Salvador Illa pagó un sobrecoste de 287 millones por abastecerse a dedo de mascarillas
Las unidades compradas mediante contratos de emergencia tuvieron un recargo de hasta 1,42 euros por unidad
Salvador Illa, exministro de Sanidad. | EP.
El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, pagó un sobrecoste de más de 287 millones (287.592.773) solo en mascarillas quirúrgicas y FFP2 para abastecer la Reserva Nacional Estratégica justo antes de la entrada en vigor del Acuerdo Marco. Son mascarillas compradas mediante contratos de emergencia con un sobreprecio de 0,38 euros, en el caso de las quirúrgicas, y de 1,42 euros, en el caso de las FFP2. Así se desprende de varios documentos facilitados a THE OBJECTIVE por el departamento de Sanidad mediante el Portal de Transparencia.
En una reciente resolución tras una pregunta de THE OBJECTIVE, Sanidad reconoce que tenía 513 millones de mascarillas quirúrgicas y 65 millones de FFPS2 cuando entró en vigor el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros creado, supuestamente, para dotar la Reserva Estratégica. En otra resolución cifra el valor de estas en un precio medio de 0,43 euros y 1,85 dólares (1,72 euros) la unidad, respectivamente. Sin embargo, algunas empresas seleccionadas en el megacontrato de Illa –y a las que nunca se recurrió porque la dotación de la reserva era tan grande que ni el ministerio ni las comunidades hicieron uso del acuerdo marco–, ofrecían mascarillas hasta diez veces más baratas que el precio que el Gobierno calcula que costaron los cubrebocas.
La empresa toledana Prolimax Higiene Industrial fue uno de los licitadores seleccionados en el Acuerdo Marco de Illa con el precio por mascarilla quirúrgica y FFP2 más barato, 0,032 euros y 0,30 por unidad, respectivamente, según una resolución parcial del Acuerdo Marco a la que ha tenido acceso este medio.
La segunda empresa con el precio unitario más económico por mascarilla quirúrgica fue Kaelis World (0,053), que exige ahora en una demanda ante la Audiencia Nacional un total de 2,6 millones de euros al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –organismo de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco de Illa– por las pérdidas que supuestamente le ocasionó el incumplimiento del contrato.
De esta forma, si tenemos en cuenta los precios del acuerdo más bajos, el Ministerio habría pagado un recargo de 0,38 euros, en el caso de las quirúrgicas, y de 1,42 euros, en el caso de las FFP2, con un sobrecoste para las arcas públicas de 287 millones.
Empresas endeudadas
Las empresas que invirtieron sumas de dinero por adelantado para poder optar al megacontrato público de 2.500 millones de euros impulsado por Illa –quien comparecerá en la Comisión de Investigación del Senado el 24 de abril–, tuvieron que ajustarse a precios límite marcados por Sanidad y cumplir una serie de requisitos previos para garantizar que cumplirían con las adjudicaciones recibidas a través del acuerdo marco, al que iban a acudir las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas.
Sin embargo, nunca se recurrió a ellas y, en paralelo, otras firmas de origen desconocido y sin experiencia en el transporte de material desde China siguieron viéndose beneficiadas por los contratos a dedo. Entre ellas, HongKong Travis Asia Limited, que resultó adjudicataria en abril de 2020 de un contrato de 196,5 millones por un contrato de mascarillas que tardó casi un año en traer a España. De hecho, cuando se ponía en marcha el contrato público impulsado por Illa, esa firma china aún tenía pendientes de entrega más de 40 millones de las mascarillas que el propio Ingesa le había adjudicado.
Material de la reserva covid antes del acuerdo marco
En este punto hay que recordar que desde agosto de 2020, el Ministerio de Sanidad ya disponía de ofertas diez veces más económicas. Fue el 4 de agosto de 2020, cuando el por entonces director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, acordó declarar la emergencia para la tramitación de un Acuerdo Marco –que entró en vigor en noviembre–, con miras al Sistema Nacional de Salud, de suministro de material sanitario para hacer frente a la covid-19.
El 17 de agosto se presentaron las ofertas para todos los lotes y 31 empresas –de un total de 46– fueron las adjudicatarias de la venta de 460.704.062 de mascarillas quirúrgicas por un valor de 345.528.046 euros. Sin embargo, a pesar de que a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se acabó ejecutando ni tampoco cuáles fueron las cantidades percibidas por cada una de las empresas que resultaron seleccionadas, el Ingesa, como así reconoció Sanidad, no hizo uso ni una sola vez del Acuerdo Marco en pandemia, ya que la dotación de la reserva era tan grande –600 millones de mascarillas cuando se aprobó el megacontrato de Illa– que ni el ministerio ni las comunidades hicieron uso del acuerdo marco. De estas, 156 millones ya han caducado y el Ministerio busca ahora qué hacer con ellas.
Cuando entró en vigor el Acuerdo Marco, la reserva covid-19, además de 600 millones de mascarillas, disponía de: 1.989.005 batas/buzos, 419.735 gafas, 102.953 geles hidroalcohólicos, 5.333.000 guantes, 39.000 kits de test covid, 10 productores de oxígeno, 937.200 hisopos, 1.340 respiradores, 1.525.950 test de anticuerpos y 4.560.755 test de antígenos.
