Lo que Sánchez pone en riesgo
El presidente estadounidense amenazó esta semana con cortar todo el comercio con España
El martes 3 de marzo, Donald Trump declaró ante las cámaras que iba a «cortar todo el comercio con España». La causa inmediata era la negativa de Pedro Sánchez a ceder las bases de Rota y Morón para las operaciones militares estadounidenses en Irán al grito de «No a la guerra». La reacción fue rápida: el Ibex cayó con fuerza y los sectores exportadores empezaron a hacer cuentas. Las palabras de Trump son, con frecuencia, más duras que sus consecuencias. Pero esta vez hay algo más que palabras: hay un patrón arancelario activo desde el verano pasado y hay sectores concretos que ya han acusado el golpe.
Los datos del Ministerio de Economía para 2025 son claros: España exportó a Estados Unidos 16.716 millones de euros, un 8% menos que el año anterior. El mercado americano representa el 4,3% de todas las exportaciones españolas, es decir, no es una dependencia existencial, pero sí es el primer destino extracomunitario del país. Y aquí está el primer matiz que la discusión política suele ignorar: lo que está en juego no son sólo relaciones entre estados, sino contratos entre empresas. Contratos que una amenaza no puede romper por decreto —o no debería poder hacerlo—.
El sector de bienes de equipo (maquinaria industrial, equipos eléctricos, componentes para renovables) encabeza las exportaciones con más de 4.000 millones de euros. Le sigue el agroalimentario con 3.256 millones, dentro del cual el aceite de oliva merece mención especial, con 1.000 millones de euros anuales que van a parar a un mercado donde España no tiene sustituto real. Estados Unidos absorbe cerca de la mitad del consumo mundial de aceite de oliva fuera de la Unión Europea. Ningún competidor (ni Túnez, ni Argentina, ni Chile) puede cubrir esa demanda con la misma calidad y volumen. Pese a todo lo que se ha señalado, este es, paradójicamente, uno de los pocos casos en que el poder de negociación está del lado español, aunque el golpe inicial puede ser muy duro.
Los productos farmacéuticos, con 1.300 millones, son el sector que mejor ha resistido: crecieron un 15,5% en 2025 a pesar de los aranceles. La razón es sencilla: los medicamentos tienen una demanda relativamente inelástica y una cadena de suministro difícil de redirigir en el corto plazo. Aquí también hay contratos de largo recorrido que no se disuelven con una declaración.
Pero la amenaza no viene sola. España importa de Estados Unidos 30.174 millones de euros, casi el doble de lo que exporta. El grueso de esas importaciones es energético: petróleo y gas natural licuado, del que EEUU provee en torno al 30% del consumo español. Un corte real del comercio bilateral dañaría a ambas partes, pero la dependencia energética española añade una vulnerabilidad asimétrica que el Gobierno de Sánchez prefiere no subrayar en sus comunicados.
La lección que se desprende de los datos no es de política exterior, es de economía básica: cuando los estados convierten el comercio en instrumento de presión geopolítica, los que pagan los platos rotos son los ciudadanos. Las empresas españolas que exportan aceite, maquinaria o medicamentos a Estados Unidos no votaron la posición de España en la OTAN. Firmaron contratos, invirtieron en capacidad productiva y abrieron mercados. Que esos contratos queden en suspenso por una disputa entre cancillerías es exactamente el tipo de riesgo que el libre comercio, respaldado por acuerdos internacionales y marcos jurídicos estables, existe para prevenir.
La Comisión Europea ha recordado que la política comercial con EEUU se negocia en bloque, como corresponde a la lógica del mercado único. Eso es, técnicamente, la primera línea de defensa real. No los comunicados de la Moncloa, sino los acuerdos bilaterales que protegen a las empresas de la arbitrariedad política. El problema es que esos acuerdos también los firman los gobiernos, y los gobiernos, como Sánchez primero y Trump después acaban de demostrar, no siempre los respetan.