Colau y Puigdemont reclaman por carta a Rajoy y el Rey que negocien el referéndum

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido este viernes una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Rey, Felipe VI, en la que hacen un llamamiento al diálogo que permita la celebración de un referéndum sobre la independencia de la región. Con la convocatoria de la consulta para el 1 de octubre paralizada por el Tribunal Constitucional, los líderes catalanes sostienen en su misiva que la ausencia de diálogo es “incompatible” con la resolución de problemas.

“(Hacemos) un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum”, dice la carta a la que la agencia Reuters ha tenido acceso. “Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”, agrega el texto, también firmado por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Puigdemont y Colau piden diálogo. Diálogo sí, pero dentro de la ley https://t.co/wrWcSjY4nB

— Partido Popular (@PPopular) 15 de septiembre de 2017

En el choque institucional entre el Gobierno de Rajoy y las autoridades catalanas, ambas partes se han reprochado con frecuencia la ausencia de voluntad negociadora, aunque tanto el Ejecutivo central como el Govern han dejado claro que la celebración del referéndum no es negociable. Mientras Rajoy insiste en que el Gobierno no puede negociar una consulta que supondría “la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío”, la mayoría independentista en el Parlamento catalán se muestra dispuesta a debatir la forma de la votación, pero no el fondo.

La misiva, que enumera las distintas propuestas planteadas por el Govern y rechazadas por el Estado español, según los firmantes, se conoce un día después de que miles de personas acudieran en Tarragona al acto de inicio de la campaña del referéndum, que el Gobierno central ya ha dicho que tendrá respuesta en los tribunales.

Entre la batería judicial abierta a petición del Gobierno central contra las decisiones del Parlament y el Govern de convocar el 1-0, que considera anticonstitucionales, la Fiscalía General del Estado dio orden esta semana para citar a declarar a los más de 700 alcaldes catalanes que han dado su apoyo a la consulta secesionista. También han levantado polvareda otras medidas, como la deshabilitación del acceso a dos páginas web con información sobre el referéndum o la orden a los empleados de la empresa pública postal Correos para que avisen a sus superiores de cualquier intento de distribuir papeletas o citaciones electorales.

Complim el nostre compromís: a Barcelona l’#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics

— Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2017

“Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo y diálogo”, añade la carta. “Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o una reacción regresiva insostenible”. La alcaldesa de Barcelona, una de las firmantes de la misiva y cuyo apoyo al proceso se ha considerado clave, dijo este jueves que los ciudadanos de la capital catalana podrán votar en la consulta sin poner en riesgo a la institución ni a los servidores públicos, aunque no dio más detalles de cómo se llevaría a cabo.