La expropiación silenciosa: réquiem por las profesiones liberales

Dicen que la libertad no se pierde de golpe, con un estruendo de botas militares y tanques por la Castellana, sino a rodajas, como un salchichón en la mesa de un burócrata hambriento. Yo, que soy arquitecto y mutualista de la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA), estoy viendo cómo el cuchillo del Gobierno se acerca peligrosamente a la última loncha de mi autonomía financiera. También veo cómo van a robarle la posibilidad a futuros autónomos que ya no van a poder elegir lo que yo elegí. Y lo peor no es el robo. Lo peor es que nos están vendiendo el atraco como un favor, con esa sonrisa de hiena que caracteriza al sanchismo cuando viene a «rescatarte» de tus propios derechos.

He recibido un correo electrónico hace poco. Es del 5 de noviembre. Uno de esos correos asépticos. La HNA me recuerda, con la frialdad de un enterrador, que tengo hasta el 1 de noviembre para «estimar mis rendimientos netos». Siempre que me mandan estos mails, consiguen sacarme de mi rutina y que infarte unos minutos. Me avisan de que es la «última oportunidad» para regularizar mi cuota del Sistema de Previsión Personalizado (SPP). No es culpa de la HNA. Son las nuevas reglas que el Gobierno implantó para 2023. ¿Les suena técnico? Dejen que se lo traduzca al castellano de la calle: el Estado metió la mano en los sistemas de pensiones privados alternativos y ya no piensa sacarla.

Para entender la magnitud de la estafa hay que mirar atrás, a cuando ser un profesional liberal significaba algo más que ser un cajero automático para Hacienda. Hasta hace dos días, los arquitectos, abogados y procuradores gozábamos de una anomalía bendita en este país de súbditos: la alternatividad. Podíamos elegir. Podíamos decirle al Estado: «No, gracias, no quiero tu esquema Ponzi quebrado de la Seguridad Social, prefiero gestionarme yo».

Yo tengo mi hucha en la HNA. Es un sistema de capitalización puro. Lo que yo meto, se invierte, y el día de mañana, recojo lo mío más la rentabilidad. Sin depender de si nacen suficientes niños o de si el político de turno ha decidido comprar votos con el dinero de las pensiones. Cuando me di de alta era un sistema de libertad y responsabilidad adulta. Yo decidía cuánto aportaba. Si quería apretarme el cinturón hoy para vivir mejor mañana, era mi problema. Si prefería arriesgar más o menos, era mi decisión. El Estado no pintaba nada ahí.

Pero el Leviatán no soporta los espacios vacíos de poder. Le ofende que exista un rincón de tu vida donde su zarpa no llegue.

El primer golpe llegó con el Real Decreto Ley 13/2022. Ahí, el Gobierno de Pedro Sánchez, con la voracidad fiscal que le caracteriza, decidió que eso de la libertad estaba muy mal visto. Nos obligaron a cotizar por «ingresos reales». Nos dijeron que, aunque estuviéramos en la mutua privada, a partir de 2023 estábamos obligados a cotizar por ingresos reales y a pagar al menos el 80% de lo que nos tocaría en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) por esos ingresos reales.

De un plumazo, convirtieron mi plan de pensiones privado en una especie de impuesto diferido encubierto que le suponía un ahorro al Estado. Ya no decido yo cuánto ahorro; decide el ministro Escrivá (o quien le suceda en la poltrona) cuánto tengo que aportar para que las cuentas le cuadren al Gobierno. Todo, para que dentro de 15-20 años no tenga que complementar tantas pensiones mínimas de autónomos que se acogieron a mutualidades privadas.

Y ahora, el golpe de gracia. La izquierda, en su cruzada eterna contra el individuo, planea para 2027 la abolición total de la alternatividad. Quieren cerrar la puerta. A los nuevos colegiados los empujarán obligatoriamente al matadero del RETA, y a los que ya estamos, nos dejarán en un limbo jurídico, asfixiados por normas que desnaturalizan por completo el sentido de nuestra mutualidad.

