El Vaticano suspende por 10 años a un cura por abusos en un colegio de Zamora
El Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ha ordenado la suspensión durante diez años de su ministerio al sacerdote José Manuel Ramos Gordón
El Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ha ordenado la suspensión durante diez años de su ministerio al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de la Diócesis de Astorga acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, Zamora.
Durante los diez años de suspensión, el sacerdote deberá residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga y después podrá vivir en la Casa Sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, según ha explicado el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
El obispo ha informado durante una rueda de prensa de la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la investigación abierta para aclarar los supuestos casos de abusos sexuales cometidos por este cura en el citado centro educativo, que ha considerado probados. Ha recordado que los hechos fueron cometidos entre 1981 y 1984 y que se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones.
El prelado ha insistido en que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación «exhaustiva» y dio cuenta de ello a la Santa Sede.
La investigación previa concluyó en junio del pasado año, y los informes y actas fueron enviados entonces a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo competente para juzgar estos casos. Este organismo encomendó al obispo abrir un proceso administrativo penal y, una vez finalizado, ha declarado probados los hechos denunciados y, por tanto, la comisión de «un delito grave de abusos sexuales a menores».
«Se la ha impuesto una pena muy dura», ha señalado el obispo, que ha incidido en que lo elevado de la suspensión se debe a la «reincidencia». Ha insistido en que la investigación se ha centrado en la denuncia presentada y no se ha entrado en consideraciones sobre si pudiera haber más víctimas.
Menéndez ha manifestado que ha informado de la resolución al sacerdote y a la víctima, a quien también le expresó su dolor por lo sucedido y le pidió perdón en nombre de toda la comunidad diocesana. «Me he puesto a su disposición para acompañarle espiritual y humanamente en aquello que legítimamente pueda hacer», ha agregado el prelado.