Sanidad admite que nunca usó el megacontrato de Illa porque se abasteció a dedo antes
El Ingesa también proveía de material sanitario a las comunidades que tampoco hicieron uso del acuerdo marco
Salvador Illa, exministro de Sanidad. | EP
El Ministerio de Sanidad no hizo uso ni una sola vez del acuerdo marco de 2.500 millones de euros que el entonces responsable de ese departamento, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 con el supuesto objetivo de intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y ministerios para garantizar el suministro a un precio razonable. Así se desprende de una respuesta del propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –organismo de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco de Illa– al juez de la Audiencia Nacional que analiza la demanda de uno de los licitadores que reclama 2,6 millones de euros por daños y perjuicios al Estado.
En el documento, aceptado como prueba el juez, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE por fuentes jurídicas, está firmado por un cargo intermedio del Ingesa, que se negaba a explicar por qué el acuerdo marco estaba resultando un fiasco. Tan solo se adjudicaron uh 6% de los 2.500 millones de euros previstos, entre otras razones y según reveló este diario, por el abuso de las adjudicaciones a dedo a compañías como Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con la que supuestamente se lucraron los investigados del caso Koldo, y decenas de firmas chinas de origen desconocido o que carecían de experiencia en el transporte de material sanitario. Entre ellas, HongKong Travis Asia Limited, que resultó adjudicataria en abril de 2020 de un contrato de 196,5 millones por un contrato de mascarillas que tardó casi un año en traer a España. De hecho, apenas cuando se ponía en marcha el contrato público impulsado por Illa, esa firma china aún tenía pendientes de entrega más de 40 millones de las mascarillas que el propio Ingesa le había adjudicado.
Anunciado en agosto de 2020 por el entonces director general de ese organismo de Sanidad-hoy imputado en el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid por presunta prevaricación en la adjudicación irregular de contratos a firmas chinas al inicio de la pandemia, una causa iniciada por una querella de Vox-, el mecanismo puesto en marcha para centralizar y hacer transparente la compra de mascarillas se retrasó cuatro meses y acabó siendo un fiasco. A pesar de que las empresas seleccionadas tenían millones de mascarillas ya en España, dispuestas a ser entregadas a las administraciones centrales y autonómicas a un precio hasta diez veces inferior, empresas como Kaelis fueron seleccionadas para el contrato pero no recibieron una sola adjudicación en todo un año.
En un mail, fechado en marzo de 2021, el propio Ingesa ocultaba a la empresa demandante cualquier información sobre las razones por las que ninguna administración estaba acudiendo al acuerdo marco de Illa. Un contrato público y centralizado que exigía a las empresas seleccionadas ajustar mucho a la baja sus precios y tener el material sanitario contratado previamente y almacenado ya en España. El organismo, dirigido entonces por Alfonso María Jiménez, achacaba la «demora» a cuestiones presupuestarias y se negaba a dar un dato que ahora la Audiencia Nacional está exigiendo al Ingesa: el número exacto de mascarillas que el Ingesa tenía almacenadas o pendientes de entrega.
«Respecto a la Reserva estratégica se mantiene el interés del Ministerio en su mantenimiento y consolidación, existiendo una decisión formal de adquirir el número necesario de los productos que se previeron en su definición y que no estuvieran ya disponibles. La demora en la tramitación efectiva de los contratos basado que hay que realizar, se está produciendo por el cierre y apertura contable del presupuesto y la habilitación del crédito», se lee en la misiva tras la reclamación de una de las empresas seleccionadas, que nunca recibió una adjudicación a pesar de ofrecer uno de los precios unitarios más económicos por mascarilla quirúrgica y que ahora exige en una demanda ante la Audiencia Nacional un total de 2,6 millones de euros al Ingesa por las pérdidas que supuestamente le ocasionó el incumplimiento del contrato.
