abolicionistas: Bélgica, Alemania y Países Bajos? Regular el asunto. Una regulación similar que elimina cualquier tipo de clandestinidad, ofrece cobertura sanitaria y mejora las condiciones laborales (abriéndoles oficina con escaparate y sin farolas). Por arriba, escorts en los grandes hoteles internacionales a mil euros la noche, no se ven afectadas; pero por abajo, en el reino de la lluvia y el adoquín, les cortan el curro, por eso están enfadadas y quieren hablar. Patxi López lo dijo cierta mañana destemplada: «Hay cuarenta mil mujeres prostituidas en España». Las plataformas niegan los datos, dicen que ni ellas mismas saben cuántas son, porque el negocio sigue de tapadillo, y nadie pide DNI, y las preguntas distintas al asunto son siempre mal vistas, desechadas con mal tono. El Ministerio de Igualdad le dice al Patxi que son ochenta mil, y la ONU dice que en España hay más putas que en Tailandia y Puerto Rico. Los locales de masajes, y los de citas, esconden el zumo de sorpresa, muchas veces sin barra dura ni taburete roto, a granel y bocajarro. Un sindiós. 

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Según las plataformas (los sindicatos del coño, dijo alguien) toda ley empeorará el campo y el pan nuestro de cada día. El paro laboral será irreversible porque la pena al cliente es el cierre mismo del negocio. Los travestís están en las mismas condiciones y muchos se llevan la mano a la braga y preguntan: «¿Con esto que tengo aquí el Gobierno piensa que puedo hacerme monja?». El debate real es la prostitución voluntaria, donde entramos en trances morales, sin solución. Los asistentes sociales y los repartidores de condones en bicicleta son los que más claro lo tienen: «El único problema es para la que no quiera salir del oficio y las primeras ya salen en la Biblia y en los westerns». La pregunta es siempre la misma: si existe una prostitución libre, por farolas y pisos, por parques y locales, ajenas a cualquier coacción, obligación e intimidación. La policía publicó datos en tiempos pasados que mojan con lluvia dorada los papeles de ayer en el Congreso: «Son trescientas las explotadas por cada cien mil». También tendría sanción el local arrendado a fines prostibularios, aunque el dueño no tenga nada que ver con el negocio, ni vaya periódicamente por allí a cambiar las bombillas o el aceite. Nunca la amenaza fue una afirmación simple: «Yo vivo de esto». Hay quien avisa que llegará el terrible mal francés.

Las prohibiciones en el país galo llevan a rutas de furgonetas por la noche en llamas. Los burdeles deben esconderse pero, precisamente por ello, se multiplican. Las agresiones crecen incontables e inasibles. Una red de catacumbas y cloacas vive fuera de la ley, donde respiran las ratas y los anfibios, río negro, veneno tóxico, subterráneo letal. La depreciación hacia abajo, la pura clandestinidad obliga a todas a caravanas y recovecos siniestros. Los últimos refugios parecen ser los masajes, donde los tratos al oído son distintos a los tickets que la caja registradora escupe, tan blancos y tan limpios. No son cuatro putas baratas contra el Gobierno por esta ley sino al menos cinco mil. La prostituta ocasional, en el boscaje digital, siempre puede atender su litera sin que llegue el lobo, pero nunca se sabe, porque mil ojos esconde la noche, tal y como sabe Juan Manuel de Prada. El posible censo prostibulario resulta imposible conceptualmente: nadie dice la verdad en España a partir de las diez de la noche. Amnistía Internacional y Human Rights Watch dicen que «criminalizar mata» (y quizá, «legalizar salva»). No son cuatro y tampoco serán dóciles.