¿Está preparando Pedro Sánchez un pucherazo para 2027?

Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente que es capaz de absolutamente todo por permanecer cuatro años más en el poder. Ya lo demostró en 2023 convocando unas elecciones para el 23 de julio contra todo pronóstico. Viendo cómo desde las distintas instituciones del Estado se puede ejercer un control mucho más férreo sobre los nada desdeñables casos judiciales que se ciernen sobre el PSOE y su entorno familiar más directo, a muchos no para de asaltarnos una duda recurrente e incómoda: ¿puede haber un verdadero pucherazo en las elecciones generales de 2027? Él mismo ya ha dejado claro en más de una ocasión que quiere quedarse en la Moncloa todo el tiempo que haga falta. En un clima de tensión constante, con el CIS de su lado, es completamente normal que nos salten las alarmas. De todas formas, siempre intento ser una persona templada (que no ingenua) y trato de huir de las trincheras sin tender a la conspiranoia barata. Por eso, he decidido sentarme y analizar con la cabeza fría si realmente es viable robar unas elecciones en España.

El primer fantasma que siempre se nos aparece en las pesadillas electorales es el del voto por correo. Y no es para menos, sobre todo si echamos un vistazo al ecosistema sociopolítico reciente y al infame caso Leire Díez. Para quienes no lo recuerden, esta exmilitante socialista acabó ocupando un altísimo cargo directivo en Correos justo en la época de mayor polarización del país. Los audios y mensajes filtrados por la investigación judicial la dibujaban como una auténtica fontanera dispuesta a limpiar las irregularidades del Gobierno desde las sombras, llegando a decir entre risas aquello de «o limpiamos todo esta legislatura o pedimos asilo en Taiwán». Con perfiles así en la cúpula de la principal arteria logística de nuestros sufragios, es lógico que a más de uno le tiemblen las piernas pensando en sacas industriales llenas de papeletas falsas.

Sin embargo, si bajamos la lupa de la cúpula directiva a la mecánica dictada por la Ley Electoral, la realidad es que dar un pucherazo postal masivo es hoy logísticamente prohibitivo. Que no digo que no se pueda dar a pequeñísima escala con la compra de votos. De todas formas, desde la acertada instrucción de la Junta Electoral Central en 2023, es ineludible identificarse personalmente con el DNI en la mano al entregar el voto en la oficina postal. Ya no vale llevar los sobres de todo el vecindario. Además, cada voto por correo llega directamente a tu mesa electoral el domingo de los comicios y el presidente lo contrasta escrupulosamente con el censo impreso delante de vocales, apoderados e interventores de todos los colores políticos. Si el certificado no cuadra unívocamente con una persona real de esa lista, no entra en la urna.

Pero claro, vivimos en pleno siglo XXI, y el miedo ha mutado rápidamente hacia la frontera digital. Recientemente, se ha levantado una polvareda enorme porque la Junta Electoral permite identificarse en la mesa para votar usando las aplicaciones oficiales del móvil, como miDNI y miDGT. Al no exigirse la lectura del código QR para comprobar criptográficamente su autenticidad, Isabel Durán desde El Debate ha puesto el grito en el cielo advirtiendo que, con los brutales avances de la inteligencia artificial, cualquiera podría generar deepfakes en la pantalla de su teléfono, suplantar identidades y votar dos mil veces. Suena aterrador y muy moderno e Isabel no miente.

No obstante, nuestro ecosistema electoral no flota en la nube; está anclado a un papel inquebrantable. El proceso en el colegio electoral es de doble validación: tú enseñas tu móvil (verdadero o falsificado), pero los miembros de la mesa tienen que buscar tu nombre exacto en un censo físico, de papel, impreso por el Instituto Nacional de Estadística. Si un listillo crea a un ciudadano sintético con IA en su móvil, ese nombre jamás aparecerá en las páginas de la mesa. Para que este fraude funcionara a gran escala, habría que tener listas y patrones de gente que se sepa que nunca vota para falsificar su voto o, qué sé yo, hackear primero los servidores del INE meses antes para inyectar miles de nombres inventados, algo sumamente arriesgado. ¿Qué quieren que les diga?, yo lo veo de ciencia-ficción, pero hace bien Isabel Durán en denunciar esta grieta del sistema.

Advertidos de esta pequeña fisura, llegamos a la demografía, el terreno donde supuestamente se está cocinando el verdadero fraude a fuego lento. El primer plato de este menú del miedo sería la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes. La teoría recurrente de la oposición dice que el Gobierno les da papeles hoy para que, en un acto de gratitud vitalicia, engrosen las filas de la izquierda en 2027. Aquí es donde los datos crudos y nuestra Constitución desmontan el mito de un plumazo. Tener un permiso de residencia y trabajo te saca de la marginalidad jurídica, pero no te da derecho a votar en unas elecciones generales; para eso necesitas la ciudadanía española plena. Y conseguir la nacionalidad no es un trámite de tarde. El Código Civil exige plazos de residencia legal continuada que van de los dos a los diez años. Ese reloj empieza a contar en la fecha en que te conceden la tarjeta, no el día que cruzaste la frontera.

