El juez Pedraz propone juzgar al fundador de Gowex por estafa y falsedad contable

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al fundador de la empresa de redes wifi Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, además de por delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante.

Durante la instrucción, que comenzó en 2014, el fundador de Gowex, que proveía servicios al Ayuntamiento de Madrid y a otras 64 ciudades, entre ellas Nueva York, París y Dublín, reconoció haber falseado las cuentas de la empresa en la última década y haber simulado facturaciones con empresas creadas para ello, gestionadas con testaferros desde 2004.

El juez propone juzgar también a otras cuatro personas por estos supuestos delitos: Florencia Maté Garabito, consejera de Lets’ Gowex y Gowex Wireless; Francisco Manuel Martínez Marugán, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe-Esmeralda Almeida Figueroa y Javier Martín Vaquero, administradores de algunas sociedades vinculadas a Let’s Gowex, un cargo que Jenaro García les adjudicó “para mantener el estatus fraudulento del negocio”, según explica el auto judicial. El auto también afecta a Tania Roel Mosquera, la exdirectora de Marketing, como partícipe a título lucrativo.

El auto también se dicta contra las sociedades mercantiles Let’s Gowex S.A., Gowex Wireless SLU, Eco Energy 1y3 y Biotelgy VC S.A., como accionistas mayoritarios de Let’s Gowex y “receptoras de cuantiosos dividendos repartidos indebidamente, por lo que deberán responder civilmente por la acción de sus administradores”.

Esta resolución da un plazo de diez días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares para solicitar la apertura de un juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El 30 de junio, el Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles acordó la exclusión definitiva de cotización de Gowex, que se encontraba en fase de liquidación desde noviembre de 2016.

Gowex salió a Bolsa en el año 2010, una acción motivada por el hecho de que el proyecto “empieza a no ser rentable y necesita de financiación para mantener el crecimiento del negocio”, según explica el juez.