¿Por qué hacen esto? La respuesta nos la da el economista Juan Ramón Rallo en uno de sus últimos vídeos, y conviene citarlo porque nadie ha explicado mejor la trampa. El Gobierno está aprovechando el ruido de una minoría organizada para justificar el expolio de la mayoría silenciosa.

Existe un grupo de mutualistas —entre los que me incluyo, pero yo no ando llorando— que durante años decidieron aportar lo mínimo a su mutualidad. Simplemente profesionales que prefirieron tener el dinero en su bolsillo antes que en la hucha de la vejez. Ahora, algunos de ellos, con cierta desfachatez, al ver que les queda una pensión exigua (porque, sorpresa, en un sistema de capitalización tanto aportas, tanto tienes), le lloran a Papá Estado. Piden una «pasarela» al RETA. Piden que el Estado les reconozca una pensión por la que no han cotizado en la Seguridad Social.

Y aquí es donde el Gobierno del PSOE se frota las manos. «¡Claro que sí!», exclaman los socialistas, disfrazando de compasión lo que es pura codicia. «¿Queréis pasaros al sistema público? Hecho. Pero el precio es la cabeza de todos los demás».

Utilizan la excusa de arreglar el problema de unos pocos (que tampoco lo arreglarían, porque las condiciones serían leoninas) para cargarse la libertad de todos. Es el modus operandi clásico de este Ejecutivo corrupto: crear un problema o magnificarlo para ofrecer una solución que casualmente implica más poder para ellos y menos libertad para ti. A cambio de «rescatar» a esa minoría (un rescate que pagaremos todos los contribuyentes, por cierto), el Gobierno decreta la muerte de la libertad financiera de decenas de miles de autónomos que sí hicimos los deberes, que sí queremos nuestra mutualidad y que no queremos saber nada de la Seguridad Social quebrada.

Lo que proponen para 2027 no es una reforma; es una expropiación de derechos adquiridos. Quieren erradicar la «hucha privada libre» y convertirla en un recuerdo nostálgico, como lo de fumar en los bares. Nos quieren a todos en el redil, dependientes, subsidiados, con la mano extendida esperando la migaja que el Estado tenga a bien soltarnos tras habernos saqueado durante cuarenta años.

Es indignante ver cómo se tramita en el Congreso una proposición de ley que explícitamente busca la demolición de la alternatividad. Es un ataque frontal a la línea de flotación de las profesiones liberales. Nos odian porque representamos lo que ellos detestan: la capacidad de prosperar al margen de su tutela. Un arquitecto o un abogado que se paga su propia pensión es un ciudadano difícil de chantajear electoralmente. Pero un arquitecto o un abogado dependiente del RETA es un voto cautivo más.

Y cuidado, porque aquí no solo es culpable el PSOE con su insaciable apetito recaudatorio. Habrá que ver qué hacen el PP, Vox, Junts y el PNV. Cuando llegue el momento de votar, se van a retratar. Si apoyan esta infamia, si permiten que se elimine la libertad de elección bajo la excusa de la «justicia social» o la «homogeneización», serán cómplices del liberticidio.

Y mientras Ursula von der Leyen recorre Europa pidiendo a gritos más planes privados de pensiones, más capitalización y más libertad para que los ciudadanos inviertan su futuro en mercados y no en el agujero negro de la Seguridad Social como hacemos en España, el Gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario: en 2027 pretende cerrar la única alternativa real que quedaba en España a su monopolio público. Confiemos en que no consiga llevar a cabo sus maquiavélicos planes. Al fin y al cabo, la legislatura está muerta. 

Por cierto, el correo de la HNA sigue en mi bandeja de entrada, parpadeando como una luz de alarma. Me recuerda que debo llamar a la HNA y «ajustar» mi cuota.