45 años del primer golpe de Estado

Diez días antes del 23 de febrero de 1981 pude recibir en la antigua Casa de ABC —de cuyo periódico era este firmante cronista político— a un sempiterno conocido mío, sin duda agente de los servicios de inteligencia españoles, que, sin demasiados ambages, sin circunloquio alguno, me hizo una referencia agónica de la situación política de entonces para terminar afirmando: «Esto solo lo arregla un general». A continuación, y tampoco sin despeinarse, me informó de que la operación por la que se iba a sustituir a Adolfo Suárez estaba perfectamente organizada y que había muchas gentes comprometidas («También compañeros tuyos», me dijo) y que convenía que mi periódico «estuviera al tanto», terminó asegurando textualmente. Informé al entonces director, Guillermo Luca de Tena, que me pidió discreción y no comenté nada en la Redacción porque allí creí con certeza que había algunos elementos apoyando la operación. Esta se fundamentaba básicamente en cuatro razones: la incapacidad del Gobierno para terminar con el terrorismo (28 asesinatos de ETA en 1980), el desmadre de las nacientes autonomías que ya apuntaban a la dispersión, el descontento crucial del Ejército por la legalización del Partido Comunista, la crítica sistemática de los medios de comunicación (básicamente Televisión Española) al franquismo y la pésima situación económica con los banqueros y los empresarios, radicalmente en contra del Ejecutivo de UCD.

He realizado este repaso para asentar este principio: varios de aquellos motivos de la época han engordado con los años y ahora mismo se puede afirmar con rotundidad que el Gobierno de Sánchez ha perpetrado el segundo golpe de Estado de nuestra democracia. Hoy no queda institución viva, el Rey está devaluado hasta extremos bochornosos, el Gobierno ha copado los medios públicos hasta hacerlos agentes de su propaganda, nuestro país vive una eclosión terrible de la corrupción, ya no existe el Parlamento, fundamento de toda democracia, porque Sánchez le ha convertido en la oficina siniestra de su Gobierno, nadie asume responsabilidad por la mala gestión de las catástrofes más o menos naturales, y el presidente de este país se permite el lujo de pasearse por el mundo luciendo un tipo cada vez más asténico, mientras los socios de Europa le desdeñan sin disimulo. Sánchez ha dado un auténtico golpe de Estado en España, sin metralletas como Tejero, pero golpe. Está enfrentado además a la Justicia, en la que están incursos varios elementos de su propia familia, y ya no le queda entidad independiente a la que atacar. En resumen: ha dado un verdadero golpe de Estado en la conciencia de que en este momento nadie va a reaccionar contra él porque, por ejemplo, el Ejército, involucionista de otrora, se ha convertido en una ONG de mano de obra barata o, a lo más, en un grupo de esforzados para viajar de allá para más lejos, sirviendo de parapeto en los peores escenarios bélicos del universo.

Encima, Sánchez se dispone a dar un golpe definitivo a la concepción humana, intentando que la Constitución, con el consenso del Consejo de Estado, incluya una nueva disposición que, literalmente, recoja «el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo». O sea, un eufemismo que envuelve la realidad de un propósito: transformar el aborto a lo bestia en un derecho, asentar constitucionalmente que la determinación de eliminar la vida de un embrión o un feto no solamente no es un asesinato, sino que es un derecho. Este asunto, que debiera ser de una magnitud esencial en el debate público actual, está pasando desapercibido a pesar de que en el Consejo de Estado se está produciendo una gran discusión entre la presidenta, la exministra Calvo, y el consejero Herrero de Miñón sobre a qué artículo de nuestra norma suprema puede afectar el nuevo derecho. La sociedad, incluso la creyente, la religiosa, pasa literalmente del tema. No interesa.

Todo esto sucede en los días en que, lo hemos dicho, se cumplen los 45 años del primer golpe de Estado de la democracia: el del trío Armada-Miláns-Tejero, y en los tiempos en que, según se está demostrando, la celebración de elecciones no vale para nada. Sánchez se acurruca en el poder a pesar de haberlas perdido y el PSOE, destrozado en los sucesivos recuentos, continúa sin dimitir y aparta sin piedad a los individuos/as que se han pegado una toña en las urnas. Sánchez y la tristísima Alegría continúan en sus puestos okupados. Por lo demás, esta semana siguen las negociaciones, o cosa así, entre los crónicos ganadores, el Partido Popular, y el insurgente y emergente VOX dedicado a exigir a los primeros que, por lo menos, les deparen la mitad de los poderes fácticos de la región, sea esta Extremadura o Aragón. O sea, el mundo democrático al revés.

Mientras, este Estado megalómano nos exprime las carteras con la lujuria de un forajido y media clase hispana no come a final de mes. Solo hay una buena noticia al respecto: el procaz confiscador, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda que decretó la persecución a toda sangre de los españoles de bien, va a sufrir en estos días el castigo que se merece: se benefició en su momento de los millones que las gasistas le regalaban y ahora la Justicia le llama a capítulo. Es el caso del alguacil alguacilado o, mejor, del presunto depravado que estranguló, con sonrisa de conejo mixedematoso, la vida de cientos de miles de honrados contribuyentes.

Esta semana no aparece Sánchez por el Parlamento porque se ha largado, por segunda vez en dos años, a la India, para asistir allí, a lo mejor en calidad de ponente por contraste, a la Cumbre sobre la Inteligencia Artificial. Solo falta que le acompañe a la nueva visita su colega de fechorías Zapatero, un indigente intelectual que esta semana también va a recibir el varapalo de varias investigaciones judiciales a cuenta de sus mordidas en Venezuela, China, Guinea y qué sé yo cuántos países más. Y ¡ojo!, que también en Estados Unidos le van a dar «p’al pelo».

Este es el panorama de una nación en lisis que —no es coña— abre este lunes su decadente Parlamento para ocuparse, por ejemplo, de una trascendental proposición de ley del Grupo Socialista encaminada a «evaluar en el ámbito de la juventud el impacto de las políticas públicas». Como diría un antepasado: «¡Que paren las máquinas!». Eso sí, las Cortes se ponen de gala este miércoles para recibir a Sus Majestades, que pretenden celebrar nuestra «Constitución más longeva», es decir, la misma que Sánchez está barrenando. Es el segundo golpe de Estado que padece nuestra democracia desde que se fundó un 8 de diciembre de 1978. Tejero, al lado de este sujeto actual, era un idiota de guardarropía.