Un año después del asesinato por asfixia del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota, EE.UU.), la reforma policial, tan demandada en las calles tras ese trágico episodio, sigue pendiente en Estados Unidos.
Por qué te lo contamos: el asesinato de Floyd desencadenó entonces la mayor ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. desde finales de la década de los sesenta del siglo pasado tras el asesinato de Martin Luther King con una única súplica: el fin de la brutalidad policial contra las minorías raciales.
Un año después de ese fatídico 25 de mayo de 2020, la «Ley George Floyd de Justicia en la Policía», redactada por los miembros del Caucus Negro, formado por demócratas, sigue estancada en los pasillos del Congreso estadounidense. Esta legislación, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Joe Biden, pretende acabar, entre otras cosas, con el uso de técnicas de estrangulamiento, así como con la «inmunidad legal» para los agentes y la militarización de los departamentos policiales. Precisamente, Biden ha recibido este martes en la Casa Blanca a la familia de Floyd para hablar sobre ello en un «encuentro privado» en el que el mandatario escuchará «sus preocupaciones» sobre la violencia policial, según explicó este lunes la portavoz de la oficina presidencial, Jen Psaki.
Para el abogado de derechos civiles V. James DeSimone, especializado en brutalidad policial contra las minorías en Los Ángeles, en muchos casos «son los agentes quienes agravan la situación y provocan la violencia». «Eso tiene que cambiar ya», dijo DeSimone en declaraciones a Efe. Las cifras demuestran que las unidades policiales militarizadas en EE.UU. se despliegan con mayor frecuencia en comunidades de menores ingresos, con una gran proporción de residentes negros, incluso después de controlar las tasas de delincuencia locales, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Princeton publicado en la revista científica PNAS.
El principal punto de desacuerdo sobre la «Ley George Floyd» entre los progresistas y los conservadores es la revisión de la conocida como «inmunidad legal», que blinda a funcionarios gubernamentales como los policías frente a posibles demandas. Lo que tienen claro los familiares de Floyd y los líderes civiles del movimiento para terminar con la violencia policial es que la condena contra Derek Chauvin, el expolicía que mató al afroamericano tras presionar su rodilla contra su cuello durante más de 9 minutos, «no es suficiente».
Chauvin fue declarado culpable en abril pasado de los tres cargos que enfrentaba: asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. La lectura de la sentencia contra Chauvin se ha retrasado hasta el 25 de junio, una semana más tarde de la fecha marcada inicialmente.
Sobre esta condena, el reverendo Al Sharpton, un destacado activista por los derechos civiles, dijo en una concentración en Mineápolis este domingo que «no es suficiente», después de calificar el asesinato de Floyd como «una de las mayores desgracias en la historia de Estados Unidos», según medios locales estadounidenses.
Lejos de las demandas de la calle y del objetivo del proyecto de ley encallado en el Congreso, varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, han decidido incrementar los presupuestos de sus departamentos de Policía después de bajarlos durante las protestas del año pasado. En julio del año pasado, la Alcaldía de la ciudad angelina retiró 150 millones de las arcas del Departamento de Policía, es decir, un 8% del total de su presupuesto.
Sin embargo, los líderes políticos de Los Ángeles acordaron la semana pasada aumentar el presupuesto de la Policía para permitir la contratación de unos 250 agentes, restaurando así los recortes que se hicieron como respuesta a las protestas de 2020. Otras urbes, como Phoenix, Atlanta y Omaha, entre otras, también han aprobado recientemente la subida de los presupuestos de sus fuerzas de seguridad.
