Un año casi sin citas para pedir asilo: ONG e inmigrantes piden a Interior el fin del bloqueo
Desde el Ministerio defienden «la solvencia» del sistema y aseguran que trabajan «constantemente» para mejorarlo
Un solicitante de protección internacional participa en una concentración frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | A. Pérez Meca (Europa Press)
«En este momento, no hay citas disponibles». Ese es el mensaje con el que se encuentran a diario muchos de los inmigrantes que quieren pedir cita para registrarse como solicitantes de asilo, así como los trabajadores de las ONG que tratan de ayudarlos a realizar el trámite. Desde hace un año, estas organizaciones están denunciando por distintas vías un bloqueo en el sistema de citas para pedir protección y piden al Ministerio del Interior que tome medidas para agilizar el proceso.
Una situación que desde Interior niegan. Preguntados por THE OBJECTIVE, defienden la «solvencia» del sistema. «La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) recibió el pasado año 118.842 solicitudes de protección internacional, un 81,5% más que en 2021 y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, lo que da muestra de la solvencia del sistema», afirman. Aun así, afirman que «Policía Nacional trabaja constantemente para mejorar el sistema de citación».
Señalan además que «el procedimiento requiere ya la introducción del número de NIE o pasaporte, lo que impide que se produzcan reventas o se pueda hacer un uso fraudulento de las citas». Con esto quieren acabar con el mercado negro en el que unos pocos hacen negocio con la necesidad de muchos y acaban cobrando a cambio de estas citas.
«Lo que estamos denunciando es que desde hace un año aproximadamente, desde febrero del año pasado, no hay posibilidad de obtener una cita para solicitar asilo en España. La cita para iniciar el procedimiento se pide por la web de Extranjería, pero cada vez que vas a coger una, el sistema te muestra el mensaje de que no hay disponibles», dice en una conversación con este periódico Ana Ormaetxe, abogada de Coordinadora de Barrios, una de las organizaciones que está denunciando esta situación. «Las pocas citas que las personas han podido conseguir no ha sido por la vía ordinaria», afirma.
«Se está privando del acceso a un derecho reconocido por nuestra Constitución, esto es una cuestión organizativa de la administración, que tiene que solucionar, pero que de fondo es el incumplimiento de la ley», apunta por su parte Diego Fernández-Maldonado, responsable del área jurídica de Servicio Jesuita a Migrantes. El mensaje «sale constantemente, da igual el día o la hora, hay que dejar constancia de que esto ocurre diariamente, no es una cuestión puntual», añade.
La última denuncia pública que ONG e inmigrantes hicieron fue el viernes 17 de febrero, cuando decenas de personas se concentraron ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya lo habían hecho el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, ante la Oficina de Asilo y Refugio. Además, han puesto numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo para pedir que intervenga ante las autoridades competentes.
En situación irregular y sin acceso a acogida
No poder registrarse como solicitante de asilo implica que todas estas personas que quieren realizar el trámite están, hasta que consigan una cita, en una situación irregular. Por tanto, se exponen a que la Policía inicie un procedimiento de expulsión contra ellos y los devuelva a su país. Algo que no podría ocurrir si estuvieran a la espera de recibir una respuesta a su solicitud, pues en ese periodo se aplica el principio de no devolución, explican los expertos legales consultados por este periódico.
Además, al no estar registrados, tampoco tienen acceso a todos los derechos que este estatus les daría, como la sanidad o la educación, así como probablemente el más importante a su llegada al país, que es el de acceder al sistema de acogida.
«Te piden como requisito tener la manifestación de voluntad de solicitante de asilo para poder acceder al sistema de acogida», explica Fernández-Maldonado, que insiste en que la importancia no es solo «la de pedir asilo, es todo lo que conlleva estar en una situación administrativa u otra».
Ormaetxe afirma que en Coordinadora de Barrios están dando un techo a familias con niños que no tienen un hogar por no poder acceder al sistema de acogida debido a que todavía no han podido registrarse como solicitantes de asilo. «Es la administración la que está incumpliendo sus obligaciones de dar plaza a estas personas», denuncia.
Para que al menos quede constancia de que están intentando acceder al sistema, las organizaciones que les prestan ayuda animan a estos inmigrantes a dejar su reclamación por escrito ante el Ministerio del Interior o el Defensor del Pueblo.
«La directiva de procedimientos de asilo establece no ya que se deba dar citas en un plazo razonable, que eso no viene estipulado, sino que a cualquier solicitante, con la mera comparecencia ante una administración competente, se le tiene que registrar ya como solicitante de asilo. Con la normativa europea en la mano, ni siquiera haría falta pedir cita para registrarte», afirma el experto legal del Servicio Jesuita a Migrantes. Por eso, «nosotros animamos a que quede constancia por escrito de la manifestación de voluntad dirigida a la oficina de asilo».
La protección a ucranianos, un ejemplo de «voluntad política»
Fernández-Maldonado considera que la gestión de la llegada repentina de decenas de miles de ucranianos por la invasión rusa es un ejemplo de que se pueden eliminar estos cuellos de botella «cuando hay voluntad política».
Por el éxodo de ucranianos debido a la guerra, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal, tras lo que España puso en marcha un mecanismo de emergencia para facilitar los trámites a estas personas. A fecha de 29 de diciembre de 2022, se había dado esta protección a más de 160.000 refugiados de Ucrania, según los datos publicados por el Gobierno de España.
«En ese escenario, cualquier persona ucraniana podía acercarse a unos sitios asignados. Te daban cita de un día para otro y con la mera comparecencia, te daban un resguardo. Es cuestión de voluntad política acabar con esos cuellos de botella para que las personas puedan acceder a derechos», afirma el responsable del área jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes.
«Ya no nos encontramos en la España de 2015 o 2016, cuando pasamos de ser un país que recibía pocas solicitudes de asilo a un país que empezó a recibirlas. Ya no pueden alegar llegadas sobrevenidas. En todo caso, lo podrían alegar respecto a la llegada de ucranianos, que ha sido la más numerosa, y precisamente respecto a esa sí ha habido una respuesta burocrática y administrativa adecuada», argumenta.
Por eso, desde la organización y desde todas las ONG que se suman a estas protestas, piden que se facilite el acceso a este derecho y «se cumpla la legalidad vigente».
