Trama de UGT-Cataluña: «La jefa sacó papeles de la guardería por la escalera de incendios»

La dirección del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) hicieron caso omiso a varios escritos en los que se denunciaban las irregularidades por las que un juzgado investiga ahora a una delegada de UGT y a su marido, inspector de la Policía Nacional, por blanqueo de capitales y otros presuntos delitos supuestamente cometidos en la guardería de ese hospital público. En uno de esos documentos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) llegó a denunciar que en febrero de 2019 la delegada de UGT sacó bolsas de supermercado llenas de «documentos» de la guardería por la escalera de incendios del Vall d’Hebron para introducirlas a escondidas en el coche de su marido.

«Esta situación de falta de control por parte del señor Martínez Ibáñez (gerente del hospital Vall d’Hebron) ha ocasionado que la señora C.L. (presidenta de la guardería y delegada de UGT) sacara bolsas de supermercado llenas de documentos hasta el coche de del señor F. (su marido) por la escalera de incendios del hospital, asunto sobre el cual tenemos testigos», afirmaba una carta dirigida por CSIF al director de Recursos Humanos del Hospital Vall d’Hebron, Carles Civit.

La misiva, a la que ha tenido acceso este diario, tiene el sello de entrada del registro del Hospital Vall d’Hebron con fecha de 14 de marzo de 2019. Para entonces, la Guardia Civil ya investigaba a la responsable de la guardería por la posible «comisión de los supuestos delitos de falsificación y apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales» entre los años 2013 y 2019, según informes policiales de la causa a los que ha tenido acceso este diario.

Según la misma carta, la investigada «guardaba en el último cajón del archivador de la sección sindical toda la documentación sensible sobre la guardería, cosa de la que también tenemos testigos». Desde el mes de agosto de 2018, el mismo sindicato había dirigido diversos escritos al gerente del hospital, Vicens Martínez Ibáñez y a Josep Argimon, entonces director del Instituto Catalán de la Salud (ICS). En ellos, CSIF solicitaba información y medidas respecto al acuerdo por el cual el ICS cedió en el año 2013 la gestión y el uso de la guardería del hospital público a la asociación Escola Bressol de l’Hospital Univeritari de la Vall d’Hebron. Se trata de la asociación presidida por la delegada de UGT que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

Blanqueo en la guardería del Vall d’Hebron

La Guardia Civil también investiga a un inspector de la Policía Nacional, pareja sentimental de la responsable de la escuela infantil, que trató de interferir en las pesquisas de una causa en la que se investiga la posible implicación de varios dirigentes de UGT-Cataluña en una presunta trama de corrupción en el hospital Vall d’Hebron y otros organismos dependientes de la Generalitat.

Entre otras cuestiones, y en reiterados escritos que disponen del sello de registro de entrada del hospital, CSIF se dirigía a los responsables del Vall d’Hebron y al gerente del ICS para pedir que se convocara la mesa de seguimiento del acuerdo suscrito en 2013 entre la empresa pública de la Generalitat y la asociación gestiona la guardería del hospital. También se solicitaba la designación de un interventor económico para controlar el estado de las cuentas, entre otras medidas.

Ninguno de los escritos de CSIF obtuvieron respuesta, según consta en la carta dirigida en marzo de 2019 en la que se denunciaba que un mes antes la presidenta de la guardería y delegada de UGT en ese hospital público habría sacado bolsas llenas de documentos por la escalera de incendios para introducirlas en el coche de su marido. Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del hospital y con el ICS. Ningún responsable de ambos organismos ha querido hacer declaraciones por tratarse de «una investigación judicial en curso». Tampoco la presidenta de la guardería del hospital ha querido dar su versión de los hechos a THE OBJECTIVE pese a los reiterados intentos de este medio por ponerse en contacto con ella.

