Xiaojuan Li: el misterioso proveedor que pone en jaque al Gobierno en dos juzgados
El representante legal de la firma que trajo las mascarillas ‘fake’ de Illa está vinculado a una mercantil que se llevó otro macrocontrato investigado
Foto de archivo de mascarillas de protección individual. | Europa Press
El nombre de la mercantil china Hangzou Ruining Trading no es el único vínculo entre las dos causas judiciales que ponen en jaque al Gobierno por los contratos covid. Otro nexo une los dos casos en los que dos juzgados distintos de Madrid investigan al exministro de Sanidad Salvador Illa y otros tres altos cargos del Ejecutivo por las adjudicaciones para traer material sanitario desde China durante la primera ola de la pandemia, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Se trata de Xiaojuan Li, representante legal de Hangzhou Ruining Trading, la empresa que trajo las mascarillas defectuosas por las que el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha reabierto la investigación contra Salvador Illa por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario. Además de aparecer como representante legal en esa firma china, que recibió dos contratos por importe de 74,7 millones de euros del Ministerio de Sanidad, Xiaojuan Li también figuraba entre los socios fundadores de HongKong Travis Asia Limited.
Esta última empresa se llevó el más cuantioso de los 12 contratos por los que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid tiene imputados, por un posible delito de malversación, a dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general del Ministerio de Hacienda. La operación hizo que se pagaran a HongKong Travis Asia Limited un total de 196,5 millones de euros por traer a España 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección. Xiaojuan Li, representante legal de la empresa que trajo las mascarillas fake que salpican a Illa, también aparece junto a Xueli Yu como uno de los dos empresarios chinos que fundaron y aportaron el capital inicial de HongKong Travis Asia Limited en 2019, tal y como adelantaron Vozpópuli y Okdiario.
Un pelotazo de 360 millones
El nombre de Xiaojuan Li aparece en las dos empresas chinas, una con sede en Hong Kong y otra en la China continental, se llevaron un tercio del fondo de 1.000 millones de euros puesto en marcha para traer material sanitario del país asiático durante la primera ola de la pandemia a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). En total, Hangzhou Ruining Trading y HongKong Travis Asia Limited se llevaron ocho adjudicaciones de ese organismo público por importe de 361 millones de euros. Sin embargo, en la actualidad, los nombres de los responsables y administradores de la segunda de esas empresas aparecen como «no disponibles» en el registro mercantil de Hong Kong, según ha podido comprobar este diario.
Los dos contratos adjudicados a Hangzhou Ruining Trading, y el más cuantioso de los seis otorgados a HongKong Travis Asia Limited, se encuentran en el centro de las dos causas abiertas en los juzgados de instrucción 14 y 26 de Madrid. En el primero se investiga la posible implicación de Salvador Illa en un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario, a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el exministro y actual líder del PSC. Esto, por la gestión de un lote de dos millones de mascarillas que no cumplían con los niveles de seguridad exigidos y que fueron utilizadas por médicos en distintos hospitales de España que atendían a pacientes con covid-19 entre los días 5 y 17 de abril de 2020.
En la segunda causa, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga a dos exaltos cargos de Sanidad y una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en los contratos covid otorgados por el Gobierno, sin licitación ni publicidad previa, a empresas de las que se desconocía incluso su domicilio fiscal. A raíz de una querella interpuesta por Vox, se investiga un posible delito de malversación en una docena de contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020.
Tres imputados por malversación
Los tres altos cargos del Gobierno imputados en esa segunda causa son el exdirector del Ingesa Alfonso María Jiménez Palacios, ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda; y Patricia Lacruz, exdirectora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSSNSF).
Esta última fue cesada en su cargo en el Gobierno el pasado 30 de agosto -después de que la jueza decidiera ampliar y prorrogar la investigación-, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). La directora general de Farmacia, que también firmó la polémica adquisición de las mascarillas defectuosas por las que se investiga a Salvador Illa, presentó su dimisión alegando motivos personales, según avanzó el diario La Razón.
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga el segundo de los contratos adjudicados a Hangzhou Ruining Trading, suscrito el 28 de marzo de 2020 y por el que la mercantil china percibió otros 43,3 millones de euros para traer a España 2,3 millones de unidades de monos desechables de protección para los sanitarios. En el mismo caso, la juez Concepción Jerez investiga el contrato de 196 millones de euros adjudicado a HongKong Travis Asia Limited para traer 56 millones de mascarillas. En ambos casos, los contratos fueron suscritos por el entonces director del Ingesa, Alfonso María Jiménez.
Informaban a Illa
Durante su declaración ante la juez, el pasado mes de abril, los tres imputados defendieron haber actuado conforme a la normativa vigente y aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores, según informaron fuentes jurídicas. En concreto, Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados. También reveló que el equipo interministerial que decidía las adjudicaciones a empresas chinas se basó en un listado de empresas recomendadas por la Embajada de España en Pekín.
A pesar de que la Fiscalía pidió archivar la causa, al considerar que la querella de Vox se sustentaba «en meras conjeturas y sospechas», la juez Concepción Jerez acordó prorrogar la investigación otros seis meses meses para esclarecer si se cometió un delito de malversación en la adjudicación de los contratos. La magistrada solicitó nueva documentación a los imputados, defendidos por la Abogacía del Estado, y les llamó a declarar por segunda vez el pasado mes de noviembre. La declaración fue aplazada sin fecha debido a que la documentación requerida fue entregada apenas 24 horas antes de que los investigados tuviesen que declarar ante la juez. La acusación, ejercida por Vox, pidió más tiempo para poder estudiar la ingente prueba documental aportada in extremis.
