El Gobierno da largas a los afectados por AstraZeneca: «Pelearemos en los juzgados»
Más de un centenar de personas piden el reconocimiento de su situación como contingencia laboral
Una vacuna de AstraZeneca contra el Covid | Archivo
Periplo agotador del colectivo de afectados por la vacuna de la covid desarrollada por AstraZeneca. Tras seis meses de reuniones con los diferentes departamentos, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (Ateava) no consigue arrancar un compromiso claro del Gobierno, ya que se pasan la pelota unos a otros mientras el desgaste físico y psicológico de los enfermos aumenta. Resignados, su única salida la ven en los juzgados.
Desde Ateava, en la que hay adscritos 122 damnificados, piden que se reconozca su situación de incapacidad para trabajar como contingencia laboral o enfermedad profesional, ya que los perjuicios en la salud que sufren surgieron «tras vacunarse con AstraZeneca al tratarse de profesionales esenciales». También reclaman un sistema de compensación por los daños vacunales.
Desde entonces, a muchos de ellos le han diagnosticado encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, diferentes procesos trombóticos, patologías cardíacas (miocarditis, infarto de miocardio), neuralgias (del trigémino, de Arnold), neuritis (vestibular, neuromielitis óptica), síndrome de guillain Barré, mielitis transversa, esclerosis múltiple, esclerodermia, sensibilidad química múltiple o electrohipersensibilidad. Todos con diagnósticos médicos donde asocian estas patologías a la vacuna.
Por ello es que desde Ateava llevan luchando tres años por el reconocimiento de su situación como contingencia laboral. Sin embargo, no fue hasta principios de 2024 (2 de febrero) cuando consiguieron su primer ‘logro’: que la Fiscalía General del Estado les abriese sus puertas. No obstante, del fiscal solo arrancaron su compromiso «a trasladar la situación a las administraciones competentes». Posteriormente, reuniones poco fructíferas con el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios más allá de escuchar a los damnificados, «algo impensable hace un año», señala a THE OBJECTIVE Leticia Bravo, presidenta de Ateava.
Reunión con el Ministerio de Sanidad
El pasado 29 de abril, los trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca recibieron un chute de energía: el Ministerio de Sanidad los recibía para escuchar sus peticiones. Minutos más tarde salían de la reunión, que tuvo lugar con Pedro Gullón, director General de Salud Pública, con una nueva decepción: Sanidad señalaba que no es su competencia el reconocimiento de sus situaciones como enfermedad profesional, aunque se comprometía a hacer de puente entre los ministerios pertinentes.
No obstante, desde el departamento de Mónica García reconocían que los afectados por AstraZeneca «hemos sufrido desatención y hemos sido estigmatizados», relata a THE OBJECTIVE Leticia Bravo, que también señala que desde el ministerio reconocen que las vacunas –sin dudar de su eficacia– «han producido efectos secundarios serios o muy serios en algunas personas», y por ello «hay que evaluar lo que se hizo y cómo se hizo».
Un día después, el 30 de abril, representantes de Ateava fueron recibidos por el Ministerio de Derechos Sociales. Desde la administración de Pablo Bustinduy lanzaron la pelota sin mucha dilación a las administraciones pertinentes de las distintas CC.AA., ya que se trata de un ministerio sin apenas competencias al estar transferidas a las regiones.
Reunión con el Ministerio de Trabajo
Este mes llegaba el turno del Ministerio de Trabajo. El pasado 6 de junio, el departamento de Yolanda Díaz, tras mostrar su «sorpresa» –ya que aseguraban no conocer este tipo de problemas derivados de la vacuna–, recibía a varios representantes de Ateava para repetir un mensaje que comienza a sonar a mantra: «El reconocimiento de la contingencia laboral no es competencia de este ministerio». Ahora, Trabajo anima a Ateava a seguir su periplo con una visita al Ministerio de Seguridad Social.
Y así van ya seis meses de reuniones y más de tres años de dolencias –muchas incapacitantes– sin que ninguna administración responda por unos ciudadanos que se encuentran en esa situación por haber estado a la altura de la sociedad en la pandemia. Y es que estas personas, que pertenecieron al colectivo de profesionales esenciales (como profesores, sanitarios, veterinarios o policías), se vacunaron masivamente a partir del 15 de febrero de 2021. Fueron de los grupos poblacionales convocados más tempranamente bajo el argumento de que tenían mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas.
«Nuestra sensación es que los compromisos son muy pequeños. Se van pasando la pelota uno a otros y nos terminan diciendo que no es su competencia, que es de otros», cuenta con decepción la portavoz de Ateava a este medio que, resignada, concluye: «Nos va a tocar pelear en los juzgados y con sentencias ir abriendo camino».
