La sanidad privada de Sevilla dejará de trabajar con varias aseguradoras en septiembre

Los médicos de la sanidad privada ya están librando su batalla y no piensan parar hasta ganar la guerra. A partir del 1 de septiembre, el 95% de los sanitarios de prácticamente todas las especialidades en Sevilla cesarán su actividad con varias compañías aseguradoras tras meses intentando sentarse a negociar una actualización de sus tarifas conforme al IPC, después de más de 20 años congeladas, como contamos en THE OBJECTIVE. Una iniciativa que esperan se extienda a toda España y que suponga el fin de un modelo «que ya no funciona».

Una drástica medida que ya comenzaron los médicos digestivos el pasado 1 de julio suspendiendo de forma indefinida el ejercicio de las consultas a pacientes de DKV, Mapfre y Asisa. También los urólogos anunciaron que dejarán de prestar estas asistencias a pacientes de DKV y Medifiact a partir de otoño. Y ahora, a estas dos especialidades, se suman todas las demás para forzar el diálogo y así poder vivir «dignamente».

De esta forma, unos 1.900 médicos de la provincia de Sevilla han sido los primeros en romper la burbuja y dejarán de prestar asistencia a pacientes de las aseguradoras Adeslas, DKV, Asisa, Mapfre o Medifiact, entre otras –que cuentan con medio millón de asegurados en la capital andaluza–, si no llegan a un acuerdo con el colectivo médico privado que lleva desde 1992 sin que se actualicen sus honorarios. Por entonces se estableció una retribución por consulta de 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora. Así lo confirma a este periódico el Dr. Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), asociación que representa a la mayoría de los médicos autónomos en España y que fue el pionero en comenzar esta batalla.

Pago con reembolso

«La única solución es que las compañías entiendan que no pueden imponer precios a los médicos y ocultarlo a sus asegurados. Deberían explicar que tienen unos baremos de coberturas y operar mediante el reembolso de gastos», explica el Dr. Guerrero, que asegura que la media de un seguro familiar, para unas cuatro personas, es de unos 200 euros, de los cuales al médico solo le llega unos 12-15 euros por consulta. «Esto es tremendo, o se sientan a negociar o el modelo se acabó», se muestra tajante, asegurando que entre septiembre y octubre «todas las especialidades» romperán relaciones con aquellas compañías que no se hayan sentado a negociar. Así, a partir del primer día del próximo mes, el paciente que acuda a un profesional médico mediante alguna de las aseguradoras mencionadas tendrá que abonar el servicio a la clínica y luego solicitar el reembolso a su compañía sanitaria. Hasta el momento, según el presidente de Unipromel, solo Caser y Cosalud están en proceso de negociación.

Una decisión que ha sido respaldada por el Colegio de Médicos de Sevilla. Su presidente, el Dr. Alfonso Carmona, publicaba recientemente en ABC Sevilla una tribuna titulada ‘Sanidad privada actual: un modelo agotado. La verdad de las cosas’ en la que denuncia el «desprecio» de las compañías tras «más de 20 años aprovechándose de nuestro trabajo y dedicación». Además, el Dr. Carmona pide al colectivo unión «en todas las reivindicaciones».

Según indican los especialistas, tanto esas compañías sanitarias aseguradoras como la gerencia de los Centros Hospitalarios, están informados de esta situación, con el objetivo de minimizar los perjuicios que pueden causarse en los pacientes. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con las principales compañías aseguradoras (Sanitas, Asisa, DKV, SegurCaixa Adeslas) habiendo obtenido respuesta solo por parte de Sanitas, que asegura que a ellos no les afecta la huelga, sin entrar en más detalles.

20 euros por consulta, 10 la revisión

La asociación de médicos de ejercicio libre lleva varias semanas recopilando los baremos de todas las especialidades por aseguradora y, con algunas variaciones, la primera consulta suele rondar los 20 euros, mientras que solo reciben unos diez euros por una revisión con el mismo paciente. Si el paciente necesita una tercera o cuarta visita corre a cuenta del médico. Así, por ejemplo, se puede ver como un profesional de Salus Seguros cobra 18 euros por una primera consulta de cardiología y 7,65 en la segunda; y un ginecólogo de Mapfre recibe 21,2 euros por consulta y 8,41 por revisión. Puedes consultar todos lo baremos aquí.

La mayoría de las aseguradoras mantienen una escala de entre siete y 12 euros por consulta, según el baremo facilitado por Unipromel. Mapfre paga a sus médicos nueve euros por la primera consulta, Sanitas (11 euros), Adeslas Segurcaixa (10,07), DKV Seguros Funcionarios (ocho euros), DKV Seguros (8,50), Caser (7,21), Axa Winterthur (10 euros), Seguros Catalana Occidente (12,00) y Asefa Seguros (8,80 euros).

Ante esta situación, con tres compañías (SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa) controlando el 60% de los seguros de salud y la cuarta parte de la población (12 millones) con una póliza, los sanitarios piden subir sus tasas un 150% para dejar de trabajar por debajo de costos. Y es que el doctor Guerrero asegura que para que salgan las cuentas los médicos de la sanidad privada tienen que atender a unas 150 personas a la semana, unas 600 al mes.

Investigación de la CNMC

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha constatado que las grandes compañías de seguros controlan 10 puntos más de cuota de mercado que hace una década, con el 60% de la cuota concentrada en Adeslas, Sanitas y Asisa. Esa concentración en el sector no se ha frenado desde 2010. Como consecuencia, si entonces había 109 empresas de seguros sanitarios, a día de hoy sobreviven 64, según la Dirección General de Seguros.

Esta situación ha llevado a la CNMC a poner en marcha una investigación sobre el estado del mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España, con el objetivo de «identificar barreras a la competencia en este sector», según ha informado en un comunicado. De esta forma, el regulador sigue de cerca varios movimientos que están llevando a cabo las compañías y analiza aspectos como la concentración en la oferta de los servicios sanitarios o la relación entre entidades aseguradoras y prestadoras de servicios sanitarios.

Además, hay dos prácticas que «preocupan» especialmente al regulador. Por un lado, la integración entre compañías de seguros y servicios hospitalarios y, en el caso de los pacientes, lo que se describe como «pacientes prisioneros de sus aseguradoras». Así,  las compañías de seguros suelen aumentar las primas que cobran a sus clientes si alguien tiene una enfermedad previa -antes de firmar el seguro–, pero tienen prohibido cobrarles más si esa enfermedad se produce durante la cobertura. No obstante, lo que ocurre es que si un paciente enferma habiendo firmado un seguro, queda prisionero de esa compañía porque otras aseguradoras no van a permitir su traslado.