El profesor de escuela Pedro Castillo se ha hecho finalmente con las elecciones en Perú al ganar por un margen de solo 63.000 votos, de acuerdo al conteo casi definitivo. Si embargo, su rival, Keiko Fujimori, ha pedido la anulación de miles de papeletas, lo que podría dar un vuelco al resultado. Ahora ambos se preparan para una batalla legal que podría alargarse hasta dos semanas.
Los datos: la ONPE ha procesado el 100% de las actas y contabilizado el 99,25% de ellas. Castillo obtiene el 50,19% de los votos frente al 49,8% de Fujimori. La diferencia es de casi 70.000 votos.
Durante el conteo de votos del balotaje presidencial en Perú, Keiko Fujimori denunció irregularidades y acusó al partido de su oponente, Pedro Castillo, de «boicotear la voluntad popular». Luego, anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas en todo el país. Pero ni las autoridades electorales ni misiones observadoras externas tienen registros de un fraude.
«Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados de la voluntad popular, y me estoy refiriendo al proceso de impugnación de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, no sean contabilizadas», ha denunciado Fujimori en una rueda de prensa el 7 de junio pasado, para posteriormente referirse incluso a «indicios de fraude en la mesa».
De esta forma, el 9 de junio por la noche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya llevaba el 99,1% de las actas procesadas, Fujimori anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas al Jurado Nacional Electoral (JNE).
Durante los comicios, varios usuarios se volcaron a las redes sociales para denunciar presuntas irregularidades, como la de un representante de Perú Libre que habría marcado 87 cédulas a favor de Castillo, y aunque el fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra las elecciones. Así, el involucrado fue detenido por la policía en un local de votación del distrito de Carabayllo en Lima y la ONPE sustituyó las cédulas que encontraron en su poder por papeletas de reserva, es decir, nuevas.
Asimismo, medios peruanos informaron que en Tumbes (norte) una representante de Fuerza Popular había marcado tres cédulas de votación a favor de Fujimori. Al igual que en el caso anterior, la ONPE aseguró que estas cédulas fueron reemplazadas por las papeletas de reserva, que la mujer fue detenida y que su caso sería investigado por la Fiscalía.
También en redes sociales, se reportó otro caso de cédulas marcadas a favor de Perú Libre, esta vez en la ciudad de Chiclayo. Para este caso, se llevó a cabo el mismo procedimiento.
Esta situación es extraordinaria e inédita, como destacó el miércoles el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, pues nunca antes un candidato había solicitado invalidar cientos de miles de votos cuando veía el triunfo cuesta arriba. Así, para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, es un paso más en la intensa campaña mediática y política contra los organismos electorales, iniciada antes de la votación con noticias falsas para sembrar la desconfianza y que cualquiera de los dos candidatos gritara fraude.
Los recursos presentados pueden alargar la definición de las elecciones presidenciales hasta dos semanas más, según advirtió Tuesta. Hasta ahora hay al menos 600 recursos que deben ser resueltos uno por uno por los Jurados Electorales Especiales, de los que hay en total 60 en el país, conformados por tres miembros cada uno. Sin embargo, muchos de estos recursos pueden ser apelados luego al pleno del JNE, compuesto por cuatro magistrados a los que les llegaría una gran carga procesal con la presión de resolverla en pocos días.
