Por qué Yolanda Díaz no puede derogar la reforma laboral

La reforma laboral que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará al Congreso y a la Comisión Europea no implicará una derogación completa de la normativa anterior, como proclama la vicepresidenta segunda, a tenor del acuerdo de coalición que el PSOE y Unidas Podemos cerraron el 30 de diciembre de 2019. Los socialistas manifiestan a THE OBJECTIVE que, durante las negociaciones, se ceñirán estrictamente a tratar cambios en los puntos recogidos en el citado documento.

Pese a que en el texto del acuerdo se reseña la voluntad de tumbar completamente la normativa laboral que aprobó el Partido Popular en 2012, lo cierto es que en el epígrafe 1.3 sobre la eventual derogación se desglosan seis puntos de actuación que, de entrada, no suponen una invalidación completa de la reforma anterior.

Partiendo de esa acotación como un límite y tras pasar el obligatorio filtro de unas negociaciones que requieren acabar en consenso para que su resultado sea aceptado por Bruselas, Díaz tendrá que hacer cesiones que finalmente depararán unos cambios legislativos, si bien no en aspectos menores, sí muy lejanos a la entidad de una renovación completa del marco laboral.

En concreto, el texto al que se ceñirá el ala socialista del Gobierno a la hora de alcanzar un consenso dispone de cambios en el despido en casos de baja por enfermedad -ya abordados por el Ejecutivo-, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la prórroga de los convenios cuando estos caduquen, el coto a la subcontratación, la limitación de la capacidad de la empresa para practicar modificaciones unilaterales de las condiciones del contrato y la revisión de las causas del descuelgue de los convenios.

Pero el acuerdo sellado en 2019 por el presidente Pedro Sánchez y el entonces líder de Unidas Podemos no reseña en el epígrafe relativo a la derogación la voluntad de dar la vuelta a puntos clave de la reforma acometida por la exministra Fátima Báñez, como la reducción del coste del despido.

Aquella reforma estableció una reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajó el despido por causas económicas a 20 días por año trabajado. Un aspecto que no va a tocarse: el encarecimiento del despido no está encima de la mesa, comentan fuentes de la negociación, pese a que Díaz tiene la voluntad de endurecerlo para los trabajadores temporales.

Otro de los elementos que desmonta el eslogan de una eliminación completa de la reforma laboral del PP es la regulación de las ETT, una de las medidas más notorias de abordadas por el PP y que se concretó en su colaboración con los servicios públicos de empleo. 

No solo eso, sino que incluso entre los seis puntos sí reflejados en el acuerdo PSOE-Podemos tampoco se aborda una revolución completa. De hecho, se ofrece un cambio en la prioridad aplicativa de los convenios, pero no se indica una vuelta al modelo exacto anterior a 2012.

En este punto, Díaz se enfrenta a una negociación intergubernamental que simultaneará con la llevada a cabo con los agentes sociales. A tal efecto, fuentes de la negociación transmiten a THE OBJECTIVE que el Ejecutivo se reunirá los martes para fijar la posición que trasladará a la mesa del diálogo social los miércoles por la mañana, sin perjuicio de que se convoquen reuniones extraordinarias ante situaciones de especial complejidad.

Una vez rebajada la tensión y aclarada la participación equilibrada de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, la reunión celebrada este miércoles fue un acercamiento que concluyó sin avances en el contenido.