Felipe VI no ha dicho nada escandaloso que no sepamos de la Conquista
«La pregunta no debería ser si hubo abusos —que los hubo—, sino qué modelo político y jurídico se estableció después»

El rey, Felipe VI (2i), junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel (3i). | José Jiménez Casa De S.M. El Rey (EFE)
Cuando hace unos meses publiqué en THE OBJECTIVE la columna Por qué España no tiene que pedir perdón a México, el debate giraba en torno a una exigencia política recurrente: que el Estado español pidiera disculpas formales por la conquista de América. El argumento central de aquel texto era sencillo y, sin embargo, parece necesario repetirlo cada cierto tiempo: los hechos del pasado no pueden analizarse desde la óptica moral del presente. No porque el pasado quede exento de crítica —ningún proceso histórico lo está—, sino porque la historia exige contexto, matices y una comprensión de las categorías mentales de cada época. Es decir, requiere reposo y no gritos para ver a quién le da la razón lo sucedido en el pasado a alguien del presente.
Lo recordaba entonces y conviene hacerlo ahora, a la luz de las recientes palabras de Felipe VI, quien ha reconocido que durante la conquista hubo abusos y controversias éticas, aunque introduciendo una advertencia fundamental: el pasado no puede juzgarse únicamente con parámetros actuales. La afirmación puede parecer obvia para cualquier historiador, pero en el debate público suele perderse en favor de narrativas más simples y emocionalmente eficaces. Y ahí es donde tenemos un gravísimo problema.
En aquella columna defendía que pedir perdón hoy por decisiones tomadas hace más de 500 años responde más a una disputa por el relato histórico que a un verdadero ejercicio de análisis. No porque la conquista fuera un proceso idílico —no lo fue—, sino porque ninguna conquista en la historia lo ha sido jamás. Como decía con ironía la actriz mexicana María Félix, las conquistas no se hacen «con chocolate». Se hacen con violencia, con conflictos, con alianzas cambiantes y con intereses políticos. Eso ha sido así en todos los continentes y en todas las épocas.
La pregunta, por tanto, no debería ser si hubo abusos —los hubo—, sino qué modelo político y jurídico se estableció después de la conquista y qué diferencia a ese modelo de otros imperios de su tiempo.
El contexto del siglo XVI: conquista y debate moral
El siglo XVI fue una época de expansión imperial en toda Europa. Las monarquías competían por rutas comerciales, territorios y recursos. La llegada de los españoles a América se inscribe en ese marco general, no en un fenómeno aislado o excepcional.
Desde los primeros años de presencia española en el continente americano surgieron debates sobre la legitimidad de la conquista y el trato a los pueblos indígenas. Esa discusión no se produjo siglos después, desde la comodidad de la historiografía contemporánea, sino en el propio corazón del imperio.
Intelectuales vinculados a la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, reflexionaron sobre los derechos naturales de los indígenas y sobre los límites morales del dominio español. Aquellas discusiones culminaron en debates célebres como la Controversia de Valladolid, donde se planteó si los pueblos indígenas eran sujetos de derechos y si la guerra contra ellos podía justificarse. Lo relevante aquí no es tanto el resultado de esas discusiones como el hecho mismo de que se produjeran. Ningún otro imperio del momento desarrolló un debate filosófico tan profundo sobre la legitimidad de su expansión.
En paralelo, la Corona trató de regular jurídicamente la situación de los indígenas mediante legislación específica. Un ejemplo significativo fueron las Leyes Nuevas de 1542, que buscaban limitar los abusos del sistema de encomiendas y prohibían la esclavitud de los indígenas. Aquellas leyes no eliminaron todos los abusos —la distancia geográfica y la autonomía de muchos colonos lo dificultaban—, pero sí evidencian que la Corona tenía una idea clara de cómo debía organizarse su presencia en América. Como dijo el Rey, «los abusos se produjeron a pesar de las leyes y no por ellas». Y tiene toda la razón del mundo. No sé donde está la polémica cuando ha dicho algo lleno de sentido común y en lo que la mayoría de los historiadores de Moderna estamos de acuerdo.
Virreinatos, no colonias
Uno de los aspectos más olvidados en el debate contemporáneo es la naturaleza jurídica de los territorios americanos dentro de la Monarquía Hispánica. A diferencia de lo que ocurriría siglos después con otros imperios europeos, los territorios incorporados tras la conquista no fueron concebidos como colonias en el sentido moderno del término, sino como parte integrante de la Corona. De ahí la creación de estructuras administrativas como los virreinatos.
Instituciones como el Virreinato de Nueva España o el Virreinato del Perú funcionaban como prolongaciones de la autoridad real. Sus habitantes, al menos en teoría jurídica, eran súbditos del monarca, no poblaciones sometidas sin estatuto legal. Este matiz no es menor ya que en la práctica significó que, desde el punto de vista del derecho de la época, los territorios americanos formaban parte de la misma estructura política que los territorios peninsulares. No eran un espacio exterior destinado exclusivamente a la explotación económica, sino una extensión del propio imperio. Por supuesto, la realidad social y económica fue mucho más compleja. Existieron desigualdades, abusos y conflictos constantes. Pero el marco jurídico era distinto del que más tarde establecerían otros imperios coloniales. Pero es que, en la propia España, Francia, el resto del mundo, había desigualdad. Los derechos humanos son del siglo XX no del XVI.
