Gabilondo califica los esfuerzos de la Iglesia de «insuficientes» y pide compensar a las víctimas
El Defensor del Pueblo entrega al Congreso el informe sobre los abusos, que pudieron sufrir 445.000 personas
El Defensor del Pueblo entrega el informe a la presidenta del Congreso. | Mariscal (EFE)
Un año y medio después, habemus informe sobre las denuncias por pederastia en la Iglesia. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes el documento, de 779 páginas, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. A continuación, ha denunciado «el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar» los abusos sexuales que sufrieron unas 445.000 personas, según estimaciones basadas en una encuesta. Gabilondo ha calificado de «insuficiente» la respuesta de las instituciones eclesiásticas y propone enmendarlo con la creación de un fondo de compensación para las víctimas.
«Durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación, de ocultamiento o de protección de los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas», ha reprochado el Defensor del Pueblo a la Iglesia. Gabilondo ha denunciado que, en la mayoría de los casos, la respuesta de la curia era trasladar a los abusadores a otras parroquias, centros docentes o países, lo que «no respondía al problema».
El Defensor del Pueblo ha recalcado que la mayor conciencia social ha provocado que esas reacciones «poco adecuadas» haya ido decreciendo. En los últimos tiempos, asegura que muchos obispados y congregaciones han mostrado su voluntad de asumir el problema, aunque le ha pedido más, por ejemplo, con la apertura de sus archivos. «Esto, unido a un reconocimiento de las víctimas puede abrir nuevas perspectivas».
El dictamen de la Iglesia
Gabilondo ha recordado que los pocos casos enjuiciados, en su mayoría con sentencia condenatoria, no garantiza que la víctima haya podido ver satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades acordadas en concepto de indemnización. En la mayoría de los casos, porque las diocésis no han sido condenadas como responsables civiles subsidiarios. Para evitarlo, ha propuesto la creación de un fondo de compensación en el que debería colaborar la Iglesia.
«Se propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que no se haya podido seguir un proceso penal contra la víctima», ha insistido Gabilondo.
El Defensor del Pueblo también ha propuesto que se determine un procedimiento específico que permita hacer justicia a las víctimas, cuyos casos en muchas ocasiones han prescrito. Para ello, ha pedido nombrar una autoridad institucional independiente que declare públicamente que un hecho ha tenido lugar, que es injusto y que ha causado un daño que no debería haber soportado esa persona. Algunas de ellas, ha lamentado Gabilondo, se han suicidado.
El Congreso encargó este informe al Defensor del Pueblo en marzo de 2022, aunque para Gabilondo «hemos llegado tarde porque ya estaba hecho en todos los países de nuestro entorno». La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. El documento debería haber visto la luz antes de que finalizara la anterior legislatura, pero fue imposible por el adelanto electoral.
Durante los últimos meses la polémica se ha centrado en la participación de la Iglesia en la investigación. Gabilondo ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero esta rehusó formar parte de los trabajos. Los obispos españoles solicitaron un dictamen alternativo al despacho Cremades Calvo-Sotelo que aún no poseen, aunque el compromiso de los abogados era entregarlo en febrero. Lo harán finalmente en diciembre.
Unidad de Atención
La CEE, que no posee aún el informe, entregó al Defensor del Pueblo un documento de más de 2.000 páginas titulado Para dar luz que recogía información sobre 706 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde el año 1945, de los que 16 habían tenido lugar en 2022 y 186 habían sido notificados el año pasado. Sin embargo, Gabilondo ha reconocido este viernes que el número de casos recogidos por la Iglesia no siempre con el de sus congregaciones. Los obispos se reunirán el lunes para valorar el informe.
Durante la investigación se creó una Unidad de Atención a las Víctimas compuesta por expertos en abusos sexuales, en la atención a víctimas y el ámbito jurídico. Además, se abrió un buzón para la recepción de testimonios que continuará operando. Los especialistas han viajado por distintas ciudades españolas para entrevistarse personalmente con las 487 víctimas que aparecen de forma anónima. Gabilondo entregará el informe el 2 de noviembre al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y no ha descartado hacerlo en mano a la Iglesia.
