La subida del precio de la luz es noticia diaria en los medios de comunicación españoles. Cada día parecemos alcanzar nuevo máximo histórico. Como este domingo, que se pagará a 213,29 euros/MWh en el domingo más caro de la historia.
En este sentido, de todos los problemas, el precio de la luz sigue siendo la principal fuente de desgaste del Gobierno en el plano económico. No sólo porque el 88,4% manifieste que le preocupa mucho o bastante, sino porque más de dos tercios de los ciudadanos, el 67,6%, no se cree la principal promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este asunto: que a finales de año la factura que habrán pagado los hogares será igual que la de 2018, según los resultados del Panel de Sigma Dos para El Mundo.
Ni siquiera los votantes del PSOE se creen la promesa del presidente del Gobierno (44,8% frente a 42,1%), tampoco los de Unidas Podemos (48,2% frente a 36,8%), y mucho menos los del PP (84,4% vs. 9,2%) y Vox (87,6% vs. 8,5%).
De igual forma, la encuesta refleja que una cuarta parte de los ciudadanos (27,7%) cree que la situación económica mejorará en los próximos meses y otro tercio piensa que se mantendrá igual (33,1%). Frente a ellos, otro tercio manifiesta que empeorará (33,8%).
El pasado mes de septiembre, el Gobierno aprobó una serie de medidas para bajar la factura de la luz de aquí a fin de año. Entre ellas, anunció la reducción del impuesto especial eléctrico, del 5,1% al 0,5%, por el que las Comunidades Autónomas dejarían de ingresar 650 millones de euros. Esta medida se suma a la ya anunciada el pasado mes de junio el de la rebaja del IVA de la luz hasta final de año, por el que pasó del tipo general del 21%, al reducido del 10%, y la suspensión hasta el 31 de diciembre del Impuesto sobre la producción eléctrica del 7%.
Esta bajada del IVA en la factura se aplica a los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio/hora (Mwh).
Asimismo, habrá nuevas subastas de energía, no solo renovables, para aportar más competencia entre las comercializadoras independientes, es decir, a las grandes industrias. Para reducir la factura final también se aportarán 900 millones de euros adicionales de los derechos del CO2.
Una serie de medidas, no obstante, que parecen no convencer a los españoles.
