Los partidos podrán a partir de ahora usar tus datos para mandarte 'spam' electoral

Por correo electrónico, por sms al móvil, por mail y hasta por WhatsApp. Por todos estos medios podrán los partidos políticos enviarte de forma masiva ‘spam’ electoral. El Senado ha dado luz verde este miércoles, con 220 votos a favor y 21 en contra, a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que permite a los partidos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales, sin necesidad del consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.

El texto, que, en teoría, tenía que blindar del acoso publicitario comercial a los ciudadanos, en realidad da manga ancha a los partidos. Según han avisado los expertos, la nueva ley podría dar pie a un escándalo como el que tuvo lugar en Estados Unidos con la consultora Cambridge Analytica, que trabajo en la campaña que dio la victoria a Donald Trump, y que tuvo acceso para analizar y diseñar algoritmos basados en datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

La nueva LOPD sigue sin considerar la propaganda electoral como comunicación comercial, lo cual, a través de su artículo 58 bis, permite a las formaciones políticas rastrear redes sociales, webs y, en general toda información pública en Internet, (incluidas las búsquedas y preferencias de los usuarios) para crear perfiles de «opiniones políticas» y detectar posibles votantes a fin de personalizar la propaganda masiva que remitirán a sus mails o teléfonos.

Por ejemplo, los partidos podrían detectar de qué temas habla o no habla un usuario en redes, para colar en sus muros o en sus dispositivos mensajes muy específicos.

No obstante, el mismo artículo que establece que los partidos políticos podrán elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y enviarles spam al móvil incluye un punto sobre la posibilidad de evitarlo: «Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición».

Una ley marcada por la polémica 

Su ratificación a última hora no ha estado exenta de polémica, pese a que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) manifestó poco antes de la aprobación de la norma que ésta no permitirá el tratamiento de datos de las personas para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas, como han denunciado varios juristas y colectivos de la sociedad civil.

El abogado y delegado de Protección de Datos Jorge García ha sido uno de los primeros juristas en dar la voz de alarma sobre el alcance de este artículo, y ha advetido en su blog del riesgo que supone “dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir poder”.

Para el abogado experto en Derecho Digital, Borja Adsuara, el asunto es “gravísimo” porque, además, las opiniones políticas están incluidas legalmente en las categorías especial de datos personales que deberían estar “especialmente protegidos”, tal y como ha declarado a la agencia Efe.

Desde el PSOE, Artemi Rallo, principal impulsor y defensor de la LOPD, ha asegurado que lo que hace la ley es precisamente regular estas prácticas para aportar calidad y normativa a este tipo de prácticas, para las que el articulado requiere, de forma genérica, “garantías”, sin especificar cuales.

Por su parte, Podemos ya ha cambiado su posición y ha amenazado incluso con llevar la ley al Tribunal Constitucional, pese a no haberse opuesto a ella en sus actuales términos cuando salió adelante en el Congreso.

FACUA-Consumidores en Acción también ha mostrado su rechazo a la LOPD, ya que considera que la existencia de bases de datos de ciudadanos catalogados por su ideología «atenta contra los derechos democráticos más básicos». La asociación considera que es «extremadamente grave» que se abra la puerta a la «manipulación de los partidos» mediante técnicas de marketing y a través de mensajería instantánea y redes sociales.

Más allá del spam político

El objetivo de esta ley era adaptar el ordenamiento español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos que exige desde el 25 de mayo a las empresas requisitos más severos para garantizar la privacidad personal, como disponer del consentimiento claro y expreso del afectado en el caso de usar sus datos para fines distintos para los cuales fueron recabados inicialmente.

Más allá de permitir el ‘spam’ político, entre los derechos que incluye está el de la desconexión laboral para respetar el descanso de los empleados sin bombardearlos con correos electrónicos u otros mensajes en línea.

La norma también recoge el derecho al testamento digital, el de «neutralidad» en internet, y el de seguridad y confidencialidad de las comunicaciones electrónicas para proteger a los menores y las posibles víctimas de violencia machista.

Asimismo se garantiza el derecho a la intimidad personal en el ámbito laboral con la limitación de videocámaras y dispositivos de audio en lugares de trabajo y además se prohíben estos en áreas de descanso como comedores u otros espacios similares para ocio de los trabajadores.