"Todo o parte" del referéndum catalán se pagó con créditos públicos del FLA

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre cree «evidente» que «todo o parte» de la consulta se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dinero que el estado aporta a las Comunidades Autónomas, dado que éstos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat.  Además, el juez ha recibido un anónimo pidiéndole que rastree las autorizaciones de contratos, gastos y pagos efectuadas por la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, a quien Hacienda ha requerido información sobre los gastos el referéndum.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona desestima el recurso que varias de las defensas de los cargos de la Generalitat investigados por los preparativos del referéndum presentaron contra la decisión del magistrado de aceptar a la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa.

En su escrito, el juez recuerda que el FLA es una línea de crédito que el Gobierno creó en 2012, en el contexto de la crisis, para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que éstas «no tengan que financiar su deuda en los mercados, ya sea para evitar pagar unos muy elevados intereses, ya sea por tener cerradas o disminuidas las posibilidades de obtener un crédito en función de la calificación concedida por las diversas agencias de rating».

Eso «obliga a la comunidades que se aferran al Fondo a destinar el dinero, principalmente, a pagar la deuda con los bancos o entidades financieras«, añade el juez.

Teniendo en cuenta que la Generalitat ha recibido desde 2012 fondos del FLA y que el procés se desarrolla desde la consulta del 9N o, al menos, desde que se constituyó el Govern de Carles Puigdemont, el juez concluye que es «evidente» que el importe destinado al 1 de octubre «debe atribuirse al crédito obtenido» mediante ese fondo.

Según el magistrado, los créditos suponen «una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat de Catalunya y, ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, es por lo que cualquier gasto deberá imputarse por lo menos y en la proporción en que corresponda, al importe del FLA percibido aquel año».

El juez concluye que «todo o parte de los pagos» vinculados al procés se pagaron con créditos del FLA, tanto si se realizaron directamente por la Generalitat «o indirectamente por personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas, dificultando así la investigación».

Tras insistir en que la finalidad del FLA «es otra», el juez cree que está «sobradamente» justificado el interés del Estado en la malversación de fondos, dado que las «numerosas» resoluciones del Tribunal Constitucional «prohibían taxativamente la celebración de consultas y, en consecuencia, cualquier gasto realizado en su preparación y ejecución».

Por otra parte, el juez sostiene que, por el momento, en la causa consta que «se aplicó dinero público superior a 250.000 euros para los fines de la preparación del referéndum», por lo que, a su parecer, «los indicios sobre la malversación resultan manifiestos».

El auto detalla que Cataluña recibió del FLA un total de 6.664 millones de euros en 2012, 10.050 en 2013, 7.912 en 2014, 11.133 en 2015 y 10.090 en 2016.

Anónimo

Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Antonio Ramírez Sunyer, recibió un anónimo el pasado 16 de enero, el mismo día que Hacienda le remitió al magistrado un escrito «urgente» advirtiéndole de que la Interventora no había respondido su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.

En una providencia, fechada el 19 de enero, tres días después de recibir el anónimo, el juez, que mantiene imputadas a una veintena de personas, acordó remitir el escrito anónimo a la Fiscalía «a los efectos que procedan». El anónimo insta al juez a que «en relación a los actos y actividades relacionadas con el proceso independentista», se investiguen «las autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos, tanto en papel como en forma electrónica, realizados por la actual interventora general de la Generalitat durante los años 2016 y 2017».