De igual forma, en el escrito, el Ingesa reconoce que solo tres administraciones hicieron uso del acuerdo marco para la adquisición de batas quirúrgicas (lote 1) y mascarillas quirúrgicas (lote 7), y otras seis acudieron al acuerdo para la compra de mascarillas FFP2 (lote 8). Sin embargo, a través del Acuerdo Marco, 21 entidades adheridas (las 17 comunidades –menos la comunidad valenciana, Ceuta y Melilla, el Ingesa y los ministerios de Interior y Defensa), podían acceder a la compra de 11 lotes de material sanitario para hacer frente a la covid-19. Los demandantes sospechan que la Reserva Estratégica Nacional estaba conformada por cientos de millones de mascarillas compradas a dedo por el Gobierno en la primera ola y que, por tanto, la convocatoria del acuerdo marco se hizo de cara a la galería, lo que podría ser objeto de una futura querella por estafa.
Reserva estratégica
Para hacer frente a la escasez de material sanitario durante la pandemia y evitar que pudieran producirse episodios de carestía, el Ingesa constituyó una Reserva Estratégica al inicio de la pandemia. Así se desprende de los propios pliegos del Acuerdo Marco. De hecho, en los pliegos se señala que el Ingesa utilizaría el Acuerdo Marco para dotar esta reserva. Sin embargo, lo cierto es que el organismo dependiente de Sanidad nunca utilizó el Acuerdo Marco para adquirir material para su Reserva Estratégica ya que esta estaba tan extraordinariamente dotada con compras hechas mediante contratos de emergencia que hizo innecesario que se volviera a dotar durante la ejecución del contrato, en vigor entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021.
De hecho, según una resolución del Portal de Transparencia tras una pregunta de THE OBJECTIVE, Sanidad reconoce que aún guarda 140 millones de esas mascarillas quirúrgicas –ya caducadas– cuyo valor cifra en un precio medio de 0,43 euros la unidad, un valor diez veces superior al que ofrecían algunas empresas del acuerdo marco, que ofrecían el mismo tipo de cubrebocas a menos de cinco céntimos la unidad.
Según la empresa demandante sospecha que cuando se convocó el Acuerdo Marco ya había 500 millones en stock compradas a dedo, con un sobreprecio de 0,38 euros, y por eso ninguna administración hizo uso de él. En total, 190 millones de euros que el Ministerio de Sanidad habría pagado de más solo en mascarillas durante el estallido de la pandemia, convirtiendo el Acuerdo Marco en una especie de subasta al llevar a las compañías a un espiral de bajada de precios.
Suministro de material a las comunidades autónomas
La Audiencia Nacional, en el marco de la demanda de una de las empresas seleccionadas contra Sanidad, como adelantó THE OBJECTIVE en exclusiva, reclama conocer la cantidad total y exacta de mascarillas que conformaban el stock de mascarillas de la Reserva Nacional Estratégica, respecto de los lotes 1 y 7 del contrato, en el momento en que convocó el acuerdo marco.
La dotación inicial de la Reserva Estratégica, según sospechan las empresas afectadas, era tan grande que no solo hizo innecesario que se volviera a dotar durante la ejecución del Acuerdo Marco, sino que además se utilizó para suministrar material sanitario a gran parte de las entidades adheridas, comunidades autónomas y ministerios del Gobierno central, haciendo también innecesario que éstas adquirieran nuevo material y, por tanto, provocaron el fracaso del megacontrato de Illa.
Entre las pruebas admitidas por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional, la Consejería de Salud de Aragón informó por correo electrónico a una de las empresas demandantes que apenas estaban utilizando el contrato porque el Ingesa les seguía suministrando mascarillas de manera constante. «Dado que el material 976 nos lo sigue suministrando el Ingesa y tenemos stock para cubrir tres meses, no estimamos realizar ningún pedido en este año», señalaba el responsable de la Consejería el 4 de noviembre de 2022, es decir, posterior a la finalización del Acuerdo Marco, lo cual pone de manifiesto hasta dónde llegaba la dotación de la Reserva Estratégica del Ingesa.
Además, en la respuesta, dicho responsable se muestra sorprendido e indica que el suministro se estaba prolongando más de lo que ellos esperaban: «En su momento, cuando realizamos la previsión para tramitar el procedimiento de consulta, estimábamos que Ingesa dejaría de suministrar el material en otoño». Nunca ocurrió. Ni siquiera el propio Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, aprovechó un contrato público y transparente que ofrecía la posibilidad de comprar material sanitario a un precio notablemente inferior para las arcas públicas.