Mestizaje y construcción social
Otro elemento que suele ignorarse en las simplificaciones actuales es el fenómeno del mestizaje. A diferencia de otros modelos imperiales posteriores, la sociedad surgida tras la conquista fue profundamente mestiza y la prueba la tenemos hoy en día. ¿Cómo se suelen apellidar la mayoría de hispanoamericanos? Con apellidos de origen español: López, Cruz, Santos, Sánchez… Ese proceso no fue resultado de una política perfectamente planificada ni estuvo exento de tensiones sociales, pero sí refleja una dinámica diferente a la segregación racial que caracterizaría a otros sistemas coloniales.
La mezcla cultural y biológica dio lugar a nuevas identidades, nuevas élites y nuevas formas de organización social que marcarían la historia de América durante siglos. Ciudades, universidades, imprentas y redes comerciales se desarrollaron dentro de ese espacio político común que era la Monarquía Hispánica.
En el ámbito educativo, por ejemplo, la Corona impulsó instituciones universitarias tempranas en América. Entre ellas destaca la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en el siglo XVI, que se convirtió en uno de los centros intelectuales más importantes del continente. Este dato, visto con los ojos de hoy, resulta algo increíble para la época. Refleja unas miras humanísticas y culturales enormes que no se dieron con ningún imperio, por cierto. Este desarrollo institucional muestra que el proyecto imperial español no se limitó a la explotación de recursos, sino que implicó la construcción de estructuras administrativas, educativas y religiosas que integrarían el continente en una red global.
El largo siglo XVII y la consolidación imperial
Durante el siglo XVII, el imperio español experimentó transformaciones importantes. La administración colonial se consolidó y las élites criollas adquirieron un peso creciente en la vida política y económica de los virreinatos. Las ciudades americanas se convirtieron en centros culturales relevantes, con universidades, tribunales y estructuras municipales que replicaban, con matices, el modelo institucional peninsular. La vida social y económica de los territorios americanos ya no dependía únicamente de la iniciativa de conquistadores o colonos individuales. Existía una administración compleja que gestionaba impuestos, justicia y comercio dentro del marco de la Monarquía Hispánica.
De nuevo, esto no significa que desaparecieran los conflictos o las desigualdades. Pero sí indica que el imperio había evolucionado hacia una estructura política relativamente integrada, muy distinta de la imagen simplificada que a menudo domina el debate contemporáneo. Es decir, no encaja que se quisiera exterminar un pueblo, cometer un genocidio, poniendo en marcha todas estas cosas.
Reformas y tensiones en el siglo XVIII
El siglo XVIII introdujo nuevas dinámicas dentro del imperio. Las reformas impulsadas por la monarquía borbónica intentaron modernizar la administración y aumentar la eficiencia fiscal del sistema. Estas reformas, aunque buscaban fortalecer la autoridad de la Corona, también generaron tensiones con las élites locales americanas, que comenzaron a reclamar mayor autonomía política y económica. En ese contexto se fueron gestando los movimientos que, décadas más tarde, desembocarían en los procesos de independencia. Pero incluso entonces, muchos de esos movimientos no nacieron inicialmente como un rechazo absoluto a España, sino como una disputa sobre la distribución del poder dentro del propio imperio.
Historia frente a simplificación
Todo este recorrido histórico no pretende idealizar la conquista ni negar los abusos que se produjeron. Pretende algo mucho más modesto y, al mismo tiempo, más exigente: recordar que la historia es compleja. Sí, hubo abusos. Hubo violencia, explotación y conflictos. Pero también hubo debates morales, legislación protectora, integración jurídica, mestizaje cultural y construcción institucional. Reducir todo ese proceso a una narrativa simple —la de un imperio exclusivamente opresor— no solo es históricamente inexacto; también empobrece nuestra comprensión del pasado.
El verdadero problema del debate actual no es la memoria histórica, sino el presentismo. Esa tendencia a juzgar procesos de hace 500 años como si hubieran ocurrido ayer, con las mismas categorías morales, políticas y jurídicas que utilizamos hoy. La historia, sin embargo, exige otra cosa: contexto, distancia y rigor.
Reconocer que hubo abusos no implica aceptar narrativas simplificadas sobre la conquista. Del mismo modo que contextualizar la historia no significa justificarla. Entre la negación y la caricatura existe un espacio más difícil, pero también más honesto: el de la interpretación histórica. Y es precisamente ahí donde debería situarse cualquier debate serio sobre el pasado compartido entre España y América.
Conviene recordar algo elemental: la Historia no es una cuestión de opinión. Es una disciplina con método, fuentes y debate académico. Una de las primeras cosas que aprende cualquier historiador es a desconfiar del presentismo, esa tentación de juzgar sociedades de hace quinientos años con las categorías morales y políticas del siglo XXI. Pero sobre todo la historia no sirve para dar la razón ni a «hunos» ni a «hotros», que diría Unamuno. Leamos, por favor.
