Leila de Lima, la enemiga de Duterte que investiga los asesinatos de drogadictos en Filipinas
La suspensión de De Lima viene después de que la legisladora presentara la semana pasada ante el Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado a un ex sicario que dijo formar parte de los «Escuadrones de la Muerte de Davao», la localidad de la que el actual presidente ha sido alcalde durante más de dos décadas. Ese grupo de paramilitares llegó a asesinar a más de un millar de traficantes de drogas, adictos, oponentes políticos, militantes islamistas y un periodista. Según el testimonio de Edgar Matobato, de 57 años, permaneció durante 25 años en la nómina de la municipalidad de Dutarte para matar por encargo. Para desligitimar el testigo de De Lima, la Cámara de Representantes de Filipinas le ha acusado de haber recibido sobornos millonarios de narcotraficantes y criminales a cambio de tratos de favor cuando estuvo al frente del ministerio de Justicia, entre 2010 y 2015. «Va a hacer falta algo más que ataques despiadados para acabar conmigo», dijo en su defensa De Lima, considerada una de las principales rivales políticas de Duterte. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch (HRW) consideran la suspensión de la legisladora un «intento cobarde de desviar la responsabilidad por el espantoso número de muertos de la abusiva guerra contra las drogas de Duterte».
Reuters
Llora de rabia porque en Filipinas se han institucionalizado los crímenes de Estado contra los narcotraficantes y los drogadictos. Leila de Lima era hasta el lunes la encargada de dirigir una investigación sobre la violenta campaña contra el narcotráfico impulsada por el presidente Rodrigo Duterte y que ha causado ya 3.500 muertos en menos de tres meses. El Gobierno de Duterte le ha depuesto porque le acusa de recibir sobornos millonarios del crimen.
La suspensión de De Lima viene después de que la legisladora presentara la semana pasada ante el Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado a un ex sicario que dijo formar parte de los «Escuadrones de la Muerte de Davao», la localidad de la que el actual presidente ha sido alcalde durante más de dos décadas. Ese grupo de paramilitares llegó a asesinar a más de un millar de traficantes de drogas, adictos, oponentes políticos, militantes islamistas y un periodista. Según el testimonio de Edgar Matobato, de 57 años, permaneció durante 25 años en la nómina de la municipalidad de Dutarte para matar por encargo. Para desligitimar el testigo de De Lima, la Cámara de Representantes de Filipinas le ha acusado de haber recibido sobornos millonarios de narcotraficantes y criminales a cambio de tratos de favor cuando estuvo al frente del ministerio de Justicia, entre 2010 y 2015. «Va a hacer falta algo más que ataques despiadados para acabar conmigo», dijo en su defensa De Lima, considerada una de las principales rivales políticas de Duterte.
Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch (HRW) consideran la suspensión de la legisladora un «intento cobarde de desviar la responsabilidad por el espantoso número de muertos de la abusiva guerra contra las drogas de Duterte».