Investigan a un inspector de la Policía Nacional

Tres meses antes de la carta en la que CSIF denunciaba que la presidenta de la guardería podría haber sacado documentos a escondidas, y por la escalera de incendios del edificio, la Policía Nacional había comunicado a la juez que un inspector, pareja sentimental de la investigada, había llamado en al menos dos ocasiones para tratar de conseguir información sobre la investigación abierta contra su mujer. La juez a cargo del caso ordenó entonces dar traslado de las pesquisas a la Guardia Civil para esclarecer si el mencionado inspector de la Policía Nacional pudo haberse lucrado con las presuntas actividades ilícitas por las que su pareja está siendo investigada.

Por esta razón, los agentes solicitaron a la juez que se ampliara la investigación patrimonial también al compañero sentimental de la responsable de la guardería. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona aceptó la petición y libró diversos mandamientos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a distintos organismos de la Seguridad Social y al Banco de España. Uno de los objetivos es conocer el patrimonio, la situación tributaria y todos los préstamos, créditos y cuentas bancarias que el inspector de la Policía Nacional y su pareja tuviesen en España y en el extranjero desde el año 2013.

Un mes después, y de nuevo a petición de la Guardia Civil, la juez también se dirigió a cinco entidades bancarias en las que ambos tenían cuentas abiertas. La instructora subrayó que el patrimonio imputable a una persona investigada por blanqueo de capitales «suele estar a nombre de un tercero». «Razón por la que la investigación patrimonial también se extiende al compañero sentimental de la investigada», señaló la juez en un auto dictado el 28 de febrero de 2020.

«Se cree conveniente realizar un estudio pormenorizado de las cuentas bancarias de las dos personas investigadas, conocer qué personas son los titulares y/o autorizados para operar con dichas cuentas, así como el cauce que siguen los movimientos de entrada y salida de dinero (origen y destino) para poder concretar si dichos movimientos pudieran tener su procedencia en alguna de las actividades ilícitas que se están investigando», indicaban los investigadores.

«Ingente documentación aportada»

La juez requirió a los cinco bancos información detallada de las cuentas de los investigados. Entre otra documentación, se han remitido todos los extractos de movimientos de cuentas y depósitos a nombre de la delegada de UGT y del inspector de la Policía Nacional. También datos identificativos de las transferencias bancarias recibidas y emitidas, y una relación de todos los productos financieros contratados por cada uno de ellos.

Ante «la ingente documentación aportada» sobre la situación patrimonial de los investigados -y también la referente a la asociación que preside la responsable de la guardería del Vall d’Hebron-, la juez prorrogó otros seis meses la investigación a petición de la Fiscalía. El actual plazo de instrucción concluía el próximo 29 de julio.

«Se halla pendiente de concluir la investigación policial al hallarse pendiente el análisis de la ingente documentación recabada por la unidad de investigación policial, de tal modo que, en este momento procesal resulta imposible determinar las circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que hayan podido intervenir en su participación ni las eventuales diligencias de instrucción que proceda practicar en la averiguación de los hechos investigados», señalaba la juez en el auto en el que acordó la penúltima prórroga de la instrucción.

Pagos en B y apropiación de recursos públicos

En uno de los informes de investigación del caso, la Guardia Civil detallaba los presuntos hechos delictivos descritos por los denunciantes y testigos a los que interrogó la Policía Nacional. Entre otras presuntas irregularidades, los agentes del Instituto Armado señalan la presunta utilización de recursos públicos del hospital y créditos sindicales, así como la posible emisión de facturas falsas y pagos en ‘B’ por trabajos de mantenimiento y obras que habrían sido realizadas en la guardería por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo.

Uno de los sindicalistas de UGT que han declarado como testigos durante la investigación manifestó «que la señora C.L.P. tenía una cuenta asociada a la guardería con un saldo superior a los 100.000 euros». Así lo indicaba la Guardia Civil en un informe en el que concluía: «Por todo lo expuesto es factible que la señora C.L.P. pudiera haber incurrido en la comisión de los supuestos delitos de falsificación y apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales».

La denuncia que dio origen a la causa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no solo se dirige a las irregularidades supuestamente cometidas en la guardería del Hospital de Vall d’Hebron. Abarca también otros hechos presuntamente delictivos de corrupción por los que se señala a una decena de miembros de UGT. Entre ellos, algunos de sus principales líderes a nivel autonómico.