Amnistía Internacional denuncia que España no ha garantizado «acceso adecuado a la salud» durante la pandemia

Amnistía Internacional denuncia en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que en España «las autoridades no garantizaron acceso adecuado a la salud durante la pandemia». También denuncia que no se garantiza adecuadamente el derecho a la vivienda; que no se ha reformado la ley mordaza y, por tanto, está afectada la libertad de expresión; que sigue habiendo violencia contra las mujeres, aunque se han tomado medidas para «reforzar las salvaguardias jurídicas»; y que el Gobierno no garantizó unas condiciones de acogida y asilo adecuadas a los inmigrantes que llegaron al país. 

El derecho a la salud 

El informe destaca que aunque el sistema de salud «continuó sometido a una presión sin precedentes» debido al coronavirus, «las autoridades no adoptaron medidas suficientes para garantizar el derecho a la salud de toda la población». 

Denuncia que los más afectados por esta situación fueron «las personas de edad avanzada, con edades crónicas o trastornos de salud mental» y afirma que, en el caso del «debilitamiento de la salud pública», las que salieron peor paradas fueron las mujeres migrantes, «que soportaron la mayor carga del cuidado de los enfermos con un sistema de asistencia médica menos accesible». 

Además, denuncia que los inmigrantes en situación irregular tuvieron «obstáculos» para acceder a los servicios de salud y a las vacunas, así como que la pandemia puso de manifiesto «la falta de servicios de salud mental con recursos suficientes». 

Libertad de expresión

En este ámbito, Amnistía Internacional denuncia que «no se reformaron y siguen aplicándose la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y las disposiciones del Código Penal que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

Hace especial mención al caso de Pablo Hasél y al de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de quienes dice que cuando llegó el indulto «llevaban casi cuatro años en prisión tras una condena injusta por sedición». 

Derechos de refugiados y migrantes 

El informe, realizado antes de la crisis migratoria provocada por la guerra en Ucrania, señala como aspecto positivo la evacuación de más de 2.000 personas de Afganistán y la apertura por primera vez a que se pudiera solicitar asilo desde la embajada española en Pakistán. 

Sin embargo, denuncia los cientos de muertes de migrantes tratando de llegar al archipiélago canario, así como «el hacinamiento y la precariedad en los centros de recepción», condiciones que considera «evitables» y que achaca a «la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas». 

Además, critica que «las autoridades tampoco tomaron medidas para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz» y que «las personas solicitantes de asilo no tenían acceso a información adecuada sobre sus derechos».

Torturas y uso excesivo de la fuerza 

Según Amnistía Internacional, durante los meses analizados «persistieron los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad». Menciona, en concreto, el caso del agente que «disparó contra las personas que se manifestaban en Linares en protesta por la agresión a un hombre y a su hija por dos agentes de policía fuera de servicio», así como el de una mujer que perdió un ojo «supuestamente por el impacto de una bala de foam disparada por la policía autonómica catalana». 

También denuncian que en abril, varios agentes usaron bolas de caucho contra un grupo de migrantes para sofocar una protesta en un centro de acogida de Canarias.

A esto añaden que «en noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló numerosas denuncias verosímiles de malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y agentes de policía» y que «señaló que persistía la aplicación de la fijación mecánica a la cama (sujeción mecánica regimental), incluso de menores detenidos, y recomendó su eliminación».

El derecho a la vivienda 

Otro de los aspectos que critica Amnistía Internacional sobre los derechos en España es el del acceso a la vivienda. «A pesar de la pandemia, se llevaron a cabo 22.536 desalojos entre enero y junio; cerca de 5.400 afectaron a personas que no podían pagar su hipoteca y casi 16.000, a personas que ya no podían pagar el alquiler», destaca el informe.