Si a esto le sumamos el atasco burocrático endémico del Ministerio de Justicia (que añade cómodamente un par de años más al trámite), es matemática y legalmente imposible que los extranjeros regularizados en 2024 o 2025 adquieran su pasaporte a tiempo para influir en las generales de 2027. Si acaso, la regularización podría ser una medida a futuro, no digo que no, pero no para las próximas generales. ¿Podría intentar pactar con sus socios de investidura una reforma exprés del Código Civil para rebajar drásticamente esos plazos? Podría, pero no creo que Junts esté dispuesto a apoyar algo así. También existe un pequeño resquicio legal en el Código Civil llamado «nacionalidad por Carta de Naturaleza». Es una vía de gracia mediante la cual el Gobierno, directamente por real decreto y sin plazos de residencia, puede dar la nacionalidad a quien quiera si concurren «circunstancias excepcionales» (se usa a veces para deportistas de élite, artistas o casos humanitarios muy concretos). ¿Podrían usarlo masivamente? Podrían. Pero si el Gobierno intentara firmar un real decreto para darle la Carta de Naturaleza a 500.000 personas de golpe saltándose la cola, el Tribunal Supremo también podría tumbar la medida de forma fulminante por considerar que es un fraude de ley.

Finalmente, llegamos a la maniobra que muchos consideran la más sofisticada y devastadora: la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como la ley de nietos. Se ha extendido como la pólvora la narrativa de que el Gobierno está nacionalizando en masa y con gran opacidad a cientos de miles de descendientes de exiliados de la Guerra Civil. Isabel Díaz Ayuso lo ha denunciado. El supuesto objetivo inconfesable sería crear una legión de nuevos votantes cautivos. Esa masa de «nuevos españoles» nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática podrá votar en las elecciones generales de 2027. A diferencia del caso de los inmigrantes regularizados que hablábamos antes (que solo tienen permiso de residencia y trabajo), la ley de nietos otorga la nacionalidad española plena. Y con el pasaporte granate en la mano, adquieres automáticamente el derecho al sufragio. 

De entrada, es cierto que una parte de estos nuevos españoles se quedará en sus países de origen, engrosando el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Aunque este censo pueda llegar a los tres millones, la participación desde el extranjero es históricamente raquítica —apenas rascó el 10% en 2023—. Esos votos, además, no van donde el Gobierno quiera, sino que se reparten obligatoriamente por las provincias de origen de sus ancestros, diluyendo su impacto real en el reparto de escaños. Pero vayamos al escenario más lógico, el que a cualquiera con sentido común se le pasa por la cabeza: muchos de esos ciudadanos, con su pasaporte europeo recién estrenado, no se van a quedar en sus países. Harán las maletas, vendrán a buscarse la vida a España y se empadronarán en nuestros barrios. Al hacerlo, pasan al censo ordinario; la barrera de la abstención desaparece y votarán el domingo en el colegio electoral de su calle.

¿Significa esto que Sánchez ha importado un ejército de votantes teledirigidos que le devolverán el favor en las urnas por gratitud vitalicia? Rotundamente no. Pensar en un voto cautivo es no entender la realidad sociológica de quienes llegan. La inmensa mayoría de estos nuevos compatriotas huye del colapso económico, la inflación desorbitada o la inestabilidad institucional de países como Venezuela, Cuba o Argentina. El electorado de la diáspora hispanoamericana es profundamente pragmático. Alguien que acaba de escapar del socialismo al otro lado del charco rara vez aterriza en España con la intención de votar a formaciones de izquierda que, en ocasiones, han simpatizado con los regímenes de los que ellos huyen. De hecho, los datos empíricos de las generales de 2023 demuestran que las opciones de centroderecha arrasaron en buena parte del sufragio exterior y latino, quitándole escaños in extremis al PSOE en circunscripciones clave. Vale, aquí hablamos de los hijos y nietos de los que huyeron al exilio durante la Guerra Civil y el franquismo, pero nada que pueda llegar a ser decisivo. Los argentinos están representando el 42% de todas las peticiones. Cuba está en segundo lugar, con el 12,2%. ¿Qué pesará más sobre la cabeza de un argentino? ¿El franquismo o el peronismo reciente? Asumir que estos nietos del exilio van a inclinar irremediablemente la balanza a favor de la coalición gubernamental es altamente improbable; es más, si este era el gran plan maestro de Moncloa, tiene todas las papeletas para salirles el tiro por la culata.

Creo que, tras evaluar pormenorizadamente los riesgos institucionales, tecnológicos y demográficos que se ciernen sobre los próximos comicios, cualquiera convendrá conmigo en que la idea de un pucherazo estructural masivo es prácticamente una quimera. Y quiero recalcar lo de «masivo». Nuestro ecosistema electoral es un dinosaurio analógico, descentralizado y fiscalizado por miles de ciudadanos en cada esquina, y precisamente en esa fricción analógica reside su mayor blindaje. Es cierto que Pedro Sánchez está tratando de asegurarse nuevas remesas de votos. También entiendo y comparto perfectamente la desconfianza; las dudas son legítimas. Pero con la cabeza fría, los números del INE y la Ley Electoral en la mano, podemos afirmar que la arquitectura democrática aguanta el embate. Sin embargo, no nos engañemos ni pequemos de ingenuos: estamos hablando de Pedro Sánchez. Un político que ha demostrado una y otra vez una elasticidad moral y capacidad de supervivencia fuera de cualquier parámetro conocido. Así que, aunque certifiquemos que el pucherazo clásico es altamente complicado y casi un mito logístico, con Pedro Sánchez nunca se sabe… e igual todavía tiene escondido un as debajo de la manga que ni los analistas más desconfiados ni los algoritmos han sabido prever. Permanezcamos en alerta.