Multa de 126.000€ para el organizador de una fiesta en Zamora y de 3.001€ para cada asistente

En Castilla y León han sancionado con 126.000 euros al organizador de una fiesta ilegal celebrada el pasado agosto en un pequeño pueblo de la comarca zamorana de Sanabria, que ha acarreado también una multa de 3.001 euros para cada uno de los 91 asistentes.

En contexto: la fiesta, convocada por redes sociales y celebrada en Vime de Sanabria, una localidad de 61 habitantes, congregó a más de 100 jóvenes procedentes de distintos puntos de España que se dieron cita en un terreno de las afueras del pueblo sin cumplir las medidas preventivas frente al COVID-19.

La fiesta, que fue desalojada por orden judicial el domingo día 9 de agosto por la tarde tras dos días de celebración, hizo que la Guardia Civil tramitara 162 sanciones contra 118 personas. Además de las relativas a la prohibición de organizar eventos masivos que han sido tramitadas por el Gobierno regional castellanoleonés, también se impusieron sanciones por tenencia de estupefacientes, acampada no autorizada o exceso de ruido, entre otras.

Clara San Damián, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, ha explicado este miércoles tras la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) frente al coronavirus[contexto id=»460724″] que se han incoado la totalidad de las sanciones que han recibido por la participación en la fiesta.

San Damián ha indicado que las multas las ha tramitado la Dirección General de Protección Civil de Castilla y León, y con ellas, la ciudadanía debe saber que hay que cumplir las normas y puede comprobar que quien no lo hace tiene su sanción.

«Las bromas de algunos no las podemos pagar todos», ha declarado la delegada territorial, quien también ha recordado que al no respetarse las medidas de prevención contra el coronavirus «nos la estamos jugando todos».

La fiesta se inició el día 7 de agosto por la tarde y, tras tener conocimiento de ella, la Guardia Civil estableció desde el primer día un dispositivo de control y se coordinó con la Junta de Castilla y León para solicitar el desalojo dos días después, cuando permanecían aún una treintena de personas en el evento.