Reino Unido exige tolerancia cero contra la violencia en las redes
Después de que la primera ministra británica, Theresa May, reclamara a tecnológicas como Twitter o Facebook el pasado viernes un aumento de los esfuerzos para acabar con la difusión o promoción de violencia a través de sus canales, el ministro de Seguridad de su Gobierno, Ben Wallace, ha asegurado en una entrevista emitida en BBC Radio 4 que están estudiando la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no lo hagan o incluso cambiar la ley para endurecer los castigos.
El ministro de Seguridad británico, Ben Wallace, ha asegurado en una entrevista emitida en BBC Radio 4 que están estudiando la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no combatan la emisión y difusión de actos de violencia en internet, advirtiendo que están dispuestos incluso a cambiar las leyes vigentes para endurecer los castigos. Este anuncio se produce después de que la primera ministra británica, Theresa May, reclamara a tecnológicas como Twitter o Facebook el pasado viernes un aumento de los esfuerzos en este sentido.
Wallace ha manifestado que las políticas de moderación de Facebook son “totalmente inaceptables” y ha recordado la frase que utilizó uno de los moderadores de la empresa para justificar su no intervención en un caso de acoso a un menor: “Está bien publicar el bullying a un niño de siete años siempre que no aparezcan subtítulos en el vídeo”.
La compañía presidida por Mark Zuckerberg se negó a comentar nada al respecto. Con todo, se ha comprometido a hacer más ágil y sencilla la denuncia de estos casos cuando se presencian y a acelerar el proceso por el cual los revisores puedan actuar cuando se encuentren ante publicaciones donde haya indicios de violencia.
Los comentarios de Wallace vienen acompañados de un informe de la comisión parlamentaria del Reino Unido donde se critica la ligereza con la que, supuestamente, Facebook, YouTube y Twitter moderan los contenidos que fomentan el odio, agregando que el gobierno debería imponer multas cuando se demuestren los casos en los que ha habido fallos de moderación y solicitando una revisión de la legislación vigente para aclarar en qué casos se pueden aplicar las leyes.