Canarias se saltó el megacontrato de Illa para comprar mascarillas veinte veces más caras
También adquirió 98.240 batas a la empresa Titerro Internacional, ahora bajo la lupa de la Fiscalía Europea
Ex presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. | EP
El Gobierno de Canarias se saltó el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que el entonces responsable del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 con el supuesto objetivo de intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y ministerios. Contratar fuera de un acuerdo marco en vigor iría en contra de las disposiciones legales establecidas; sin embargo, el Gobierno de Canarias, por entonces capitaneado por el ahora ministro Ángel Víctor Torres, esquivó el megacontrato de Illa para comprar miles de batas y mascarillas a través de otros procesos de contratación a precios desorbitados.
Así se desprende de los informes del Gobierno de Canarias recibidos por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional–a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE– tras una demanda de una de las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según el texto, firmado por el actual director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Sebastián Fuentes Tarajano, «durante el periodo comprendido entre el 02/12/2020 y el 02/12/2021 para el Lote 1 (Bata quirúrgica no estéril, desechable, prestación estándar (normativa productos sanitarios) y durante el periodo 21/12/2020 hasta 21/12/2021 para el Lote 7 (Mascarillas quirúrgicas Tipo II y Tipo IIR), no se adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco 2020/070 de suministro de material sanitario para hacer frente al Covid-19 tramitado por el Ingesa y al que estaba adherido el Servicio Canario de la Salud».
No obstante, prosigue: «Según la información obtenida de los expedientes que figuran en esta Dirección General, durante los periodos indicados en el punto anterior fueron adjudicados los siguientes contratos de suministros a través de otros procedimientos de contratación». Uno de esos contratos fue la compra de un millón de mascarillas a Tanoja Services por un importe de 880.000 euros, esto es, a 0,88 euros la unidad, un precio 20 veces superior al que ofrecían otras empresas licitadoras dentro del acuerdo marco, como la toledana Prolimax Higiene Industrial, la licitadora con el precio por mascarilla quirúrgica más barato (0,032 euros por unidad); o la empresa Kaelis World (0,053 euros), la segunda empresa con el precio unitario más económico.
De esta forma, si el Gobierno canario hubiera acudido al acuerdo marco, habría adquirido un millón de mascarillas por apenas 32.000 euros, frente a los 880.000 que desembolsó a Tanoja Services, empresa que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía Europea por presuntas irregularidades en los precios del material sanitario.
Otro procedimiento de contratación al que acudió el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres sorteando el megacontrato público fue la compra de 98.240 batas a la empresa Titerro Internacional por un importe total de 442.080 euros (4,5 euros la unidad), tres veces más que, por ejemplo, el precio que ofrecía la empresa Kaelis, compañía licitadora dentro del acuerdo marco y que facilitaba batas a 1,4 y 1,9 euros la unidad. Titerro Internacional también está bajo la lupa de la Fiscalía Europea. Si Canarias no hubiera bordeado el acuerdo marco, el desembolso hubiera sido de 137.536 euros, 304.544 euros menos.
El fiasco del acuerdo marco
De esta forma, una vez más, se pone en evidencia el fiasco del megacontrato de Salvador Illa. Y es que según cálculos de empresas del sector, apenas se licitaron un 6% de los fondos previstos para ese megacontrato público. Así también lo recoge la demanda de una de las licitadoras perjudicadas a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE y de la cual se desprende que muchas comunidades autónomas siguieron recibiendo sin cesar, durante todo el periodo en que estuvo vigente el Acuerdo Marco, mascarillas que el Ingesa habría adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- para dotar al Fondo Estratégico de Emergencia.
Es el caso de La Rioja, cuyo servicio de salud (SERIS) manifiesta en un informe recibido por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia que «no adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco de referencia» ni tampoco «por fuera» del Acuerdo Marco desde la formalización del mismo hasta la fecha de su terminación. Y es que, según el documento, las mascarillas quirúrgicas fueron suministradas al servicio de salud riojano «directa y periódicamente por el Ingesa, sin cargo».
En una respuesta del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través del Portal de Transparencia, tras una pregunta de este medio, se indica que cuando entró en vigor el Acuerdo Marco, la reserva covid-19 contaba con casi 600 millones de mascarillas: 513.700.081 quirúrgicas y 65.061.086 FFP2. Además, del documento, firmado por la directora del Ingesa, Belén Hernando Galán, se desprende que esta reserva también contaba con 1.989.005 batas/buzos, 419.735 gafas, 102.953 geles hidroalcohólicos, 5.333.000 guantes, 39.000 kits test covid, 10 productores de oxígeno, 937.200 hisopos, 1.340 respiradores, 1.525.950 test anticuerpos y 4.560.755 test antígenos.
