Sánchez extiende la alfombra roja a la soberanía fiscal catalana
El 0,01 por ciento de la población decide el futuro de 48,6 millones de españoles
Ilustración de Alejandra Svriz.
Si algunos de los potenciales lectores de esta columna se acercan a ella el día de su publicación (sábado 3 de agosto) sabrán ya el resultado de la encuesta que la dirección del partido independentista Esquerra Republicana ha formulado a su militancia. Perdonen si aventuro que los 8.700 militantes de dicho partido habrán decidido el destino de ocho millones de ciudadanos que viven en Cataluña y de los 48.692.804 residentes en España. O sea, el 0,01 por ciento decide los cambios que afectarán a todo un país. Todo un ejemplo de cómo entienden PSOE y ERC la democracia.
El señor Illa podría iniciar la semana próxima su peripecia de presidente de la Generalitat catalana claudicando ante ese pírrico porcentaje de independentistas y aceptando el delirante documento completo que ERC le ha puesto a la firma como pacto de investidura. O sea, a cambio de votarle una vez. Quiero insistir en este punto. Se trata de que el señor Illa llegue a ser presidente de la Generalitat. Solo de eso, no le garantiza más allá de un día como presidente.
Y a cambio, ¿qué ha garantizado el señor Illa y en qué ha comprometido a todo el PSOE y al Gobierno central? Resumiendo, lo que el señor Illa ha aceptado a cambio de su honorable puesto es a destrozar la Constitución vigente, con el aval explícito del presidente del Gobierno español.
En síntesis, este documento expansivo no obliga solo al PSC y a ERC como podría deducirse, sino que obliga a tomar decisiones gravísimas al Gobierno central, al que le endosan un programa político inconstitucional para largo. Un programa que incluya la autorización de un referéndum sobre la independencia; el desalojo fiscal del Estado en Cataluña, que gozaría de «plena soberanía fiscal»; el reconocimiento nacional de Cataluña; la creación de una Convención Nacional, que trace el camino de la Generalitat y del Gobierno central hacia la independencia, sin olvidar el reconocimiento de la escuela catalana y el mantenimiento de la estructura de embajadas de la acción exterior de la Generalitat.
Obviamente, estas exigencias tienen sus calendarios previstos y comprometidos hasta el detalle. Por ejemplo, El señor Illa ha aceptado que en el primer pleno de la legislatura se proceda a la creación de la Convención Nacional que será la guía espiritual para ambos partidos, que dan por superadas sus «distancias y recelos». Aunque no tanto como para que ERC no haya exigido la presidencia de esta nueva institución, por si acaso.
Aunque lo he leído en su totalidad, no voy a abordar el contenido de los 27 folios del acuerdo firmado entre los dos partidos que se autotitulan reiteradamente como «federalistas e independentistas». Me voy a referir en concreto a la independencia fiscal que promueven. (Seguro que distintos analistas de altura se ocuparán de las otras materias del pacto en THE OBJECTIVE).
El documento propone la creación de una hacienda catalana, que avance hacia un «modelo tributario federal», con mayor capacidad normativa, de gestión, de liquidación, de inspección y de recaptación (que vayan ustedes a saber qué entienden con este término). Es evidente que lo federal se refiere solo a Cataluña. El independentismo entiende esa federalización sólo entre un Estado catalán y el Estado español, o a lo que los jerarcas del independentismo llaman despectivamente el resto del Estado. Lo explican claramente en el documento al señalar que la capacidad normativa será «coordinada con el Estado y con la Unión Europea», nada menos.
La soberanía fiscal catalana implicará, según el acuerdo, que a cambio de los servicios que el Estado presta a Cataluña, éste recibirá «un porcentaje de participación en los impuestos» recaudados en y por Cataluña. Y para el resto del Estado habrá una aportación solidaria, aunque limitada por el principio de ordinariedad y porque los supuestos beneficiarios hagan el mismo esfuerzo fiscal que los catalanes, incluidos los quince impuestos autonómicos que pagan (y callan) los ciudadanos residentes en Cataluña.
Aunque, como hemos señalado, dicen haber superado los recelos, por si acaso ERC ha impuesto que en el primer semestre de 2025 se cree la Agencia Tributaria de Cataluña y se institucionalice una denominada Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. O sea, que se cumpla a rajatabla aquello de la singularidad y la bilateralidad.
Estos supuestos paladines de la igualdad de sexos (lo del género es para la gramática), estos pretendidos luchadores contra las desigualdades económicas, instituyen la máxima desigualdad que cabe entre los ciudadanos de un mismo país. Y tan ufanos.
Por razones personales, que no son del caso, me hubiera gustado más hablar de la evolución económica del segundo semestre, que ha sido positiva, en términos generales, con un provisional crecimiento del 0,8 por ciento del PIB o de la evolución de los precios, también de sesgo positivo. Pero lo que se cierne sobre la sociedad española, es decir, sobre todos y cada uno de los españoles si el señor Illa es elegido presidente de la Generalitat, con el pesado fardo del acuerdo con ERC y la complacencia del señor Sánchez, encomiéndese a sus manes.
