La tensión marca el primer aniversario del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC

Colombia celebra este viernes un año del acuerdo de paz que puso fin a la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y lo hace en un momento de tensión. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe del ahora partido de izquierda, Rodrigo Londoño, vuelven al Teatro Colón de Bogotá, donde un año atrás firmaron el acuerdo. Londoño, que sufrió en julio un accidente cerebro-vascular leve que lo obliga a viajar con frecuencia a Cuba, ha pedido a Santos una reunión urgente para tratar los «incumplimientos» que le achaca al Estado en la implementación del acuerdo negociado durante cuatro años en La Habana y que sobrevivió al rechazo en un referendum.

«Vientos de temporal soplan sobre el proceso de paz colombiano y consideramos urgente hallarles salidas razonables», ha alertado Londoño, mejor conocido como Timochenko, en una carta abierta a Santos. Sin el entusiasmo de hace un año, el mandatario y el exjefe guerrillero se han citado en un acto de conmemoración organizado por diversos colectivos sociales.

«Yo dije desde el comienzo que este proceso iba a ser muy difícil, y que seguramente habrán críticas de un lado y del otro», se ha justificado Santos, quien dejará el poder en agosto. Unas declaraciones que llegan en medio de la polarización que genera un acuerdo que para la derecha y otros sectores es demasiado indulgente con una organización que se financió del narcotráfico e incurrió en acciones crueles.

Enredo legislativo

El 15 de agosto, las FARC entregaron a la ONU su último fusil. Casi 7.000 hombres y mujeres dejaron de combatir, y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3.000 por año, se redujeron a 78, de acuerdo con las cifras oficiales.

Tras el desarme avalado por la ONU, las FARC mantuvieron sus siglas de guerra, aunque le dieron un nuevo significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido con el que preparan su estreno electoral en los comicios legislativos y presidenciales de 2018. Pese a su mala imagen en las encuestas (79% de rechazo, según Gallup), el compromiso de La Habana les garantiza 10 curules en el Parlamento, de 268 escaños, por dos períodos de cuatro años.

El acuerdo de 310 páginas prevé, además, reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto.

El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Los legisladores tienen hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida.

Timochenko, que se ha postulado como candidato presidencial, ha denunciado modificaciones esenciales en el pacto, mientras los excombatientes están abandonando las 26 zonas donde se habían concentrado para su reincorporación social y económica, muchos desencantados con el proceso. Al mismo tiempo, unos 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes de la FARC han sido asesinados desde que se firmó la paz.

«El gobierno y el Estado le han incumplido al país. Las FARC hemos dado todo y mucho más de lo que hemos podido», ha alegado Pastor Alape, dirigente de la FARC y exnegociador del acuerdo. Sin embargo, ha matizado: «Aquí no hay más espacios para la guerra».  Y para analistas como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, el acuerdo de paz, si bien no ha significado la paz absoluta, prácticamente sepultó la llamada «violencia política».

La FARC no se va «a devolver a la guerra, y algunos territorios van a estar condenados a vivir nuevos ciclos de violencia«, ha declarado Ávila a la agencia AFP, aludiendo a las zonas donde grupos se disputan el control del narcotráfico, combustible del conflicto.

Colombia es el principal productor y exportador mundial de cocaína. En ese sentido, «estamos condenados a vivir una violencia criminal vía cultivos de coca, vía minería ilegal», ha añadido Ávila. A meses de culminar su mandato, el gobierno de Santos negocia un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce, y persigue a entre 800 y 1.000 disidentes del disuelto grupo marxista.