Escrivá cambia de opinión en cinco puntos clave de la reforma de las pensiones

El Banco de España ha avisado reiteradamente de la presión que supone la bolsa de casi 10 millones de votantes para emprender cualquier reforma integral del sistema de pensiones español. Es la cifra de pensionistas y personas próximas a la jubilación que consiguió en 2018, vía movilizaciones alentadas por las filas de Podemos, como recogió THE OBJECTIVE, revertir de facto la reforma de 2013 y regresar a la revalorización de las pagas con el IPC en virtud de un acuerdo entre el PNV y el PP para salvar el proyecto de Presupuestos.

Ahora, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desde su cartera constata en primera persona la variación que supone introducir el factor político en el diseño de las reformas y, por ello, redefine algunas de las líneas de acción por él planteadas durante su presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los expertos consultados por THE OBJECTIVE identifican al menos cinco líneas clave en las que el ministro reformula las tesis defendidas desde AIReF.

Revalorización de las pagas

En un informe de 2017, AIReF, bajo la presidencia de Escrivá defiende la aplicación del índice de revalorización de las pensiones (IRP) activado por la reforma de 2013 que atempera la actualización de las pagas para frenar el gasto y aventura la aplicación del mínimo legal del 0,25% hasta 2022 para que la ratio del gasto en pensiones sobre PIB se contraiga.

Sin embargo, y tras el estallido social de 2018, la vuelta al citado mecanismo se ha tornado inviable y los próximos Presupuestos ya recogen una actualización de las pensiones con la media del IPC de los 12 meses del año anterior.

Ya en AIReF el hoy ministro era consciente de que el IRP era un camino de no retorno y descartó las reformas de pensiones unilaterales e impopulares.

Ahora la realidad política, tanto intergubernamental, como la sombra de las urnas, le obliga a aceptar una revalorización de las pensiones vinculada a la inflación pese a que ésta se encuentre marcando máximos de tres décadas.

Modulación sobre la esperanza de vida

También defendía Escrivá en la autoridad fiscalizadora la virtualidad del Factor de Sostenibilidad (FS), un coeficiente que reduciría las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida, unida a las reformas paramétricas de la reforma de 2011, básicamente el retraso de la edad de jubilación, como una vía de contener el gasto, que apuntaba a cinco puntos del PIB en 2050.

Pero en la negociación de la primera parte de la reforma de pensiones de su Ejecutivo, hubo de asumir la derogación del FS y comprometerse a sustituirlo por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con lo que consumó Escrivá el completo carpetazo a la reforma de 2013.

No lo hará por la vía del gasto, sino por la de los ingresos, pese a haber advertido de la necesidad de contener los desembolsos a medio y largo plazo.

Cotizaciones sociales

En abril de 2019, durante un acto celebrado en Palencia por el sindicato UGT, Escrivá evidenció en su presentación elaborada con el equipo de AIReF uno de los problemas que lastran la competitividad de nuestras empresas en el extranjero: las elevadas cotizaciones sociales, cuya sobrecarga cifró en seis puntos sobre la media de la OCDE.

En el citado documento, reseña que «se considera que cualquier modificación no debería implicar un aumento de las cotizaciones sociales, sino únicamente una reconfiguración de las mismas».

Sin embargo, para sustituir el Factor de Sostenibilidad -decaído en la negociación de la reforma en curso con los agentes sociales- por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha propuesto ahora una subida de 0,5 puntos en las cotizaciones para reflotar el maltrecho Fondo de Reserva y sufragar las pensiones del conocido como baby-boom, es decir, la cohorte nacida entre 1958 y 1977 que engrosará el gasto en pensiones desde 2023 hasta 2050, calculándose una nómina de cinco millones de pensionistas adicionales.

La medida recaudará 1.700 millones más al año en cuotas sociales, según cálculos del Ivie que traslada a este diario el profesor de la Universidad de Valencia Enrique Devesa, una cantidad insuficiente para contener las tensiones de la jubilación del baby-boom, cifrada por AIReF en 60.000 millones al año. Ese 2% no basta para suplir el efecto del extinto factor de sostenibilidad, explica a THE OBJECTIVE la profesora de la Universidad de Extremadura y miembro del foro de expertos del Instituto Santalucía Inmaculada Domínguez Fabián.

«El Gobierno ha cambiado la corrección de las pagas en función de la esperanza de vida por la formación no de una hucha, sino de una huchita», indica el profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) Miguel Ángel Bernal, quien añade que pasa a actuar por el lado de los ingresos en vez de acotar el gasto.

Ahorro para la jubilación

Por otra parte, los expertos consultados destacan el hincapié que Escrivá hizo desde AIReF en incentivar los planes de empleo, a los que actualmente no puede acceder la mayoría de trabajadores en nuestro país, cuyo tejido productivo mayoritario son pymes y autónomos. En este sentido se pronuncia el economista Javier Santacruz.

Destaca Santacruz que los cambios en la fiscalidad de los planes individuales previos a la configuración definitiva del superfondo público de pensiones dejan en vilo al menos dos años a los ahorradores, ya que ha bajado de 8.000 euros en 2020 a 2.000 este año y a 1.500 el próximo la reducción en la base imponible del IRPF.

En esa línea incide Domínguez Fabián, identificando un fuerte desincentivo a los planes individuales de ahorro para la jubilación previo a la configuración de un nuevo modelo de planes de empleo y la activación del superfondo público.

Demografía

Otra de las tesis de AIReF bajo la presidencia del actual ministro era la del retraso de la edad de retiro y el aumento de las carreras de cotización. Santacruz explica que si bien se están haciendo por parte del Ministerio serios esfuerzos en penalizar la jubilación anticipada y elevar las carreras de cotización, lo cierto es que no se ha tomado una medida que acerque de forma plausible la edad efectiva de jubilación a la edad legal. «Para postergar la edad efectiva media de retiro a la edad legal, es obligatorio elevar la edad legal de jubilación», sentencia el economista.

Además, las previsiones que en su día publicó AIReF contemplaban una fuerte llegada de inmigración, en torno a los ocho millones, y apremiaban que estos flujos migratorios fueran de alta cualificación para poder reflotar los ingresos por cotizaciones, algo que no sucede. Como explica a THE OBJECTIVE el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, los inmigrantes cotizan un 30% menos de media, no todos los que llegan tienen un empleo y muy pocos de ellos acceden a un puesto de alta cualificación, lo que produce erosión salarial y bajos ingresos por cotizaciones amén de tensionar el mercado de la vivienda si finalmente se produjera ese volumen de llegadas.

Además, destaca Bernal, «en el Gobierno que pretende ser más activo contra la discriminación femenina, no hay ninguna medida que intente compensar la mayor esperanza de vida y la divergencia de salarios y pensiones entre varones y mujeres». Según el Índice global de pensiones del Mercer CFA Institute 2021 la jubilación de las mujeres es un 30% inferior a la de los hombres y AIReF siempre ha aconsejado medidas de reequilibrio del sistema para tornarlo más justo en todos sus parámetros.