Un juez de Madrid ha abierto diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y una asesora de su equipo para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos públicos.
Los detalles: en un auto adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 46 abre investigación sobre estos hechos, denunciados por la exabogada de Podemos Mónica Carmona, y cita a declarar el 14 de julio en calidad de investigada a la exdiputada Teresa Arévalo, asesora de la titular de Igualdad. Según la resolución, el magistrado abre diligencias previas «por el presunto delito de administración desleal» contra Irene Montero y Teresa Arévalo al entender que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
Pese a que la ministra tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez ha acordado librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento «a los efectos legales oportunos».
En el mismo auto el magistrado también cita como testigos en esta causa, para el 19 de julio, a la exgerente de Podemos Rocío Val, al tesorero Daniel de Frutos y al jefe de seguridad del partido, Víctor Martins.
Fuentes de Podemos consideran que el procedimiento está basado en «falsedades» y quedará archivado, pero sostienen que servirá para «generar titulares contra Unidas Podemos a tres días de votar en unas elecciones».
El origen de la causa se sitúa en el escrito que Mónica Carmona remitió ante otro juzgado de Madrid, el que investiga la gestión de Podemos en el llamado caso Neurona, en el que aseguraba haber recibido una denuncia «interna confidencial» afirmando que Irene Montero «utilizaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos».
El titular de aquel juzgado, Juan José Escalonilla, decidió enviarlo a reparto junto a otras presuntas irregularidades denunciadas por la que fuese abogada del partido, y el asunto terminó cayendo en el juzgado número 42 de Madrid, que ha comenzado a investigar si existió una presunta administración desleal en torno a la contratación de la cuidadora de la menor.
