El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado además el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.
Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos, un pacto que sin embargo no alcanza el Consejo General del Poder Judicial, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP permite desbloquear la renovación del Constitucional cuando tres de sus magistrados, incluidos el presidente y la vicepresidenta, estaban a punto de alcanzar los dos años de prórroga de sus mandatos, que caducaron en noviembre de 2019. El cuarto, Fernando Valdés, tuvo que dimitir el pasado año al ser procesado por un caso de malos tratos.
Fuentes del PSOE y del PP han anunciado este jueves un acuerdo que supondrá la incorporación de cuatro nuevos magistrados: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
Mayoría conservadora en el TC
La renovación no alterará sustancialmente el reparto de mayorías en el tribunal de garantías, con un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de contar con un magistrado menos y dará oxígeno a un tribunal en el que el ambiente se ha enrarecido en los últimos meses. De hecho, los tres magistrados salientes -Juan José González Rivas y Andrés Ollero, del bloque conservador, y Encarnación Roca, propuesta en su momento por el PSOE- han votado recientemente en contra de la posición de sus bloques en asuntos de gran trascendencia, como la constitucionalidad del primer estado de alarma.
Los conservadores mantienen una mayoría de 7 a 5 en el pleno a la espera de la renovación de otros cuatro miembros en 2022 (los magistrados del TC tienen mandatos de nueve años y las renovaciones se acometen de cuatro en cuatro cada tres años). Sobre la mesa hay asuntos tan relevantes como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Celáa o el aborto.
El nuevo presidente saldrá -según una norma no escrita que determina que se elige entre los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato- de entre los conservadores Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol.
Según las fuentes consultadas por EFE, González Trevijano es quien cuenta con más papeletas para asumir la presidencia, si bien por poco tiempo, dado que forma parte del cupo que deberá ser renovado en 2022, cuando entonces sí los socialistas esperan rematar el cambio de mayorías en el TC. Hasta entonces, Xiol será previsiblemente será el vicepresidente del tribunal.
Los nombres acordados por PSOE y PP para el resto de órganos son los siguientes:
Tribunal de cuentas
-Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas)
-Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM)
-Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas)
-Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid)
-Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo)
-Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia)
-José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil)
-Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona)
-Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada)
-Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya)
-Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona)
-Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas)
Defensor del Pueblo
-Defensor del Pueblo: Ángel Gabilondo Pujol (catedrático de Metafísica de la UAM)
-Adjunta primera al Defensor del Pueblo: Mª Teresa Jiménez Becerril (Presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril)
Agencia de protección de datos
-Directora: Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia)
-Adjunto a la Directora de la Agencia de Protección de Datos: Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital)
Críticas de Cs
El vicesecretario general y portavoz del Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado este jueves al PSOE y al PP, tras conocer el acuerdo que colocará a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, de «repartirse» las instituciones más importantes del Estado en un «intercambio de cromos».
En declaraciones a los periodistas en Granada, donde esta tarde ha asistido a la entrega del «Premio Por la Defensa de los Derechos y las Libertades Constitucionales» al magistrado Pablo Llarena, ha considerado ese «reparto» una «vergüenza» y ha advertido de que Unidas Podemos está «tomando además su tajada».
Según Bal, su partido siempre va a pelear para que se exija mérito, capacidad, igualdad, publicidad y transparencia y que este tipo de cargos estén «en manos de los mejores» y no simplemente sean para aquellos «que estén mas cercanos al poder político».
Para Abascal el reparto se realiza «de espalda a los intereses de los españoles»
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el PP al que considera una «fotocopia barata del discurso progre«, al tiempo que le ha afeado por servir de «salvavidas» al Gobierno «de la muerte» con la renovación de órganos constitucionales.
«Un PSOE al que ha tendido la mano en el peor momento, con el que se va a repartir las instituciones de espaldas a los intereses de los españoles. Con un PSOE que mientras pacta con el separatismo, el terrorismo y el comunismo se encuentra el aliento y las facilidades del PP», ha puntualizado.
Durante un acto en Valladolid, Abascal ha acusado a Pablo Casado de querer llegar a La Moncloa para dar trabajo a sus seguidores. «Para ellos, el cambio significa que 10.000 socialistas se van al paro y entran 10.000 del PP». También ha señalado el acercamiento del principal partido de la oposición «al Gobierno de la traición a España». «Lo que tenía que hacer es mantener una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez», ha concluido.
