Casi cuarenta horas después de su inicio, los Mossos d’Esquadra han puesto fin a la macrofiesta ilegal que comenzó el pasado jueves, día de Nochevieja, en Llinars del Vallès (Barcelona). En la fiesta participaron unas 300 personas. Los organizadores –una chica holandesa de 29 años y un chico de Tarragona de 22– pretendían alargarla hasta el próximo lunes día 4 de enero. Ambos han sido detenidos, acusados de desobediencia y de resistencia a agentes de la autoridad, y se enfrentan a una multa de hasta 600.000€.
Lo más importante: los vecinos de Llinars alertaron a la policía sobre las 21:00 horas del jueves 31 de diciembre de que en una nave abandonada de las afueras del municipio se estaba celebrando una fiesta de Nochevieja multitudinaria. El operativo de desalojo no se puso en marcha hasta el mediodía del pasado sábado.
Otras cinco personas vinculadas con la organización han sido imputadas y los Mossos y la Policía Local han identificado y denunciado a 215 asistentes a la fiesta, muchos de ellos extranjeros, que se exponen a multas de hasta 3.000€ por saltarse las medidas contra la pandemia. La policía ha elevado una consulta a la Fiscalía para que determine si los organizadores de la fiesta han podido cometer un delito contra la salud pública.
Del total de denunciados, un centenar son españoles, 35 franceses, diez italianos, tres andorranos y el resto de Austria, Países Bajos y Luxemburgo, según han explicado el consejero de Interior, Miquel Sàmper, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Más de 200 agentes han participado en el operativo de desalojo, que se ha puso en marcha a mediodía del pasado sábado –recordamos que la fiesta comenzó del jueves–. Esta tardanza en actuar ha sido criticada por vecinos, partidos, expertos sanitarios y empresarios del ocio nocturno, entre otros, y ha generado fricciones entre los responsables de los departamentos de Salud e Interior, liderados por Alba Vergés (ERC) y Miquel Sàmper (JxCat), respectivamente.
El mismo día 31, los Mossos acudieron a la zona, pero la prioridad entonces fue minimizar la movilidad de los participantes e impedir nuevas entradas. No se contaba con agentes suficientes para intervenir, dada la «magnitud» de la ‘rave’ y el hecho de que fuera Nochevieja, con 3.500 agentes repartidos por todo el territorio. Descartaron llevar a cabo una operación que consideraban «precipitada».
Según Pere Ferrer, tampoco ayer viernes, día 1, se daban las circunstancias adecuadas para proceder al desalojo de la macrofiesta: «No se hubiera podido producir con garantías para nadie, ni para los asistentes ni para los policías».
La comunidad médica y científica ha censurado la actuación del Gobierno catalán ante la fiesta de Llinars. La solución pasaba, a su juicio, por confinar en cuarentena a los participantes durante diez días antes de salir y mezclarse con la población. «Les pasamos comida y agua. Pero 10 días encerrados hasta inicio de síntomas. A la salida multa de las que recuerdas toda la vida», ha expresado el profesor de física computacional Àlex Arenas, que trabaja en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
La respuesta ante la ‘rave’ provoca un choque entre Salud e Interior
En un principio, los Mossos informaron el viernes día 1 de que no preveían desalojar la nave a la espera de que los participantes salieran por su propia voluntad y para evitar graves incidentes, pero luego rectificaron y comunicaron que actuarían «en las próximas horas».
Estaban a la espera, explicaron fuentes del cuerpo, de un protocolo de Salud sobre cómo actuar con los participantes cuando salieran, teniendo en cuenta que iban sin mascarilla y no respetaron las distancias de seguridad.
El departamento de Salud no ha escondido hoy su malestar por estas declaraciones, dado que la consejera Alba Vergés, en su reunión con el responsable de Interior, Miquel Sàmper, fue clara en su petición: que se pusiera fin a la fiesta, se identificara a los participantes de la misma y se impusieran las sanciones correspondientes.
Fuentes de Salud aseguran que este es el procedimiento que se sigue en otras fiestas que incumplen la normativa contra la COVID y que nunca antes se había pedido a Salud un protocolo para actuar.
