Los fiscales del 'procés' informan en contra de los indultos

Los fiscales del Supremo han informado en contra de la concesión del indulto a los nueve políticos catalanes que se encuentran presos por delitos de sedición por su participación en el proceso soberanista catalán, según han informado fuentes fiscales a Efe.

Lo más importante: los representantes del Ministerio Público Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan que los condenados no han mostrado arrepentimiento, que las penas son muy elevadas y que no han cumplido ni la mitad de la condena.

La Fiscalía cree que los condenados por el proceso soberanista catalán deben cumplir las penas sin «atajos» y por eso se ha opuesto de manera tajante a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».

El indulto, advierten los fiscales, no es «una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales, y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global».

Entienden que el espíritu de la Constitución excluye de la concesión del indulto a los miembros de un gobierno que acometieron «un deliberado y planificado ataque al núcleo esencial del Estado democrático» tratando de evitar así que esta medida de gracia «pueda operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios».

Aceptar la responsabilidad por el delito cometido y el «decidido propósito de no reincidir» son condiciones «mínimamente exigibles» para acceder al indulto, pero «ninguna» de ellas se ha acreditado con los condenados, afirman los fiscales, que no ven razones de «de justicia, equidad o utilidad pública» que justifiquen esta medida.

El escrito de los fiscales incluye un argumento contra los planes del Ejecutivo para modificar en el Código Penal los delitos de sedición y rebelión para adecuarlos a los ordenamientos jurídicos europeos. A su juicio, la legislación de Francia, Italia o Bélgica incluye delitos similares y «es evidente que los hechos por los que han sido condenados son delictivos en todos los estados de la Unión Europea».

Los fiscales que les acusaron de rebelión han remitido sus informes al Supremo, que ahora debe emitir su propio dictamen y enviarlo al Gobierno, al que le compete decidir sobre esta medida de gracia, para lo cual la posición del tribunal sentenciador y de la Fiscalía es preceptiva pero no vinculante.

Además de mostrar su rechazo al indulto de los nueve políticos presos, tampoco apoyan indultar a los tres condenados a penas de inhabilitación por desobediencia, Santi Vila, Carles Mundó y Mertixell Borrás por no concurrir tampoco razones de justicia, equidad o utilidad pública, que no debe confundirse «con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos».