ETA y Bildu quieren a sus terroristas en la calle y a sus adversarios en prisión
Desean librar a los suyos, asesinos de Miguel Ángel Blanco, y al mismo tiempo encausar a uno de sus enemigos, El Lobo
Montaje que muestra a los jefes de ETA que ordenaron la muerte de Miguel Ángel Banco (De izquierda derecha: Ignacio Gracia Arregui, Soledad Iparraguirre y Mikel Albizu), frente a unas fotos del político. | Europa Press
En el País Vasco, pero también en el resto de España, está celebrándose desde hace años una batalla por el relato sobre el terrorismo de ETA. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes fueron los buenos y los malos? ¿Hubo razones poderosas para cientos de asesinatos? Y tantas y tantas preguntas en las que los terroristas tratan de llevar el partido a su terreno. Para ellos pierde interés lo que realmente pasó y cómo ensangrentaron las calles de ciudades y pueblos. Y gana peso que sus militantes puedan justificar las razones por las que mataron. Quieren dejar claro que fue una guerra, con dos bandos contendientes, nada de que ellos eran los únicos que asesinaban, también la organización sufrió bajas.
La lucha por el relato es algo típico tras cualquier contienda armada. Hay que conseguir que los que nos respaldaron sepan que teníamos razón en actuar como lo hicimos y que las futuras generaciones tengan suficientes argumentos para entendernos. Con este objetivo, en los años posteriores hay que sembrar los medios de comunicación con argumentos e historias favorables.
El cine o las series son un medio importante. La película La infiltrada, que recrea la vida de la única policía que estuvo adosada a ETA, consigue arrancar aplausos en los cines. Protagonizada por la misma mujer valiente que yo recreo años después de su infiltración en Líneas rojas, mi última novela, con todas sus virtudes y problemas interiores, ha despertado el máximo interés en la opinión pública.
Los artículos de prensa que rememoran los asesinatos de ETA generan un recuerdo doloroso pero necesario para mantener vivo el relato de lo que ocurrió. Artículos que también aparecen en medios cercanos a Bildu por las muertes de sus militantes a manos de los terroristas del GAL o en enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También existen actuaciones de los bandos motivadas por el deseo de venganza y dirigidas a modificar el relato del que hablaba al principio. Una de esas es la actuación hipócrita que estamos viviendo en este momento y de la que quiero hablar hoy.
Olvidar a los asesinos
Una de las historias criminales más impactantes sobre ETA ocurrió en julio de 1997: el secuestro y asesinato en diferido de Miguel Ángel Blanco, un joven concejal de Ermua. A principios de este mes nos enteramos de que la Audiencia Nacional había acordado el sobreseimiento de la causa contra quienes fueron jefes de ETA Mikel Albizu, «Mikel Antza», Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería» y Soledad Iparraguirre, «Anboto».
El motivo fue sencillo: los magistrados estimaban el recurso de las defensas, al que se sumó la fiscalía, en el que consideraban que desde que se cometió el delito y hasta que se interpuso la querella contra los miembros de ETA, el 6 de febrero de 2022, habían transcurrido casi 25 años, cuando el plazo de prescripción era de 20. No atendieron los criterios de las acusaciones populares que sostenían que los hechos no estaban prescritos en el momento en que se aprobó la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio en la que se declara la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte, por lo que esta causa no estaría prescrita.
Los abogados de la organización no piensan de igual forma cuando los afectados son gente de la suya. En 1975, el etarra Josu Mújica perdió la vida. Cuatro etarras iban en un coche por Madrid, detectaron la presencia policial, salieron corriendo cada uno hacia un lado, a tres los pillaron: uno fue detenido, a otro lo hirieron y a uno más lo mataron. El cuarto, el único que escapó, resultó ser un agente infiltrado: Mikel Lejarza, El Lobo.
No 25, sino 49 años después, el colectivo Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia y la familia de Mújica han presentado una querella contra el infiltrado del servicio secreto. Se basan en que el Gobierno vasco ha reconocido a Mújica como víctima de vulneración de derechos humanos en un informe surgido de la ley de abusos policiales. Nadie en todo este tiempo, ni sus propios compañeros en ETA, habían implicado a Lejarza en una muerte de la que él se enteró días después. Para el mundo jurídico cercano a ETA la falta de datos sobre la muerte del etarra es una vulneración de derechos humanos para la que no hay prescripción y el asesinato tras 48 horas de secuestro de Blanco no hubo vulneración de esos derechos humanos y, por lo tanto, sí hay prescripción. Lo dicho, un intento de cambiar el relato: un infiltrado malo y un etarra armado bueno.
