El sector médico estalla por el veto a los directivos para trabajar en la sanidad privada

El Ministerio de Sanidad se encuentra en plena negociación con los sindicatos de la reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, la ‘Carta Magna’ de los sanitarios. Una de las medidas que contempla el departamento de Mónica García, recogida en el borrador, es la de prohibir a los jefes de servicio, directivos y gerentes de la sanidad pública que trabajen también en la sanidad privada. Una propuesta que rechaza tajantemente la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que augura que esta medida «va a potenciar la mediocridad».

«Esto es un error, una medida poco inteligente. Van a provocar que personas que están perfectamente cualificadas para este cargo, profesionales de alto reconocimiento, opten por renunciar a acceder a este tipo de puestos y tengamos personas de menor talla y de menor cualificación, que es lo que ha pasado en algunos hospitales cuando se han impuesto estas medidas», denuncia a THE OBJECTIVE Víctor Pedrera, secretario general de CESM, sindicato que forma parte –junto con CCOO, UGT, CSIF y CIGA– de las negociaciones con el Ministerio.

Para el doctor Pedrera, una persona fuera de su horario laboral con la Administración debe tener «libertad absoluta» para hacer lo que considere oportuno, ya sea «descansar, tocar la guitarra o trabajar en el sector privado». «Es una decisión que entra dentro de la esfera de lo privado», defiende el médico, que recuerda que «si muchos médicos optan por trabajar además en la privada es porque necesitan completar el sueldo». «Hay que tener en cuenta que los sueldos que paga la sanidad pública son irrisorios, son los más bajos de Europa y están maquillados con las guardias. El médico que quiera tener un estatus social acorde a su formación y a su capacitación debe de recurrir a suplementos de sueldo fuera de su horario de trabajo habitual».

Conflictos de interés

La ministra de Sanidad, Mónica García, justificaba este miércoles la medida como una forma de «prevenir» conflictos de interés y «garantizar» que estos profesionales tengan «una dedicación exclusiva». En los últimos meses, ha destacado la responsable del departamento, «se han conocido algunos casos de jefes de Servicio que han combinado su labor en la sanidad pública con beneficios obscenos (en la privada), amparándose en ese prestigio que da la sanidad pública y en ser jefe de Servicio de un hospital importante». 

Por su parte, Amyts, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, considera que este tipo de situaciones son la «excepción» y «no la regla». «Desde el sindicato médico profesional, consideramos que nuestros compañeros realizan sus funciones, observan todas las limitaciones que tiene la ley y el código deontológico y cumplen sus obligaciones. [Trabajar en la pública y privada] no debería ser un problema en aquellos sitios donde exista la compatibilidad», explica a THE OBJECTIVE Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

Al igual que Víctor Pedrera, la también cirujana cree que si se marca ese tipo de exclusividad «va a ser muy difícil encontrar a personas dispuestas a ostentar esas jefaturas». «Recordemos que el cargo de una jefatura en un hospital puede suponer un incremento retributivo de apenas 300 euros brutos al mes, a pesar de toda la responsabilidad y de todo el trabajo que conlleva», destaca la doctora Hernández, que indica que esta medida es «empezar la casa por el tejado». «Debemos ser mucho más estrictos con el tema de conflictos de intereses y ver cómo se hace en otros países de la Comunidad Europea».

Compaginar sanidad pública y privada

La ley estatal 53/1984 permite a los facultativos de la pública compatibilizar con la privada (siempre y cuando no sea mutua). Excepto Navarra y Asturias, que sanciona económicamente a sus médicos que trabajan de forma simultánea en el ámbito público y privado, todas las comunidades autónomas lo autorizan.

Según datos recabados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y facilitados a THE OBJECTIVE, la Comunidad de Madrid, eliminó la incompatibilidad en la etapa de Esperanza Aguirre; en Castilla y León, el médico solo tiene que pedir la compatibilidad y no tienen ninguna pérdida retributiva ni de ningún otro tipo respecto a los que solo ejercen en la pública; y en Baleares y Castilla-La Mancha apenas hay diferencias, se concede la exclusividad sin problemas.

En Extremadura se debe pedir la compatibilidad que lleva aparejada una reducción de un 20% en el complemento específico; lo mismo ocurre en Cantabria, donde también hay que pedir la compatibilidad, aunque en esta región solo se pierde un 3% del complemento específico, en concreto 26 euros, de 877 a 851 euros. En la Comunidad Valenciana es obligatorio solicitar y que te concedan la compatibilidad.  Y en Andalucía, desde 2020, el complemento de exclusividad lo pueden percibir todos los facultativos de la sanidad pública, incluso aquellos que la compatibilizan con la privada. Son 848,18 euros mensuales. La exclusividad se mantiene como un item residual de unos 14 euros.

El Ministerio y los sindicatos se reunirán el próximo día 22 de enero para analizar el borrador del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. Un diálogo al que se incorporarán las comunidades autónomas a principios de febrero. Una vez se tenga el texto definitivo, se empezará el trámite parlamentario para poderlo llevar al Consejo de Ministros, y de ahí al Parlamento.