La lucha de tres heroicos agricultores españoles

En un país donde la corrupción campa a sus anchas, donde algunos altos cargos se van de rositas tras escándalos que harían sonrojar a un mafioso siciliano, la Fiscalía ha decidido cargar con toda su artillería contra tres humildes agricultores aragoneses. 15 años y 6 meses de prisión en total para tres trabajadores del campo que, en 2024, se atrevieron a protestar contra un Gobierno que los ha dejado a la intemperie, abandonados a su suerte como si fueran maleza en un erial. Es una petición desproporcionada, un disparate que huele a venganza política, porque lo que se protestaba en aquellas manifestaciones era justo, necesario y vital para la supervivencia de un sector asfixiado tanto por la Unión Europea como por el Gobierno español.

Los agricultores españoles, y en este caso los de Aragón, llevan años clamando en el desierto. Precios por los suelos, costes disparados por la energía y los fertilizantes, competencia desleal de importaciones extracomunitarias que no cumplen ni la mitad de las normativas que se les exigen a ellos. El Ministerio de Agricultura, bajo la batuta de un Gobierno socialista que presume de progresista, ha mirado para otro lado mientras el campo se desangra.

En otro artículo ya escribí sobre David Lafoz, un joven agricultor de 27 años de Belchite, Zaragoza, que se convirtió en símbolo de la lucha rural. David, que dejó los estudios a los 15 para subirse a un tractor y trabajar la tierra de su familia, representaba todo lo que está mal en este sistema. En julio de 2025, agobiado por inspecciones constantes de Hacienda y Trabajo, por las deudas acumuladas y por la presión de un sector al borde del colapso, decidió quitarse la vida. Su mensaje de despedida fue un grito ahogado: «No aguanto trabajar 18 horas para no vivir». David no era un delincuente, era un luchador que, en las protestas de 2024, llevó su tractor hasta las puertas de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para exigir que se escuchara la voz del campo.

Sus padres no se han rendido. En febrero de este año se conoció la petición de la Fiscalía —esa suma de 15 años y medio de cárcel— para los tres agricultores que decidieron estar al frente de la manifestación que se organizó el pasado 1 de marzo, justo dos años después de los hechos. Varios centenares se concentraron frente al Palacio de La Aljafería, no solo para apoyar a los encausados, sino para honrar la memoria de David. Su padre, con la voz quebrada pero firme, recordó que a los agricultores no se les puede dejar solos: «Solo han defendido su medio de vida». Las madres de los tres acusados, con el dolor de quien ve a sus hijos tratados como criminales, clamaron: «No son delincuentes, son trabajadores». Esta concentración fue un acto de solidaridad, un recordatorio de que el campo no se rinde, aunque el Gobierno intente silenciarlo con amenazas judiciales.

Pero volvamos a lo que pasó en 2024, porque conviene desgranar los hechos para entender la desproporción. Cientos de agricultores y ganaderos, convocados por plataformas independientes, se congregaron en Zaragoza para protestar contra las políticas agrarias. Lo que empezó como una manifestación pacífica derivó en tensión cuando algunos manifestantes intentaron acceder a las Cortes de Aragón, bloqueando el Palacio de La Aljafería.

Un cordón policial trató de impedir su avance. Hubo empujones y cargas policiales y, como consecuencia, siete agentes resultaron heridos con contusiones leves, según la acusación. Uno de los agricultores rompió el cordón con su tractor, lo que la Fiscalía califica de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, por lo que le piden siete años. Los otros dos son acusados de delitos similares, con peticiones de cuatro y cuatro años y medio, respectivamente.

Fue la explosión de la frustración acumulada de un sector angustiado, de hombres y mujeres que ven cómo sus explotaciones familiares se hunden mientras el Gobierno prioriza políticas importadas de Bruselas. La Fiscalía, en su escrito, habla de «menoscabar la autoridad» y «alterar el orden público», pero ¿qué orden público es ese que ignora el clamor de miles de familias arruinadas? Una Fiscalía durísima con estos trabajadores del campo, que no son más que víctimas de un sistema que los exprime. Sin embargo, mira para otro lado ante la corrupción rampante del Gobierno.

Esta desproporción no es casual. Es un mensaje claro: «No os atreváis a protestar contra nosotros». El campo, que produce los alimentos que comemos, es tratado como enemigo del Estado. David Lafoz lo pagó con su vida. Sus padres, con un dolor eterno. Y ahora, estos tres agricultores se enfrentan a penas de cárcel por defender su manera honrada de ganarse la vida. Pero el campo resiste. La familia Lafoz ha donado los fondos recaudados en los homenajes que se le han hecho a su hijo, a los tres detenidos para que puedan costearse el proceso judicial. No son criminales, sino héroes anónimos de la España que sí merece la pena.