Una dilación del Gobierno vuelve a frenar la causa por los contratos covid de Moncloa
La entrega ‘in extremis’ de nuevas pruebas documentales, que Vox solicitó hace meses, obliga a aplazar la declaración de tres altos cargos investigados por la juez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto al exministro de Sanidad Salvador Illa (i). | Europa Press
Nuevo frenazo a la investigación del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid sobre las presuntas irregularidades en los contratos covid adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez en la primera ola de la pandemia. La entrega in extremis de nuevas pruebas documentales que la acusación había solicitado, pero que no habían sido aportadas hasta ahora, ha provocado el aplazamiento de la declaración de los tres altos cargos del Ejecutivo que estaban citados a declarar este jueves en calidad de investigados por posible malversación en una docena de adjudicaciones para traer material sanitario a España en marzo y abril de 2020. Contratos por los que se pagaron 310 millones de euros en los primeros compases de la pandemia a empresas que entregaron material defectuoso o que no tenían experiencia previa en el sector sanitario. Entre ellas, la misteriosa mercantil china HongKong Travis Asia Limited, que recibió 196,5 millones de euros a cambio de 56,2 millones de mascarillas no homologadas.
Los imputados, cuya defensa ejerce la Abogacía del Estado, no entregaron hasta el miércoles -24 horas antes de su cita con la juez- las pruebas documentales solicitada hace meses a instancias de Vox, según confirman fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Ante la entrega tardía de la documentación, con la que se buscaba dar impulso a la causa, los abogados del partido de Santiago Abascal pidieron a la titular del juzgado que aplazase la declaración de los tres investigados para poder analizar las nuevas pruebas aportadas. La juez ha entendido que la acusación no había tenido margen suficiente para estudiar los documentos y ha aceptado aplazar la declaración de los investigados.
La petición de aplazamiento se produjo nada más iniciarse la vista de este jueves, una cita a la que esta vez sí acudió la Fiscalía, según confirman fuentes del caso. El Ministerio Público había solicitado en junio el archivo de la investigación al entender que la querella que dio inicio a la investigación, interpuesta por Vox, se basaba «en meras conjeturas y sospechas». Sin embargo, la juez Concepción Jerez rechazó dar carpetazo a la causa al apreciar suficientes indicios de un posible delito de malversación. Prorrogó hasta fin de año la investigación, tal y como solicitaba la formación de Santiago Abascal, y citó a declarar a los querellados por segunda vez en siete meses.
Una comparecencia prevista para este jueves, pero que finalmente ha sido aplazada sin fecha por la entrega tardía de los documentos requeridos, con los que se intenta esclarecer algunas de las incógnitas que quedaron abiertas tras la primera declaración de los investigados, el pasado mes de abril. Entre otras cuestiones desveladas entonces por los imputados, dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general de Hacienda, se trata de aclarar qué expertos formaban parte del equipo interdisciplinar que decidía sobre las adjudicaciones a empresas para traer material sanitario a España en la primera ola de la pandemia, y qué compañías adjudicatarias estaban en el listado de proveedores chinos facilitado por la Embajada española en Pekín en marzo de 2020.
Comité de expertos del Gobierno
La acusación consideraba necesario pedir a los investigados cualquier indicio documental «que acredite la existencia de dicho comité de expertos», como las actas de sus reuniones o los correos electrónicos que avalaron las compras de material sanitario que se investigan en la causa, según un escrito presentado el pasado 6 de mayo por Vox para pedir una prórroga de la investigación. La querella que dio inicio a la causa iba dirigida contra tres altos cargos del Ejecutivo, a quienes se investiga por posibles irregularidades y presunta malversación en la adquisición del material sanitario.
Se trata de Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda; y Patricia Lacruz, exdirectora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.
Las diligencias se centran en una docena de los 56 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. El partido de Santiago Abascal sostiene que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. La investigación busca arrojar luz sobre las adjudicaciones a empresas de «dudosa» existencia en las que se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio, según Vox.
Altos cargos investigados
Durante su primera declaración ante la juez, a la que no acudió la Fiscalía, los tres altos cargos defendieron haber actuado conforme a la normativa vigente, a pesar de las acusaciones de haber concedido los contratos a empresas sin experiencia en el sector o a otras que entregaron materiales defectuosos o de mala calidad, en su mayoría firmas chinas que no tenían domicilio fiscal ni razón social en España.
Los investigados aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores. En concreto, según fuentes jurídicas, Alfonso María Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre los contratos adjudicados. También reveló que el equipo interministerial que decidía las adjudicaciones se basó en un listado de empresas recomendadas por la Embajada de España en China.
En su escrito para solicitar la ampliación del plazo de la investigación, Vox señalaba la conveniencia de que el director del Ingesa justificase documentalmente las consultas realizadas con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín y el listado de posibles suministradores de material sanitario realizado por ese departamento, así como la primera petición formal realizada a 19 empresas el 22 de marzo de 2020, tal y como consta en la información que el investigado facilitó al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, entre los motivos alegados para justificar la prórroga de la investigación, Vox mencionaba la pertinencia de solicitar a Alfonso María Jiménez documentos que demuestren las consultas realizadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y Comercio, al Instituto de Salud Carlos III, al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Comercio Exterior.
