Por qué subir impuestos a los ricos nos empobrece a todos

Imagine que tenemos un limón y queremos extraer su zumo. Al principio, cuanto más apretemos, más líquido saldrá. Sin embargo, llega un momento en que, por mucho que nos esforcemos, el limón ya no nos dará más. 

Con los impuestos pasa algo parecido. Cuando el Gobierno sube el tipo marginal del IRPF aplicable a los tramos más altos (en España, este segmento se corresponde con quienes ganan más de 60.000 euros al año), a menudo se da por sentado que ingresará proporcionalmente más dinero. Si antes aplicaba un 47% a tal nivel de renta y después anuncia que cobrará un 50%, el resultado esperado es el de un incremento recaudatorio correlativo. 

El problema con este razonamiento es que los contribuyentes no son limones que se dejan exprimir hasta el final. Reaccionan y ajustan su comportamiento según los incentivos que tienen delante y, en consecuencia, responden a los cambios en la fiscalidad con distintas medidas reactivas que buscan proteger sus ingresos de la voracidad recaudatoria de Hacienda.

La elasticidad es la palabra técnica que mide exactamente eso: la forma en que reacciona la recaudación cada vez que cambia el tipo impositivo. Si la elasticidad fuera 1, todo sería perfecto para el recaudador: si sube el tipo un 10%, la recaudación sube también un 10%. Proporcional, predecible, limpio. En cambio, si la elasticidad es 0,5, la cosa ya funciona peor para el voraz recaudador de impuestos. Subes el tipo un 10%, sí, pero solamente recaudas un 5% más, la mitad de lo esperado.

Si la elasticidad es 0,09, el resultado es casi grotesco. Incrementar el tipo un 10% supondría apenas un 0,9% más de ingresos públicos. De cada diez euros que el político prometía conseguir, llegan apenas 90 céntimos a las arcas del Estado. Y esta cifra, del 0,09, no ha sido planteada al azar, sino que responde de forma precisa a la elasticidad que se estima para los tramos superiores del IRPF español, en línea con los trabajos que ha realizado el catedrático de la Universidad Complutense, José Félix Sanz.

La pregunta obvia es: ¿adónde va ese dinero que debería llegar y no llega? La respuesta no tiene nada de misterioso, ni tampoco obedece a ninguna ilegalidad. Cuando a un empresario que gana 300.000 euros le suben el IRPF, sus opciones son más variadas que las de un asalariado que percibe, digamos, 25.000 euros, y también sufre un aumento fiscal. El empresario puede alterar su estructura de ingresos para que tributen de manera más eficiente. Puede aminorar su salario y percibir más dinero a través del pago de dividendos. Puede aplazar operaciones hasta el año siguiente. Puede incluir fórmulas de retribución en especie en su paquete de ingresos. Puede aplazar operaciones que no sea imprescindible materializar a corto plazo. Puede trasladar todo o parte de su negocio a otras jurisdicciones. Si cambian las reglas fiscales, estas dinámicas de adaptación son tan esperables como coherentes. 

El resultado es que la base imponible (es decir, la cantidad de renta que finalmente se declara) se encoge. El Estado sube el tipo, sí, pero aplica el porcentaje de marras sobre un pedazo de pastel más pequeño, de modo que el efecto neto sobre la recaudación termina siendo casi nulo. En las calles, los votantes ávidos de «justicia social» celebran que «los ricos» vayan a pagar más al fisco; en los despachos, los contribuyentes afectados toman todas las precauciones para evitar que así sea. Y, como este tipo de políticas se suelen poner en marcha para financiar mayores gastos, la consecuencia no esperada suele ser que, una vez se constata un incremento del déficit, la factura acabe recayendo sobre el grueso de la población. En este sentido, el Impuestómetro que publica anualmente el Instituto Juan de Mariana pone de manifiesto que un sueldo medio paga en España alrededor del 55% de su coste laboral en concepto de cotizaciones, IRPF, IVA, IBI y otros gravámenes.

Las mediciones de elasticidad que ha realizado Sanz muestran que, en el caso de las rentas bajas, la elasticidad es casi cuatro veces menor que entre las personas que más ganan. El patrón es claro. Cuanto más arriba se sitúa el contribuyente en la escala de ingresos, menos responde la recaudación a las subidas de impuestos que anuncian nuestros gobernantes en medio de pompa y propaganda. La cruda realidad es que el efecto de subir impuestos a «los ricos» es, en términos recaudatorios reales, marginal.

Si los contribuyentes de mayor renta no estuviesen pagando ya un volumen muy importante de sus ingresos a Hacienda, la respuesta observada sería probablemente menos intensa. Sin embargo, aunque solamente el 5% de quienes pagan IRPF obtienen anualmente más de 60.000 euros, esos 1,2 millones de declarantes generan el 42% de todo lo recaudado por IRPF. En total, aportan 45.000 millones de euros que se traducen en una aportación media de casi 38.000 euros per cápita en el IRPF. Por contraste, el 56% de menos renta (12,9 millones de contribuyentes que ganan menos de 21.000 euros al año) generan apenas el 8% del total, tributando una media de 670 euros al año. No olvidemos, además, que la «caza fiscal» a quienes más ganan también comprende otras figuras recaudatorias. Somos el séptimo país con mayor carga fiscal sobre las rentas del capital, así como el único socio de la Unión Europea que sigue aplicando el viejo Impuesto de Patrimonio. 

Conviene apuntar también que, si bien los entusiastas de semejante «estallido fiscal» tienden a defender sus políticas apelando a la «reducción de la desigualdad», la evidencia disponible contradice de raíz sus tesis y muestra que más del 90% de la minoración de las diferencias de renta se genera vía gasto, que no a través de los impuestos. Para ser precisos, solamente el 4% de la reducción de la desigualdad se debe a la política fiscal, mientras que el 96% se concentra en la oferta de servicios básicos y otros programas dependientes del presupuesto. 

Para concluir, también es importante fijarse en la definición de «ricos» que hemos terminado aceptando en España. Resulta hiriente que nuestro país considere que un profesional con ingresos brutos de más de 60.000 euros constituye parte de la «élite» económica. Nuestro IRPF activa el tipo del 45% cuando los ingresos son 2,1 veces mayores que el salario medio, una ratio que contrasta con los niveles observados en Francia (4,1) o Alemania (5,2). La Hacienda española trata como «ricos» a quienes ganan 60.000 euros, mientras que en el caso galo sería preciso ganar más de 177.000 euros para situarse en el umbral del 45%, siendo la referencia para Alemania unos 277.000 euros de renta. Si a esto le sumamos el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan elevado su IRPF hasta tasas superiores al 54%, como es el caso de Cataluña, no sorprende que cada vez haya más personas que consideran que vivimos bajo un verdadero «infierno fiscal».