El Gobierno prevé la vuelta al cole para septiembre y flexibiliza las medidas de seguridad
Chema Moya | EFE
El Gobierno cambia su criterio y plantea ahora que en septiembre abran los colegios «con todos los alumnos». La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado la intención del Ejecutivo de que los centros escolares puedan iniciar el curso en septiembre de forma presencial.
En contexto: en el camino hacia la nueva normalidad, muchos han sido los que han criticado que el Ejecutivo priorizase la apertura de bares o discotecas antes plantear abrir los colegios. En Madrid, la comunidad ordenó el cierre total de los centros educativos el 9 de marzo, días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma por el coronavirus[contexto id=»460724″]. Desde entonces, los alumnos se sirven del teleestudio, aunque no todas las familias han podido asegurarlo. Ahora el Ejecutivo da respuesta a esta demanda generalizada y flexibiliza la vuelta al cole.
La ministra Celaá no ha precisado las medidas concretas con que se llevará a cabo esta apertura de los colegios en septiembre, pero ha apuntado a algunos cambios a acometer para hacer posible la reapertura.
El Gobierno plantea que en el nuevo curso se abra las puertas para todos los alumnos y que el principio general sea la presencialidad, ya que “su pérdida genera mucha más vulnerabilidad en los que tienen más problemas”, ha argumentado la ministra.
Educación contempla, por ejemplo, que los alumnos de hasta 10 años puedan estar en pequeños grupos, “a modo de familia o convivientes”, y que no tengan que guardar la distancia mínima de un metro y medio.
Se plantea, además, que las mascarillas sean obligatorias a partir de los 6 años con cierto margen en esos pequeños grupos.
La previsión para septiembre es trabajar para la “optimización de los espacios”, ha dicho Celáa, con la incorporación de espacios que puedan servir de aulas, como la biblioteca o el comedor de los centros.
Todas las cuestiones planteadas para la vuelta, que parece que efectivamente será en septiembre –esa es la intención de los gobiernos central y autonómicos– se discutirán en una reunión entre el Gobierno y las comunidades en una reunión urgente.
