Imputan a 12 funcionarios por malversación y prevaricación en la trama de UGT en Cataluña
La juez citará como investigados a una docena de servidores públicos y exempleados de la Generalitat por irregularidades en el hospital Vall d’Hebron
El Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. | Ayuntamiento de Barcelona
Se amplía la investigación sobre la presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 9 de esa ciudad ha acordado prorrogar seis meses más la instrucción del caso y citar a declarar como investigados por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a un total de 12 personas, en su gran mayoría funcionarios o antiguos servidores públicos de la Generalitat de Cataluña y de un distrito del Ayuntamiento de Barcelona, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Entre los imputados se encuentra la delegada de UGT y presidenta de la guardería que operó en la clandestinidad durante al menos seis años en ese hospital público. Pero también varios gerentes o exgerentes del Vall d’Hebron, además de funcionarios o ex altos cargos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y antiguos representantes políticos del distrito barcelonés de Horta-Guinardó. La juez Silvia López ha tomado la decisión prorrogar la investigación y tomar «declaración en calidad de investigados» a esa docena de personas después de recibir un nuevo informe de la Policía Judicial el pasado 13 de julio.
«A la vista del estado de las actuaciones procede acordar la prórroga del plazo de instrucción por un nuevo plazo de seis meses, a contar a partir del 29 de julio de 2022 pues, una vez concluida la investigación policial e identificados los presuntos autores de los hechos denunciados que, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica más ajustada a derecho, pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa por funcionario público y malversación de caudales», indica la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
«Es necesaria la práctica de diligencias de instrucción a fin de determinar la responsabilidad de cada uno de los identificados en la investigación, así como la participación de terceras personas, siendo esencial recibirles declaración en calidad de investigados», añade en el auto, al que ha tenido acceso este diario.
Blanqueo en la guardería
La Fiscalía también se ha posicionado en favor de ampliar durante otros seis meses las pesquisas, tal y como había solicitado la acusación particular, en una causa en la que se investiga a la posible implicación de varios dirigentes de UGT en Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Unas pesquisas que se iniciaron por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en ese centro médico, según consta en los informes de investigación del caso.
Aunque hay varias líneas de investigación abiertas sobre distintos hechos, una de las piezas de la instrucción se centra en el presunto uso fraudulento de la guardería del hospital para el blanqueo de capitales y otros delitos entre 2013 y 2019. Entre las personas a las que la juez ha decidido imputar se encuentran la delegada de UGT y presidenta de la guardería, C.L.P, y la directora del centro educativo, N.G.G. También tendrán que prestar declaración el actual gerente del Hospital Vall d’Hebron, Alberto Salazar Soler, y su antecesor en el cargo, Vicenç Martínez Ibáñez. Asimismo, entre los investigados se encuentran varios altos cargos del Instituto Catalán de la Salud.
Como contó este martes THE OBJECTIVE, entre agosto de 2018 y marzo de 2019, varios responsables del Vall d’Hebron y de la empresa pública dependiente de la Generalitat recibieron varios escritos de un sindicato en los que se denunciaban las presuntas irregularidades cometidas por la delegada de UGT en la guardería del hospital. Entre otras, se llegó a denunciar que la presidenta de la guardería habría sacado por la escalera de incendios del hospital bolsas llenas de documentos posiblemente relacionados con los presuntos delitos que ahora investiga la Justicia. La mayoría de las cartas enviadas por ese otro sindicato fueron ignoradas y tenían como destinatarios a algunos de los imputados por la juez.
Este diario se ha puesto en contacto con el hospital Vall d’Hebron y con el ICS, empresa pública dependiente de la Consejería de Salud la Generalitat que se encarga de la gestión de los ocho hospitales públicos en Cataluña. Ningún responsable de ambos organismos ha querido hacer declaraciones por tratarse de «una investigación judicial en curso». Tampoco la presidenta de la guardería del hospital ha querido dar su versión de los hechos a THE OBJECTIVE pese a los reiterados intentos de este medio por ponerse en contacto con ella.
Funcionarios de la Generalitat
La Generalitat de Cataluña hizo la vista gorda con la presunta trama de corrupción sindical en la guardería del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona al menos durante seis años. Como adelantó este diario, durante la investigación, el Departamento de Educación del Govern y la directora de la guardería admitieron ante la Policía Nacional que durante al menos seis años la guardería operó de forma clandestina, sin los permisos requeridos por la ley, según consta en los informes de investigación del caso.
Y aún así, a día de hoy, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) mantiene la concesión para el uso y la ocupación del centro infantil a la asociación que preside una delegada de UGT investigada por presuntos delitos de falsificación, apropiación indebida y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes de la propia guardería.
«Sobre la legalidad de la guardería, la directora de la misma, N.G.G., en su declaración manifestó que no se encontraba inscrita ni dada de alta como tal porque carecía del espacio suficiente, si bien se encontraba en trámites para legalizarla como ‘centro infantil’, lo cual llama la atención debido a que desde el año 2013 hasta la actualidad, finales de 2019, no se hubiera realizado trámite alguno», subrayaban los agentes de la Policía Nacional en uno de los informes remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona al inicio de las pesquisas.
Pagos en B y apropiación de recursos públicos
En uno de los informes de investigación del caso remitido posteriormente al juzgado, la Guardia Civil detallaba los presuntos hechos delictivos descritos por los denunciantes y testigos a los que interrogó la Policía Nacional. Entre otras presuntas irregularidades, los agentes del Instituto Armado señalan la presunta utilización de recursos públicos del hospital y créditos sindicales, así como la posible emisión de facturas falsas y pagos en ‘B’ por trabajos de mantenimiento y obras que habrían sido realizadas en la guardería por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo.
Uno de los sindicalistas de UGT que ha declarado como testigo durante la investigación manifestó «que la señora C.L.P. tenía una cuenta asociada a la guardería con un saldo superior a los 100.000 euros». Así lo indicaba la Guardia Civil en un informe en el que concluía: «Por todo lo expuesto es factible que la señora C.L.P. pudiera haber incurrido en la comisión de los supuestos delitos de falsificación y apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales».
La denuncia que dio origen a la causa, a la que ha tenido acceso este diario, no solo se dirige a las irregularidades supuestamente cometidas en la guardería del Hospital de Vall d’Hebron. Abarca también otros hechos presuntamente delictivos de corrupción por los que se señala a una decena de miembros de UGT. Entre ellos, algunos de sus principales líderes a nivel autonómico.
