Contratos covid del Gobierno: tres imputados deberán aclarar si existió el comité de expertos

Nueva cita con la Justicia para dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general de Hacienda investigados por presuntas irregularidades en una docena de contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola de la pandemia. La titular del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid les tomará declaración este jueves, por segunda vez en siete meses, para intentar esclarecer algunas de las incógnitas que quedaron abiertas tras su comparecencia del pasado mes de abril. Asuntos por los que la juez decidió prorrogar la investigación, a pesar de que la Fiscalía pidió en verano dar carpetazo a la causa, al entender que se sustentaba «en meras conjeturas y sospechas».

Entre otras cuestiones desveladas durante la primera declaración de los investigados, según fuentes jurídicas, se tratará de aclarar qué expertos formaban parte del equipo interdisciplinar que decidía sobre las adjudicaciones a empresas para traer material sanitario a España en la primera ola de la pandemia, y qué compañías adjudicatarias estaban en el listado de proveedores chinos facilitado por la Embajada española en Pekín en marzo de 2020. Como adelantó THE OBJECTIVE, la juez Concepción Jerez rechazó la petición de la Fiscalía de archivar la causa, iniciada a raíz de una querella de Vox que iba dirigida contra tres altos cargos del Ejecutivo, a quienes se investiga por posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario.

Se trata de Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda; y Patricia Lacruz, exdirectora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia. Se investiga si pudieron incurrir en varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la tramitación de los contratos de emergencia del primer estado de alarma.

Las diligencias se centran en una docena de los 56 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. El partido de Santiago Abascal sostiene que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. La investigación busca arrojar luz sobre las adjudicaciones a empresas de «dudosa» existencia en las que se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio, según Vox. 

El comité de expertos del Gobierno

La juez instructora rechazó dar carpetazo a la causa en verano. Prorrogó hasta fin de año la investigación, tal y como solicitaba la formación de Santiago Abascal, y citó a declarar de nuevo a los querellados. En su escrito para solicitar la ampliación del plazo de instrucción, Vox señalaba la conveniencia de que se identifique por parte de los investigados quiénes formaban parte del equipo multidisciplinar que decidía sobre la contratación de material sanitario, con especial referencia para que aclaren de qué área eran expertos o sobre la cual tenían conocimientos específicos, según informan fuentes jurídicas a este diario.

La acusación también consideraba necesario pedir a los investigados cualquier indicio documental «que acredite la existencia de dicho comité de expertos», como las actas de sus reuniones o los correos electrónicos que avalaron las compras de material sanitario que se investigan en la causa. Durante su primera declaración ante el juez, a la que no acudió la Fiscalía, los tres altos cargos defendieron haber actuado conforme a la normativa vigente, a pesar de las acusaciones de haber concedido los contratos a empresas sin experiencia en el sector o a otras que entregaron materiales defectuosos o de mala calidad, en su mayoría firmas chinas que no tenían domicilio fiscal ni razón social en España.

Los investigados aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores. En concreto, según fuentes jurídicas, Alfonso María Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre los contratos adjudicados. También reveló que el equipo interministerial que decidía las adjudicaciones se basó en un listado de empresas recomendadas por la Embajada de España en China.

El listado de la Embajada en Pekín

En su escrito para solicitar la ampliación del plazo de la investigación, fechado el pasado 6 de mayo, Vox señalaba la conveniencia de que el director del Ingesa justifique documentalmente las consultas realizadas con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín y el listado de posibles suministradores de material sanitario realizado por ese departamento, así como la primera petición formal realizada a 19 empresas el 22 de marzo de 2020, tal como consta en la información que el investigado facilitó al Tribunal de Cuentas.

Asimismo, entre los motivos alegados para justificar la prórroga de la investigación, Vox mencionaba la pertinencia de solicitar a Alfonso María Jiménez documentos que demuestren las consultas realizadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y Comercio, al Instituto de Salud Carlos III, al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Comercio Exterior.

También se mostraba a favor de solicitar a los investigados pruebas documentales de las devoluciones de dinero al Estado en aquellos casos en los que se acabó resolviendo el contrato con las empresas contratadas como consecuencia de la entrega de material defectuoso, ya que ante la ausencia de dicha documentación cabría la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos de naturaleza socio-económica.

Los contratos que investiga la juez

El principal de los contratos contratos investigados por el momento es el que Ingesa adjudicó a la mercantil HongKong Travis Asia Limited. Una operación por la que se pagaron 196,5 millones de euros a cambio de 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección a una misteriosa sociedad mercantil cuyo domicilio fiscal estaba fuera de España y que no registraba ninguna actividad en Internet. Además, tampoco se conocía quién estaba detrás de ella, a pesar de que ese contrato suponía casi el 20% del fondo de contingencia de mil millones que el Gobierno había reunido de urgencia para el suministro de material sanitario durante la primera fase de la pandemia.

De acuerdo a la querella de Vox, en los contratos investigados por la juez Concepción Jérez se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio. Otras adjudicaciones denunciadas por Vox son la compra de 1.000 respiradores a la empresa china Sysmed; la adquisición de batas desechables a la Weihai Textile Group; o el suministro de reactivos e hisopos para PCR por valor de 4,2 millones de euros a la empresa Value and Bro SL, cuyo objeto social era el asesoramiento legal o laboral. Además de este último proveedor, la querella destaca también otra serie de empresas a las que Sanidad y Hacienda adjudicaron contratos para traer material sanitario a empresas cuyo objeto social era otro muy distinto a el suministro de material sanitario.

Es el caso de FCS Select Products, que se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas y a la que se compraron 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección. También se compraron respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, una sociedad que acababa de crearse para la fabricación de elementos de yeso. Se le abonaron 2,7 millones de euros por adelantado por unos respiradores para el suministro de 144 dispositivos de ventilación mecánica invasiva del modelo Vivo-65 que nunca llegó a suministrar.

La Fiscalía exculpa a los investigados

En el escrito en el que solicitaba el archivo de la investigación, la Fiscalía exculpaba a los tres querellados en los hechos denunciados por Vox. Para el representante del Ministerio Público resultaba «relevante» la declaración que en sede judicial hizo el director de Ingesa quien, si bien admitió que era la persona responsable respecto a los contratos celebrados por su departamento, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte Tribunal de Cuentas, «donde en consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases». 

En cuanto a las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el fiscal aseguraba que la primera de ellas asumió el cargo del órgano de contratación respecto del Ingesa durante solo cinco días, «sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa». 

Respecto a la segunda de las investigadas, indicaba el Ministerio Fiscal, «nada se ha podido acreditar, ya que la misma carecía de competencias a los efectos de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal». La Fiscalía provincial de Madrid consideraba que existe una falta «total» de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y los indicios existentes contra los investigados.