Tenemos que hablar de inmigración
Jugar con las emociones y hacer populismo con esto es tan irresponsable como ignorarlo por rigidez ideológica
Ilustración de Alejandra Svriz.
Y tenemos que hacerlo cuanto antes. En todos los países europeos, desde luego en España, y en profundidad. Porque la confusión entre inmigración y entradas ilegales y desordenadas –el confusionismo entre inmigración y delincuencia- es el fantasma que recorre el continente, y hay que controlarlo cuanto antes. Por el bien de todos.
Europa, ese gran invento, tiene unos cuantos retos. Para la nueva Comisión Europea son la competitividad y la innovación tecnológica, la descarbonización y la seguridad política y económica. Con matices y discrepancias, claro que son asuntos muy importantes. Pero la Unión Europea tiene por lo menos otro desafío a la altura de los mencionados: la gestión de la inmigración.
La inmigración, además de un derecho internacional -junto con el asilo- es una exigencia para la mayor parte de los países europeos por la catástrofe de la natalidad y las necesidades del desarrollo económico. Pero las explosiones migratorias –como la de 2015, las actuales y las futuras— y la agenda de desestabilización sangrienta de Europa por parte del islamismo radical la convierten en un arma arrojadiza, en un factor emocional clave para inclinar la balanza de numerosos resultados electorales y poner patas arriba la convivencia y la política. Los populismos se alimentan del río revuelto de las delincuencias y a los Gobiernos les cuesta aclarar y concretar sus propuestas.
Desde el 16 de septiembre, Alemania –el gran polo europeo de atracción de los inmigrantes– controla el paso por todas sus fronteras terrestres para combatir la inmigración irregular. Los países vecinos se quejan, las organizaciones de ayuda a los inmigrantes están incendiadas, la policía cree que los controles flexibles no van a ser eficaces y a la oposición conservadora la medida le parece demasiado poco.
En los países escandinavos ya no es noticia el endurecimiento del control de la inmigración. El realismo se impone, los partidos radicales crecen en votos y los tradicionales hacen suyas las restricciones. Por iniciativa de la primera ministra socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, y del primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, los dos países, junto a Noruega, Finlandia e Islandia, tienen un acuerdo de cooperación en deportaciones y programas de retorno. Holanda, tan multicultural y abierta, sigue los pasos de los países escandinavos; como en el caso de Alemania y Francia, los repetidos y brutales atentados islamistas favorecen esta dirección.
Las medidas tomadas en Italia por la primera ministra Giorgia Meloni –complicar los rescates en el mar, externalizar a Albania la acogida temporal de solicitantes de asilo y pactar fuertes inversiones en Túnez para que controle las salidas- han reducido muy notablemente la inmigración irregular. Núñez Feijóo acaba de estar con Meloni para hablar del asunto. Poco antes había ido a Roma el nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y aunque sus palabras han tenido poco eco en los medios españoles, el líder socialdemócrata no ha ahorrado elogios a Meloni. Francia endureció hace casi un año sus políticas de inmigración, y el nuevo gobierno va a dar otra vuelta de tuerca, igual que ha hecho Grecia. En España, el PP alaba lo que hacen Roma y Atenas, critica al Gobierno por no tomar medidas para que haya una inmigración ordenada y legal y un plan de emergencia y lucha para diferenciar sus propuestas de las de Vox, que utiliza la cuestión como ariete contra los populares.
«La politización de todo lo que toca la inmigración, en España y en casi toda Europa, es extrema. La confusión también»
Para colmo, un CIS desprestigiado que no pregunta a los españoles su opinión sobre la ley de amnistía ni sobre la financiación singular para Cataluña nos dice que la inmigración es la primera preocupación de los ciudadanos. Cualquier experto en demoscopia es capaz de observar las sugerencias inducidas en las cuestiones previas de la encuesta y la consiguiente contaminación que altera la presunta espontaneidad de la pregunta sobre inmigración, pero eso no le preocupa mucho a Tezanos. Siempre viene bien atizar la bronca entre PP y Vox, que ya han roto sus alianzas regionales por la política sobre los menores no acompañados; siempre viene bien tener una excusa a mano para –llegado el caso— manejar los tiempos del debate sobre la regularización de los inmigrantes en situación ilegal.
La politización de todo lo que toca la inmigración, en España y en casi toda Europa, es extrema. La confusión también. Es más fácil inflamar las pasiones con los casos -reales- de delincuencia y criminalidad y con los problemas de congestión y deterioro de los servicios públicos –también reales y que afectan sobre todo a las clases populares— que tener presentes a los 4,2 millones de inmigrantes en España que se dedican a la construcción, los servicios, la hostelería, los cuidados a mayores y niños… ¿Podría esta sociedad, esta economía, funcionar sin ellos? ¿Podría Europa prescindir de los 60 millones de inmigrantes –coinciden los estudios más serios– que necesita antes de 2050?
Europa no tiene una política común de inmigración, seguramente porque no es posible. Cada país tiene estructuras y necesidades específicas, con políticas más o menos inteligentes sobre acogida, ayudas, formación profesional, mercados laborales… La UE lleva 25 años legislando sobre el asunto, pero no existe –ni probablemente existirá– una política común con competencias globales como, por ejemplo, la PAC para la agricultura, la ganadería y la pesca.
Sí tiene, desde mayo de este año, un pacto sobre Migración y Asilo que entrará en vigor en junio de 2026, que se negoció durante cuatro años y que intenta limitar los enfrentamientos internos de los 27 que se suceden desde la crisis migratoria de 2015. Pero, como escribe Carmen González Enríquez, analista del Elcano, catedrática de la UNED y gran especialista en el asunto, el ámbito del pacto se refiere «solo la inmigración irregular, y solo a los solicitantes de asilo». El pacto firmado en mayo -y aprobado por muy escaso margen en el Parlamento Europeo, para colmo— «no pretende abarcar la migración en general ni responder a los problemas comunes que los estados de la Unión están experimentando en relación con sus déficits de mano de obra en varios sectores o con su población envejecida».
Esos problemas comunes hay que abordarlos: nos interesan vitalmente, a nosotros y a nuestros hijos y nietos. Los que surgen de la entrada ilegal de personas también, sin duda. No porque sean determinantes en elecciones nacionales y europeas, que también, sino porque la delincuencia y la falta de seguridad atentan contra la libertad. Pero los problemas de inmigración no son problemas de seguridad. Jugar con las emociones y hacer populismo con esto para ganar unos votos es tan irresponsable como ignorarlos por rigidez ideológica. Tenemos que hablar, reflexionar y tomar decisiones sobre la inmigración. Es urgente e importante.
