China responde ante la ONU por su programa de internamiento de musulmanes

China se someterá este martes a un interrogatorio por parte de miembros de la ONU en relación con su programa de internamiento de musulmanes, cada vez más criticado en todo el mundo. Casi un millón de uigures y miembros de otras etnias chinas de lengua turca están o han estado detenidos en campos de este tipo en Xinjiang, según las estimaciones citadas en agosto por un grupo de expertos de las Naciones Unidas.

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), previsto para los 193 miembros de Naciones Unidas cada cuatro años, China presenta a la ONU en Ginebra un informe sobre la situación de los derechos humanos en su territorio y los cambios acontecidos desde su último informe, de 2013. Todos los países podrán plantear preguntas. Algunas ya fueron publicadas, como las de Estados Unidos: «¿Puede China aclarar el fundamento de la aparente criminalización de prácticas religiosas pacíficas y la justificación de la detención en esos campos de reeducación de Xinjiang, así como las autoridades responsables de esas políticas?».

Washington preguntará también cuál es «el número de personas retenidas contra su voluntad en todos los centros de detención de Xinjiang en los últimos cinco años».

El Reino Unido pedirá información sobre cuándo aplicará Pekín una recomendación de un comité de la ONU para «poner fin a la práctica de detención en instalaciones extrajudiciales». Estados Unidos y Alemania reclaman que la ONU tenga acceso para investigar en Xinjiang y en el Tíbet.

En un primer momento, China negó la existencia de tales centros en Xinjiang, pero tras la publicación de imágenes de satélite y la presencia de documentos oficiales de autoridades locales en internet que mencionaban su existencia, las autoridades hablaron de centros educativos en los que se enseña chino, deporte o bailes folclóricos para atajar el extremismo religioso.

Una investigación de la agencia AFP basado en más de 1.500 documentos públicos accesibles en internet ha revelado que esos centros, 184 de los cuales fueron establecidos en Xinjiang desde 2014, compraron principalmente porras, esposas o aerosoles de gases lacrimógenos.

Los centros deben «enseñar como escuelas, ser gestionados como el ejército y defendidos como prisiones», según uno de los documentos, que citaba al jefe del Partido Comunista Chino en Xinjiang, Chen Quanguo.

Una serie de atentados que Pekín imputó a separatistas o extremistas uigures dejaron cientos de muertos en los últimos años. Las autoridades aseguran que están preocupadas por un auge del islamismo radical en la región, donde la mitad de los cerca de 24 millones de habitantes es de confesión musulmana.

Los activistas uigures en el exilio denuncian que se trata de campos de reeducación política cerrados. Algunos exinternos afirmaron haber sido detenidos por llevar la barba larga, velo o haber enviado felicitaciones por internet en celebraciones musulmanas.